Si las rectificaciones son ejemplos de sabiduría, el Gobierno parece empeñado en sorprendernos con demostraciones periódicas de su erudición enciclopédica. La última lección magistral ha consistido en dar el visto bueno a un sindicato de meretrices, publicar su inscripción en el BOE y anunciar después que la Abogacía del Estado impugnará sus estatutos porque un Ejecutivo feminista y socialista no puede avalar una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. Según la ministra Magdalena Valerio, este curso acelerado de cómo hacer el ridículo ha sido un “gol por la escuadra”, probablemente de chilena, que le ha producido mucho tormento y enorme sofoco.

El asunto no debería zanjarse como un simple error, ya que de ser así el yerro ha sido múltiple. Lo primero que debería explicarse es cómo la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, puso su firma a la inscripción definitiva después de pedir a los promotores de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) que subsanaran algunos defectos formales en la tramitación. Tan inexplicable como que Pascual no advirtiera la naturaleza de un sindicato cuya denominación es bastante elocuente o que considerara un simple acto administrativo este torpedo a los principios feministas del Ejecutivo, es que todavía siga en su puesto.

El segundo misterio que alguien tendría que aclarar es cómo una directora general puede enviar al BOE lo que le venga en gana sin recibir el plácet de la ministra, y sin que su resolución haya sido visada por los responsables de Igualdad que, en teoría o así se nos dijo, están encargados de monitorear todas las acciones del Gobierno para que el machismo, que es como el diablo, no se esconda en los detalles.

Lo tercero, y aún más importante, es que el Consejo de Ministras no haya considerado prioritario en sus primeras medidas acabar con la “esclavitud más antigua y grande de la historia”, dicho sea en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Es una verdad a medias que la prostitución no sea legal en España ya que tampoco es ilegal y se mueve en un limbo jurídico. Los tribunales castigan el proxenetismo pero sólo cuando se obliga a las mujeres a prostituirse y se sanciona el consumo únicamente si se solicita o se ejecuta en determinados lugares públicos.

Esa es la razón de que existan cerca de 1.500 burdeles y de que sus propietarios hayan podido constituir sin mayores problemas una asociación que ejerce funciones de patronal del sexo. Ese tipo de proxenetismo, el de los locales de alterne y el de innumerables pisos de citas, está consentido aunque las mujeres sufran allí la misma explotación a la que les sometería el chulo de la esquina. Si es posible sacar a la momia de Franco de su mastaba también debería serlo penalizar todos los negocios relacionados con la prostitución, ya sean éstos ejercidos de manera forzada o disfrazados de una relación laboral y, por supuesto, castigar con prisión a los clientes.

Si, como parece, el Gobierno es partidario de la tesis abolicionista, puesta en práctica en varios países nórdicos, no es admisible la demora en ponerse manos a la obra. La solución sueca –castigar al cliente con multas y pena de cárcel- ha asestado un duro golpe a la trata, ha hecho desaparecer la prostitución en la calle y ha reducido drásticamente la explotación encubierta. Francia ha seguido recientemente este camino frente a la corriente legalista que considera la prostitución un trabajo que ha de regularse y que se mantiene en Holanda, Dinamarca o Alemania, focos de atracción del turismo sexual en Europa.

Considerar a las prostitutas como víctimas, entender que su actividad supone una vulneración de los derechos humanos y una forma de dominación, y culpabilizar a proxenetas y clientes no es suficiente. No basta con retocar el Código Penal. Se requieren ayudas y soluciones vitales para alejar a las mujeres de ese entorno. A eso y a buscar una nueva directora general de Trabajo es a lo que tendría que dedicarse el Gobierno, a ver si a la ministra Valerio se le pasa el disgusto y acaba ganando el partido.