Pablo Carmona Pascual (@pblcarmona)

Concejal en el Ayuntamiento de Madrid

En octubre de 2015 se daba a conocer el estudio denominado “Segregación socio-económica en las capitales europeas”. Esta investigación comparativa de las principales capitales del continente arrojaba un dato impactante, Madrid era la capital más segregada de Europa y la segunda con mayor desigualdad.

Dos años después, los datos de vulnerabilidad del propio Ayuntamiento de Madrid seguían corroborando esta brecha. Según estos estudios, el grado de vulnerabilidad entre los distritos del sur y aquellos con mayor renta de la capital se situaba en 20 puntos a favor del norte. Mientras que si la comparación se hacía entre los barrios más ricos y aquellos con menor renta, la diferencia se disparaba hasta los 26 puntos.

En demasiadas ocasiones no se ha querido ver, pero Madrid está rota socialmente, como capital y como región metropolitana. Así lo demuestran los datos de UNICEF que en febrero de 2018 advirtió que la Comunidad de Madrid era la que mayor desigualdad infantil padecía de toda España, un dato que corroboraba las diferencias de renta que existen entre los pueblos y ciudades de nuestra Comunidad, con tasas de desempleo que superan el 10% y hasta del 15% de diferencia entre los municipios del norte de la región y aquellos que se sitúan al sur.

Ahora Madrid y el derecho a la ciudad

Durante muchas décadas, la lucha contra las desigualdades territoriales y sociales en Madrid han sido centro de la agenda política de nuestra ciudad. En ese contexto, los movimientos vecinales nacidos a finales de la década de los sesenta, los movimientos ecologistas y de defensa del territorio, los centros sociales de barrio o los movimientos de vivienda como la PAH han sido la expresión directa de las reivindicaciones que demandaban que Madrid garantizase los mismos derechos a todos sus vecinos y vecinas.

También es importante recordar que el programa con el que concurrió Ahora Madrid a las elecciones de 2015 fue el fruto directo de estas luchas, de su programa político y del empuje de estos movimientos que tuvieron en el 15M un momento de explosión multitudinaria. La cohesión social, el reequilibrio territorial y el derecho a la vivienda fueron un mandato claro de nuestro programa. En definitiva, se trataba de luchar contra la secular segregación de nuestra ciudad y garantizar los derechos más básicos.

Esto es, se trataba de invertir la lógica heredada de gobiernos anteriores y actuar en favor de los distritos más dañados socialmente con programas de vivienda, rehabilitación y nuevas infraestructuras. Sin embargo, nuestro programa explicitaba también que –para hacer efectivo este proceso de reequilibrio-, se debían auditar y eliminar todos los macroproyectos especulativos que quedaban encima de la mesa, básicamente dejar de apoyar las operaciones abiertas en el centro de la ciudad: Canalejas, TPA, Cocheras de Cuatro Caminos y también aquellas destinadas a crear una nueva centralidad al norte de nuestra ciudad: La Operación Chamartín.

Pero por desgracia, el núcleo duro del gobierno de Carmena no ha querido aplicar este programa y frenar así la consolidación del norte de la ciudad como el espacio privilegiado de residencia y negocios para las rentas altas de la ciudad. Así lo demuestran la aprobación de las operaciones residenciales de Cuatro Caminos y Raimundo Fernández Villaverde y, en dimensiones mucho más grandes, de la Operación Chamartín.

Todo ello en detrimento de la gran apuesta de nuestro programa, la inversión con fines de reequilibrio territorial. De nuevo se han impuesto las dinámicas financieras que intervienen en los grandes procesos de turistización y terciarización del centro y también aquellas que buscan en el negocio residencial y de oficinas en el norte de la ciudad altas tasas de beneficio.

De nuevo se instala en el gobierno -esta vez en un gobierno del cambio-, la lógica de confiar la economía de nuestra ciudad a las dinámicas de inversión financiera basadas en la especulación sobre el suelo y la industria del ladrillo. Por desgracia, el núcleo duro del gobierno no ha entendido que reequilibrar una ciudad rota y poner la alfombra roja a la especulación son dos hechos absolutamente antagónicos

La Operación Chamartín como síntoma

Ya está aquí Madrid Nuevo Norte. En primer plano y como cortina de humo, algo más de 2.000 viviendas con algún tipo de protección y enormes zonas verdes construidas sobre una losa de hormigón. Sin embargo, detrás de los parabienes oficiales, nos encontramos con una operación financiera privada hecha sobre terreno público y que se concreta en 26 rascacielos similares a las populares cuatro torres de Mordor y en más de 8.000 viviendas de alto nivel. Un nuevo desarrollo que conllevará un aumento del 23% del tráfico de la zona y más de medio millón de nuevos desplazamientos.

La realidad es que los cálculos económicos sobre el beneficio privado que produce este pelotazo con terrenos públicos y sus consecuencias en términos sociales, de movilidad y medioambientales no han sido ni siquiera estudiados con seriedad por sus impulsores institucionales, simplemente un signo más de su irresponsabilidad. Sin embargo, en las cotizaciones en bolsa, el sector privado ya ha echado números y las acciones de las empresas implicadas suben a día de hoy como la espuma.

Pero quizás lo más grave de la operación es que incide en los mismos errores que nos llevaron al desastre en el pasado. Por un lado, porque eleva a la enésima potencia la centralidad del norte de Madrid frente al sur, con toda la inversión y gasto público que eso determina, para empezar más de 300 millones en la urbanización del terreno y otros 110 millones en inversiones dentro del nudo norte. Datos que abundan en la ruptura norte-sur de la ciudad, pero también del conjunto de la región. Un norte cada vez más rico y un sur cada vez más pobre y precario separados por una almendra central configurada como parque temático y donde toda inversión pública, como demuestra el proyecto de Plaza España, se enfoca al turismo.

De hecho, en estos días se empiezan a conocer las cifras iniciales de gasto municipal que van a suponer este tipo de operaciones. Sólo la remodelación de Plaza España se llevará la ostentosa cantidad de 98,6 millones de euros, un gasto equivalente a todo el Fondo de reequilibrio territorial del que dispuso la ciudad de Madrid en 2016 y 2017. Si a esto le sumamos los más de 410 millones iniciales que costará al Ayuntamiento la Operación Chamartín, tendremos una ecuación que empieza a no cuadrar. De nuevo el centro y el norte de la ciudad se llevan las inversiones que no llegarán al sur, de nuevo se confía en la receta especulativa que promete riqueza y solo nos devuelve crisis y precariedad.

Hoy 20 de septiembre de 2018, se aprueba inicialmente la Operación Chamartín. Curiosamente en torno a la mesa que dará el visto bueno a esta macro-operación especulativa ya no estarán presentes sus precursores políticos del Partido Popular, sino algunas de las cabezas visibles de los movimientos sociales que más lucharon y luchan contra la especulación en Madrid. Tristemente muchos de quienes se comprometieron a auditar y paralizar este proyecto, hoy le dan luz verde. Justo cuando el Banco Central Europeo advierte de que la próxima crisis tendrá su epicentro en el mercado inmobiliario y cuando se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers, parece que no hemos aprendido nada.