Alfonso Egea de Haro

Profesor de Ciencia Política

La deriva tecnocrática de algunos gobiernos nacionales no es extraña al propio modelo de construcción europea. La UE ha ido evolucionando a partir de una burocracia técnica asentada en órganos como la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia, instituciones que se han encargado de impulsar y defender un modelo económico de libre mercado relegando las materias sociales y las políticas de corrección de las deficiencias del mercado a los estados nacionales. La propuesta del Gobierno alemán acerca de una reforma limitada de los tratados va en esta línea y supone que el Tribunal de Justicia europeo vigile el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se pasaría así a que una institución, independiente de las mayorías parlamentarias, controlara la validez de los presupuestos nacionales aprobados por las cámaras representativas de la voluntad popular.

Esta deriva tecnocrática no es por tanto ni nueva ni coyuntural, sino que responde a un proceso de fortalecimiento del poder ejecutivo en detrimento del legislativo. Un proceso impulsado por la patrimonialización de las asambleas representativas por un número cada vez más reducido de partidos políticos y la sustitución del debate político por axiomas irrefutables, fundamentalmente en aquellas políticas sobre las que se construye el libre mercado, la política económica y la acción exterior. Se trata de una reforma del equilibrio institucional excluyendo políticas, no ya del control, sino incluso del debate parlamentario.

Con estas premisas, la insistencia en que los problemas actuales se resuelven con un gobierno europeo de la economía no resulta del todo convincente. Aunque sea imposible de demostrar, sería difícil imaginar que un hipotético gobierno europeo de la economía hubiera podido desarrollar políticas distintas a las que dictan los tecnócratas, sean del país que sean. También sería difícil de imaginar que ese hipotético gobierno propusiera un cambio en las condiciones del Pacto de Estabilidad a fin de cumplir, por ejemplo, con los objetivos en política social de la Agenda 2020. Y es difícil de imaginar por el retroceso que, lentamente, pero sin pausa, sufre el parlamentarismo tanto en el plano nacional como en el europeo.