Para resolver la pandemia se requiere un cambio sustancial de la relación existente entre las autoridades públicas (que, al menos en teoría, se presentan como los representantes de la ciudadanía en cada país), y el mundo empresarial privado, cuyo objetivo es optimizar los ingresos de sus propietarios y gestores. Su objetivo, legítimo en las coordenadas del orden económico actual, entra frecuentemente en conflicto con las necesidades de la población, que exige una respuesta de las autoridades públicas, que repito, defienden su legitimidad, subrayando su representatividad de la ciudadanía y defensa de sus intereses. Y la situación actual, la pandemia, ha mostrado claramente un conflicto de intereses. Los particulares de las empresas productoras de vacunas por un lado y las necesidades de la población tanto nacional como mundial por el otro. La optimización de los intereses de unos -los propietarios y gestores de tales empresas-, está en claro conflicto con los intereses de la mayoría de la población.

Veamos los datos

Desde el estricto criterio comercial, la existencia de la pandemia y la existencia del COVID-19, es lo mejor que le puede pasar a estas empresas, pues garantizan una demanda continua y constante. Como decían los articulistas de la revista The Nation en Estados Unidos, Christopher Morten y Matthew Herder, en un artículo titulado “Big Pharma is a Lie” (28/6/21), La perpetuación de la pandemia es mejor para las empresas productoras de las vacunas que su resolución, y de una manera indirecta, señalan tales autores, así lo ha reconocido un dirigente de una de las mayores productoras de vacunas anti COVID, al subrayar hace unos meses que la compañía veía como una gran oportunidad que el COVID se convirtiera en endemia, lo que aseguraría la continuidad de tal demanda. Ni que decir tiene que los intereses de la gran mayoría de la población están en el polo opuesto, es decir, que se eliminara el COVID-19.

La comercialización de las vacunas son parte del problema y las autoridades públicas no se atreven a cambiarlo

Un gran problema a los dos lados del Atlántico Norte es que hay una gran resistencia en resolver este conflicto de intereses (priorizando el bien común sobre el particular comercial), en gran número de países y muy en especial en la dirección política de la Comisión Europea. En realidad, el enorme déficit hoy existente de vacunas anti COVID a nivel mundial es un claro ejemplo de ello. La estrategia actual seguida por las mayores empresas productoras de vacunas en el mundo occidental, Pfizer-BioNtech, Moderna, Astra Séneca y Johnson y Johnson, es producir vacunas para la población de los países ricos de manera que la mayoría esté vacunada durante este año 2021. Están también vendiendo una minoría de vacunas a los países pobres (donde la mayoría de la población mundial vive), los cuales se podrán atender una vez atendida la población de los países ricos. Es decir, hasta el 2022, 2023 y 2024, no se atenderá masivamente a esta población pobre. El mayor problema de esta estrategia es que no se resolverá el control de la pandemia de esta manera, pues variantes del virus se están produciendo constantemente y nuevas formas pueden aparecer (y están ya apareciendo), que son muy resistentes a las vacunas y que afectarán también a la población de los países ricos. El caso de la variante Delta iniciada en India, es un claro ejemplo de ello. Y habrá otras variantes peores, sin duda.

Hay que priorizar las necesidades públicas

De ahí la enorme urgencia de vacunar a toda la población mundial, lo cual, y en contra de lo que dicen las empresas productoras, sí que se puede, si hay voluntad política y si se anteponen los intereses comunes a los particulares. Sabemos cómo resolverlo, pues ha habido casos anteriores. El más conocido es el del control de la epidemia del SIDA, cuando la industria farmacéutica, basada en los países ricos también acentuó que no podían producirse más medicamentos anti-SIDA de los que ya estaban produciendo, añadiendo también que los países pobres no tenían el conocimiento científico ni técnico para producirlas. El argumento se mostró insostenible, pues, al facilitar su fabricación en muchos países pobres, como la India, entre otros, se pudo generalizar la producción y control del SIDA. Los países pobres, asistidos, pueden fabricar medicamentos, incluso mejores y de elevada complejidad.

Qué debe hacerse

Sabemos pues cómo controlar la pandemia. La evidencia es abrumadora. La solución pasa por: (1) Anular las patentes de la producción de las vacunas COVID, al menos durante el periodo de la pandemia. (2) Compartir el conocimiento guardado como secreto en la patente. (3) Eliminar las restricciones en la exportación de las materias primas necesarias para su producción. (4) Invertir fondos públicos masivamente para crear empresas públicas productoras de las vacunas. (5) Aprovechar muchas empresas farmacéuticas productoras de vacunas que están siendo subutilizadas en países como Israel, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Bangladesh, y que han ofrecido sus servicios. Y (6) invertir masivamente en crear los sistemas de producción y distribución de las vacunas, exigiendo a los sectores industriales mayor sensibilidad y respuesta para productos sociales (como máscaras, ventiladores, sistemas de transporte, etc.). Estas medidas permitirían la vacunación masiva, y que, como varios centros de investigación han señalado, podrían realizarse en cuestión de meses y no de años. La continuación con el sistema actual, que prioriza lo particular sobre lo común, es un suicidio colectivo. Es así de claro.