¿Podemos superar nuestro pasado si ni siquiera lo conocemos bien? Consultar archivos históricos en España, sobre todo si se trata de documentos clasificados, es una tortura diaria para cientos de historiadores e investigadores que se topan una y otra vez con una legislación restrictiva y confusa, una aplicación discutible de las leyes y unas prácticas que dificultan el ejercicio de su profesión. A esas barreras hay que añadir la tendencia de los diferentes gobiernos a proteger masivamente documentos como secretos de Estado y que aquí no están expuestos, como en otros países, a la publicación obligada después de un periodo concreto.

Texto: David Losa.

El pasado 28 de marzo, el Gobierno sueco reconocía a través del llamado “Libro Blanco” haber cometido atrocidades contra los gitanos durante el siglo XX. Obligó a miles de madres de esta etnia a abortar o esterilizarse, dentro de una política de ‘depuración racial’ que se extendió hasta 1974. El informe, publicado por el Gobierno actual, de signo conservador, es una amplia investigación en la que se mezclan testimonios de víctimas con documentos secretos que aún no habían visto la luz. Frente a las miserias humanas, la verdad como única forma de evolucionar.

De otro lado, el (mal) ejemplo de Francia. Consciente de los sangrientos detalles que se esconden tras los documentos clasificados de la Guerra de Argelia (1954-1962), el Ejecutivo galo decidió prorrogar otros 25 años su secretismo cuando se cumplían 50 años de la finalización del conflicto, mediante un decreto legislativo. Y aunque pocos pongan en duda que la masacre perpetrada por el ejército francés en el país norteafricano fue uno de los capítulos más terroríficos del siglo XX, la desclasificación de la verdad, un reconocimiento oficial del horror y el consiguiente perdón hubiesen supuesto grandes pasos para la reparación moral de millones de personas.

No hay que irse fuera de nuestras fronteras para hablar de falta de transparencia con el pasado. En España, historiadores e investigadores llevan años clamando contra unas leyes que parecen diseñadas para entorpecer su trabajo. “El hecho de que, comparativamente con otros países democráticos, todavía estemos muy atrás en materia de acceso a la información pública tiene que ver con la poca experiencia democrática que hemos tenido, con 40 años de dictadura y con que el tránsito a la democracia --no viniera acompañado de un cambio en las estructuras administrativas y del Estado–. Además, el ciudadano aquí no tiene cultura de reclamar información, pesa mucho la tradición del Estado absolutista”, explica Carlos Sanz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

Barreras de la Ley

La maraña legal que inmoviliza los archivos con documentación histórica queda bien resumida por el propio Carlos Sanz y su colega Antonio Niño en el artículo Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado, publicado en la revista Cuadernos de Historia Contemporánea en 2012. Sin entrar al detalle en la farragosa legislación, baste destacar que, según los autores del artículo, el derecho a consultar documentos históricos en España, lejos de avanzar en el sentido de la trasparencia, ha ido convirtiendo el material archivado en un terreno vedado.

A normas bienintencionadas como la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que apostaba por el libre acceso a los fondos de los archivos que custodiaran información histórica, o la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se han sobrepuesto limitaciones casi infranqueables como la Ley Orgánica 15/1992 de Protección de Datos de Carácter Personal y sus desarrollos posteriores, que someten la consulta de archivos históricos a una hipotética vulneración al honor personal de quienes aparecen en estos legajos. Basta con que haya datos meramente biográficos de una persona para que ese archivo no se pueda consultar.

“Se aplican normas en ámbitos para los que no estaban dirigidas, como la utilización de leyes de protección de datos en la regulación de archivos históricos, sin considerar que estos tienen su propia legislación, y sin atender a las excepciones que la propia Ley establece en beneficio de la investigación histórica y científica”, lamenta Sanz.

Más reciente es el Real Decreto 1708 de noviembre de 2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Aunque nació con el propósito de resolver el problema de esa difícil compatibilidad en el ámbito de los archivos públicos, en la práctica empeora las demandas de los historiadores, ya que deja al arbitrio de los archiveros la decisión sobre el acceso a los documentos, con un agravante: ante la posibilidad de ser penalizados por otorgar un permiso de forma indebida el funcionario de turno suele optar por cubrirse las espaldas y aplicar la regla más restrictiva.

Un ejemplo recurrente sobre este asunto es el del sumario del 23-F, un debate candente año tras año que podría dejar de serlo si se tuviera ya acceso al sumario completo del caso. Pero según la interpretación del Tribunal Supremo, aquí cabe aplicar la Ley de Patrimonio Histórico, que dice que la información está limitada si los documentos contienen “datos personales de carácter procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, intimidad…”, estableciendo unos límites de 25 años desde el fallecimiento de los afectados o 50 años desde la creación de los documentos. En este caso, al haber aún tres militares procesados con vida, nadie podrá acceder al sumario hasta 2031.

Pero aparte del material judicial habría otros papeles fundamentales para saber qué pasó realmente aquel 23 de febrero de 1981: “informes que pudieran estar en presidencia del Gobierno, documentos militares o comunicaciones diplomáticas, aunque esto último, con la clasificación como secreto de toda la documentación diplomática que se hizo desde Exteriores en 2011, ya no será posible”, afirma Sanz. El historiador se refiere al “Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación” aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 por iniciativa del entonces responsable de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, y por el que se blindaba la práctica totalidad de la documentación diplomática pasada, presente y futura.

Lo más sorprendente es que, como revelan Sanz y Niño en su trabajo: “esta medida no se publicó en el BOE. Según afirmó posteriormente el titular de Exteriores, el acuerdo mismo era secreto y tuvo que ser desclasificado por el Consejo de Ministros para poder ser comunicado cuando fue reclamado por uno de los firmantes de este artículo”.

Transparencia, con reservas

En España, la Ley de Secretos Oficiales data de 1968, aunque fue modificada en 1978 para adecuarla a la Constitución, y excluye del derecho ciudadano de acceder a los archivos “todo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado”. De hecho, el Real Decreto del Sistema Español de Archivos de 2011 es claro: “Los documentos clasificados de conformidad con lo previsto en la normativa sobre secretos oficiales del Estado estarán excluidos de la consulta pública, sin que pueda concederse autorización para el acceso en tanto no recaiga una decisión de desclasificación por el órgano competente para realizarla”. Solo el Gobierno de turno tiene potestad para desclasificar documentos y, desde la llegada de la democracia, ninguno ha tenido a bien hacerlo, salvo en casos puntuales.

Con Carme Chacón en el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado elaboró un listado con todos los documentos clasificados por la dictadura franquista como secretos entre 1936 y 1968 cuya difusión no planteaba ya riesgos para la seguridad nacional. Un catálogo de más de 10.000 legajos que estaban a punto de suponer la mayor desclasificación de nuestro país, pero no hubo tiempo. Abierto el proceso electoral de 2011, el Gobierno en funciones desestimó aprobar un asunto de ese calado y, el sucesor de Chacón en Defensa, el popular Pedro Morenés, decidió paralizar la medida porque “no era prioritario” y, “requería un extraordinario trabajo”. Según Carlos Sanz, “el trabajo estaba totalmente terminado y se había elevado a la comisión de subsecretarios, por lo que solo faltaba que lo aprobasen”.

La llegada del PP al Gobierno sí supuso la aprobación de la ansiada Ley de Transparencia, a finales de 2013, aunque, de nuevo, no haya traído un gran avance en los asuntos que nos ocupan. “Hasta dentro de unos meses no sabremos realmente las consecuencias, pero es una Ley pensada para dar más acceso a la información viva, no a la documentación histórica. De hecho, soy pesimista, porque prevé muchas más sanciones para los funcionarios que dejen ver información de forma indebida que para los que denieguen el derecho de acceso”, aclara el historiador.

En cuanto a los secretos de Estado, la nueva Ley de Transparencia tampoco aporta nada nuevo. Los secretos de Estado siguen estando al arbitrio de una decisión gubernamental. Victoria Anderica, coordinadora de campañas y de proyectos en Access Info Europe, organización que lucha para el acceso a la información pública, cree que: “aunque puede ser legítimo limitar el acceso a la información en base a unos intereses colectivos concretos, ninguna información puede ser secreta para siempre. Todo tiene que estar, antes o después, bajo el escrutinio público”.

Así es en Estados Unidos, donde los documentos clasificados pasan a ser públicos a los 25 años, salvo si se dan ciertas premisas. Pero en cualquier caso, ningún documento, sea cual sea su contenido, puede estar bajo secreto de Estado más de 50 años”. Para Anderica, “es fundamental que los ciudadanos conozcan todo lo que ha ocurrido para poder hacer balance en su historia”.

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