Sostener públicamente que cuatro caraduras montaron una trama para aprovecharse del Partido Popular, sometido ahora a una supuesta persecución política, es un insulto a la inteligencia. Nada menos que 18 cargos del PP han recibido, en dinero blanco o negro o en especie, 6,3 millones de euros, cantidad con la que se pueden comprar 25 Ferraris último modelo o 32 pisos de 200.000 euros, eso depende de las necesidades o caprichos de cada cual. Lo importante de verdad, lo que conviene que nadie olvide, es que ese dinero pertenece a todos los contribuyentes. No sale de la perspicacia financiera de Don Vito Correa ni de un hortera del calibre de El Bigotes. Ni siquiera sale de afortunadas inversiones en arte del ex tesorero y todavía senador Luis Bárcenas o de la aguda visión comercial de consejeros, alcaldes y concejales del PP. Las pruebas de esos sobornos que figuran en el sumario del caso Gürtel son contundentes, como lo son también las que llevan a la conclusión de que el PP se ha financiado ilegalmente al menos en tres comunidades autónomas. Obviamente con mucho más dinero, que también sale de las arcas públicas. Dicho de otro modo: de los impuestos que pagamos entre todos. De esos mismos impuestos cuya subida califica Mariano Rajoy de catástrofe absoluta para el futuro de España.

Los dirigentes del PP tienen perfecto derecho a engañarse a sí mismos con la estrategia de culpar siempre al prójimo de sus propios males. Pero no a ofender al ciudadano al que se ha robado descaradamente.