El respeto y la Justicia

Hay escenas que resultan encantadoras por su ingenuidad. Baudelaire recordaba el escándalo de una prostituta incapaz de ver sin sonrojarse los desnudos de una obra de arte. Era una imagen divertida para aludir a la ingenuidad de algunas personas y al cinismo de algunos escándalos sociales. La soberbia, que es la condición del que se cree superior a los demás, provoca a veces el mismo efecto que la ingenuidad. Un soberbio, sin conciencia de su estado, puede vivir situaciones tan ridículas como una prostituta escandalizada por la amoralidad estética.

Los responsables del Poder Judicial piden respeto. La legitimidad democrática exige respetar las decisiones judiciales. Pero si una institución desea ser respetada, debe observar un comportamiento respetable. Y el malestar generado por las causas que el Tribunal Supremo sigue contra el juez Garzón reúne asuntos de gravedad simbólica e institucional. Algo se ha hecho mal cuando organizaciones de extrema derecha pueden sentar en el banquillo a un juez que intenta investigar los crímenes del franquismo. Sólo el vergonzoso olvido político de la reparación moral de las víctimas de la dictadura (asesinados, torturados, encarcelados y sus familiares), ha permitido llegar a esta situación.

Tampoco podemos olvidar la mala opinión que los ciudadanos tienen de la Justicia. Los ciudadanos no son expertos en leyes, pero viven en la realidad y ven lo que pasa en una sociedad que ha judicializado la política y ha politizado la Justicia. Suelen ser tan bochornosos los tratos partidistas que se dan en cada elección de un órgano judicial, como las inmediatas votaciones en bloque según el origen político de los jueces. Sólo hay unanimidad en los procesos que afectan al orgullo gremial. Por mucho prestigio profesional que se tenga, el partidismo daña la credibilidad del nombramiento. Cuando se trata de jueces estrechamente ligados a los cargos políticos, el daño es mucho mayor. ¡Pobre independencia! Después de la descarada política de nombramientos del PP en las diversas instancias, no basta con que el PSOE diga ahora que no va a hacer lo mismo, porque entonces la Justicia queda escorada de forma preocupante a la derecha. Hay que buscar una solución más profunda.

Los ciudadanos han aprendido a la fuerza que la ley no es un dos y dos son cuatro, sino que permite muchas interpretaciones. Por eso resulta tan raro que irrumpa en este asunto el concepto de prevaricación, que criminaliza las interpretaciones de un juez. Pueden ser erróneas, pero no delictivas, a menos que declaremos delictiva toda interpretación que no se corresponda con las doctrinas movedizas del Tribunal Supremo.

Hemos soportado además el sectarismo de las asociaciones judiciales y la imprudencia de alguna personalidad que se vanagloria de conseguir para los suyos muchos cargos. Creo que sólo la soberbia ha hecho posible, a la hora de pasar factura a Garzón por antiguas o recientes ofensas profesionales, que no se meditara el escándalo internacional y el desprestigio que significa para la Justicia española un procesamiento de este tipo. Si a los jueces conservadores se suman dos o tres jueces progresistas ofendidos, llegamos al disparate histórico de no tener en cuenta lo que supone en la realidad el dolor de las víctimas de una dictadura.

Los españoles saben que la teoría jurídica internacional más renovadora está defendiendo la justicia de los derechos humanos en una ciudadanía global. Ayudó poco al prestigio de nuestro sistema la reciente triquiñuela parlamentaria del PP y el PSOE para recortar el compromiso español en la persecución internacional de los genocidios.

Hay otros asuntos. Hemos reformado más de 20 veces el Código Penal, siempre en nombre del endurecimiento de las penas. Estoy convencido de que eso afecta también al crédito de los jueces, y no por el rencor de los condenados, sino porque la sociedad que entra en esa dinámica, abandonando el ideal democrático de la reinserción, nunca tiene bastante y piensa que cualquier delito es culpa de un juez sin mano dura que deja en la calle al delincuente.

Los jueces piden respeto. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir una Justicia respetable. Pero como no cambien mucho las cosas, seguiremos acordándonos de la amiga de Baudelaire.