Del acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos se ha dicho casi todo: que trasciende lo presupuestario y supone un pacto de legislatura; que formaliza de manera definitiva la existencia de dos bloques, izquierda y derecha, en una nueva y sublimada versión de un bipartidismo a cuatro; y hasta que constituye un manifiesto electoral para Pedro Sánchez, que lanzaría a los votantes de Podemos el mensaje de que el socialismo está de vuelta, y también para Pablo Iglesias, que lograría sacudirse los sambenitos y se presentaría no sólo como un socio fiable sino también como un partido de Gobierno.

En lo que se ha hecho poco hincapié, sin embargo, es en la evidencia de que revertir buena parte de los recortes sociales y devolver derechos a la ciudadanía tiene un coste modesto –en torno a 6.000 millones que se compensarían con ingresos impositivos por una cantidad equivalente- y en que es posible dar un portazo a la austeridad sin que se caiga la pared y el edificio se venga abajo. Es por ello que profecías como la del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, de que en unos años estaremos pasando hambre como en Venezuela no puedan considerarse ridículas sino lo guisante, dicho sea en plan disléxico que es como mejor se entiende.

Establecer un salario mínimo que ya roza la dignidad, garantizar el poder adquisitivo a los pensionistas, recuperar el subsidio de desempleo a los parados mayores de 52 años, aumentar la partida dedicada a los dependientes y facilitar la cotización de sus cuidadores o equiparar los permisos de maternidad y paternidad, por poner algunos ejemplos, no era tan caro, y sobre todo, era justo.

Y era justo que para hacerlo posible suban los impuestos de los que más tienen y que las grandes empresas se retraten de una vez por todas ante Hacienda y no eludan sus obligaciones fiscales tras un cascada de deducciones y bonificaciones. Lo inmoral era impedir que el crecimiento llegue a los más desfavorecidos en uno de los países que menos recauda en relación a su riqueza y en el que el gasto público sobre el PIB está a seis puntos de la media de sus socios europeos. Ni este año ni con estas cuentas haremos la revolución pese a los vaticinios.

Entra dentro de lo razonable que la derecha haya recibido de uñas el acuerdo, no ya porque “tumbarán a España”, como decía Casado, o porque “podemizan la economía según Rivera, sino porque aleja definitivamente el horizonte electoral, siempre y cuando consiga el apoyo del independentismo catalán, que a día de hoy parece enrocado en vincular su plácet a la situación de los presos y a la negociación sobre un referéndum de autodeterminación. Que las fuerzas soberanistas obraran finalmente como el brazo armado de PP y C’s no dejaría de resultar irónico.

Aunque nada de lo humano ha de resultarnos extraño, convencer a ERC y al PDeCAT de que no traten de mezclar el agua y aceite sería rarísimo, por mucho que los nuevos Presupuestos destinen 2.200 millones a Catalunya o que ya se haya avanzado la intención de revertir el decreto que facilitó la salida del territorio de miles de empresas con motivo de la aplicación del artículo 155. La esperanza, en cualquier caso, es muy estimulante aunque sus resacones sean demoledores. ¿Acaso el propio Rivera no sostenía parafraseando al tarambana de Paulo Coelho que lo imposible era sólo una opinión?

Habrá que confiar en que Bruselas dé luz verde al proyecto de Presupuestos –que lo hará, sobre todo ahora que vive pendiente de Italia- y que algún cerebro superior al de Iván Redondo imagine una fórmula para que alguna de las partes recule dando un paso al frente. Salir de la austeridad es barato siempre que exista la voluntad de ir de compras.