En vísperas de que se inaugure el próximo lunes 3 la XIV Legislatura, donde se espera con interés el discurso de Felipe VI, PSOE y ERC han chocado sobre si aplazar o continuar con el Mesa de Diálogo tras la anunciada convocatoria de elecciones catalanas. Tras la primera decisión de los dirigentes socialistas, aplazándola hasta después de las urnas, llegó la rectificación de la Moncloa tras la dura denuncia de los republicanos. La firme apuesta por la vía política para encauzar la cuestión catalana, de la que depende la supervivencia del gobierno Sánchez, vuelve a ser el eje de la coyuntura política. O Esquerra Republicana vota una segunda investidura de facto, votando los Presupuestos del Estado, o el PSOE volverá a encontrarse mañana sin una suficiente mayoría para poder continuar en la Moncloa sin que de nada haya servido la primera investidura. Sin fumata catalana, se acaba la XIV Legislatura.

Nadie sabe mejor que el propio Pedro Sánchez que es mucho más frágil que ayer, pero menos que mañana. Así devalúa su visita a Quim Torra para no escuchar el ultimátum del presidente de la Generalitat sobre el derecho de autodeterminación y se mueve en un mar de contradicciones sobre si es conveniente sentarse hoy en una mesa sujeta a los fuertes vaivenes de la competencia soberanista entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana que han sido resueltas por la firme decisión de los republicanos. Lógico en ERC después de llevar negociando con el socialismo desde noviembre. No sentarse sería un tanto a favor de quienes, como Torra, han sido siempre contrarios a la negociación con Pedro Sänchez.

Por ello es mucho más incierto, complicado y arriesgado el próximo debate sobre los Presupuestos del Estado. Vuelve Pedro Sánchez a tener presente el escenario de enero de 2018 en que el voto contrario de los republicanos le obligó a la convocatoria electoral cuando no llevaba en la Moncloa más que un semestre. La simultaneidad del debate electoral catalán y presupuestario español es lo menos indicado para las cuentas del Estado y no digamos sobre su votación final. Ya lo intuía Sánchez cuando señalaba hace unos días incluso el mes de septiembre para discutir sobre lo elaborado desde otoño de 2018. Sin acuerdo sobre los Presupuestos Políticos, a aprobar en la Mesa de Diálogo, no cabe ningún sí de ERC a los Presupuestos.

La clave está en la fecha de las elecciones catalanas que aún no han sido convocadas por Torra. En ellas Sánchez jugará la carta del tripartito en el gobierno catalán formado por PSC, ERC y los Comunes en espera de que los republicanos se avengan al juego. Si es así, lo que hoy es muy dudoso por mucho que los sondeos señalen una enorme ventaja de ERC sobre Junts per Catalunya, la segunda investidura de Pedro Sánchez se habrá salvado si a continuación en la Mesa de Diálogo pacta con los republicanos un programa basado en las reivindicaciones catalanas. Es decir, si vence Junts per Catalunya no habrá segunda investidura; si vence ERC tampoco puede dar por seguro que vuelva a ser investido.

Calendario político y electoral al que hay que sumar la agenda del Consejo General del Poder Judicial. Desde la ratificación de la inhabilitación de Torra, que podría alargar hasta dos meses la convocatoria electoral, a las multas o embargos del Tribunal de Cuenta a todos los condenados por sedición en el Tribunal Supremo, o también el Tribunal Constitucional pidiendo a la Fiscalía que se procese a Roger Torrent por desobediencia, los togados no van a soltar sus puñetas judiciales sobre el soberanismo catalán. Hay aún suficiente campo penal para que los muy expertos leguleyos de la derecha, que hoy dirigen la oposición, vuelvan a arremangarse a la hora de judicializar todavía más la cuestión catalana.

La aritmética electoral es clara. Sánchez dependió de ERC en la primera investidura de iure y vuelve a depender de ERC en la segunda investidura de facto tanto como González dependió de CiU. Su gran problema es que Oriol Junqueras no es Jordi Pujol, ni tampoco ERC es Convergencia, por mucho que en la Moncloa algunos deseen creerlo. Ni tampoco se puede resolver, como proponen algunos, con una quinta vicepresidencia territorial para Rufián. Comprar el voto convergente era fácil desde que los jueces no empuraron en 1985 a ningún responsable de Banca Catalana, conseguir el voto republicano es muchísimo más complicado porque su precio, aunque muy moderado, es lo suficientemente político para sublevar al poder togado de la derecha. O sea, estamos a 31 de enero como a 11 de noviembre.