Javier Aristu

En 1997, hace ya casi dos décadas, Bruno Trentin, uno de los grandes nombres del sindicalismo de postguerra, manifestaba su descontento por el abandono o alejamiento de la izquierda —en este caso la italiana— respecto del compromiso con “las grandes cuestiones que, originariamente, justificaban su existencia: la emancipación del trabajo y la transformación de la sociedad civil” (La ciudad del trabajo, Fundación 1 de mayo, pág. 35). Trentin manifestaba, además, su asombro ante la inconsciencia o despego con que esa izquierda manifestaba su ceguera ante la transformación que ya en los años noventa del pasado siglo se estaba desarrollando a toda máquina en el interior de “los procesos productivos, la organización del trabajo subordinado, la composición de la clase trabajadora y las estructuras de los mercados laborales” en el mundo occidental y más allá. Venía a concluir que la izquierda y sus intelectuales orgánicos estaban buscando sus referentes políticos y sociales “fuera de la sociedad civil y fuera del trabajo subordinado”, fuentes de donde habían tomado su inspiración.

Pienso que esta descripción se puede aplicar sin ningún tipo de duda al ejemplo español. El abismo que existe entre izquierda política y universo del trabajo es escandaloso; es posible que casi siempre, con excepciones puntuales, y sobre todo tras la Transición política, haya existido esa quiebra, esa distancia, esa dificultad para que la izquierda política española capte y lea los procesos de fondo que, la mayor parte de las veces, comienzan en los procesos productivos, en las transformaciones en la relación capital-trabajo. Nos llevaría más tiempo y espacio del que disponemos en este artículo comprobar con datos cómo parte de la historia de nuestra izquierda, con sus éxitos electorales y sus derrotas, es la historia de una incomprensión: la existente entre la elite política y la cuestión del trabajo. Nuestra elite política —llámese socialdemócrata, comunista o izquierdista— ha primado en su relato político la reforma del Estado, los aspectos institucionales políticos (lo que antes llamaríamos aparatos ideológicos de estado) frente al propio y sustancial conflicto social que, por norma general, se expresa a través de las luchas reivindicativas del mundo del trabajo. No es que el primero no sea importante ni decisivo, que lo es; ocurre que el segundo —siendo desde mi punto de vista más decisivo aún— siempre ha estado minusvalorado, incomprendido, oculto a los detectores de las cúpulas de esos partidos de izquierda. Trentin titulaba el tercer capítulo de su libro “¿Cambiar el trabajo y la vida o conquistar antes el poder? Parece claro que en España se optó por lo segundo…solo que en vez del poder se trataba del gobierno. A lo mejor porque no pretendieron cambiar el trabajo ni la vida.

Escritas estas líneas anteriores, leemos en la prensa que el PSOE anuncia que, si gana las próximas elecciones generales, propondrá, tras negociar con sindicatos y patronal, una reforma del actual estatuto de los Trabajadores y afirmando que "hay que acabar con la política de devaluación salarial y fortalecer a las organizaciones sindicales y empresariales y la negociación colectiva". Es un anuncio interesante y que indica que, a pesar de todo, el proceso social termina por afectar al proceso político. En otra vertiente repasamos el Borrador de Principios Políticos de Podemos y comprobamos la ausencia absoluta de cualquier referencia a los cambios y mutaciones que se están produciendo en el sistema productivo español y, en consecuencia, a las transformaciones en los mercados laborales y en las legislaciones sociales: un cierto desprecio académico hacia “lo social” considerado como simple “factor movimientista” primando, por encima de todo, el factor electoral y la ocupación del espacio electoral.

Es evidente que los resultados del 25M muestran en un espejo, esta vez ya sin el vaho que hacía borroso el paisaje, lo que se venía gestando desde años antes: un general descontento con los que gobiernan y con los que hacen oposición; un rechazo a la manera de llevar los asuntos públicos; un grito contra la corrupción; y muchas cosas más. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que debajo de dicha protesta y rebeldía cívica no subsiste un factor relacionado con las condiciones y consecuencias con que se está desarrollando la reestructuración productiva española (y europea). Tras esos jóvenes urbanos airados que han votado a Podemos, a Compromìs o a IU —y que posiblemente antes se abstuvieron o votaron al PSOE— fluye un consistente y decisivo proceso social que afecta a la manera de producir, a la forma de contratación laboral, a la “precariedad permanente”, a la reestructuración de métodos de gestión y producción en las empresas, a la ineficiencia con que se estableció la relación formación-universidad-empleo, etc., en definitiva, a todo eso que viene en llamarse “el mundo del trabajo”. Sería por tanto un gran error concebir lo que está pasando como una simple “protesta generacional frente al régimen de la Transición” —que algo de eso también hay— o concebir su alternativa en clave de una “República constituyente” como si ésta, el régimen político republicano, tuviera per se los instrumentos decisivos (que no tendría al parecer esta monarquía) para parar, reconducir o redirigir esta revolución pasiva social que discurre triunfante ante nuestros ojos. La izquierda clásica —si sobrevive a este tornado social— y los nuevos exponentes políticos que han ganado autoridad tras el 25M deberían plantearse si no merece la pena dedicar cuadros, intelectuales y recursos de investigación práctica al mundo del trabajo, a las consecuencias de esta reconversión global, y, a su vez, establecer con los sindicatos una relación más fluida y permanente que permita recibir de ese ámbito algo más que votos. Creo que tampoco les vendría mal a los nuevos sujetos políticos en ascenso “leer” más el conflicto social, ir más allá del simple discurso del “recambio de un régimen”.

Estos últimos exponentes alternativos —tomo prestadas las palabras de la politóloga Nadia Urbinati— centran en Internet, en la web, el modelo de una “democracia directa” a través de una comunicación directa, sin presencia física en “el foro político”. Sin embargo, dicha hipotética “igualdad ciudadana en la web” nada tiene que ver con el proyecto clásico de igualdad social y económica. Este impugnaba la democracia política (burguesa) porque era indiferente frente a la desigualdad social. Hoy predomina en estas respuestas alternativas el problema de la superación de la distancia entre política institucional y ciudadanos. Siguen olvidándose de la desigualdad económica y social, la que de verdad marca a una sociedad injusta y desnivelada.