Fernando Pedrós

Periodistas, filósofo y miembro de DMD

Me gustaría hablar con el jefe de la gestora del PSOE o con el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso para decirles que el debate necesario sobre la libertad del ciudadano ante la muerte se está aplazando sine die, y que no es la primera vez que es el Partido Socialista quien evita su abordaje. Su presentación en el Congreso del texto de proyecto de ley de muerte digna no es más que echar balones fuera, despejar la cuestión como si el interrogante de libertad del ciudadano ante la muerte y su última decisión fueran a diluirse con el tiempo como una niebla mañanera. Sepan que la muerte no perdona y llega a todos, y que el ciudadano no tolera que el Estado le quite su libertad en el momento más crítico de la vida.

No sé si se acordarán los diputados socialistas de aquel ministro de Justicia llamado Alberto Belloch, procedente de la judicatura y que no supo dar respuesta cabal a la cuestión que le planteaba la sentencia firmada por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona. La sentencia era sobre el caso del tetrapléjico Ramón Sampedro, que había solicitado al tribunal que no se castigase con cárcel al que le ayudase a morir ya que él, con un cuerpo inmóvil, no podía morir sin que se le aportase una bebida letal. La sentencia remitía la solución de la situación –enredada por el Código Penal– al poder legislativo que debía solventar el vacío legal.

El ministro de Justicia –juez en excedencia–, alegó en sede parlamentaria (BOC 9.3.1994) que ese vacío estaba cubierto por un artículo del Código Penal. Meses más tarde, cuando se reformó esta ley, se puso de nuevo el tapón del artículo 143 (que penaliza las conductas eutanásicas) que estaba en litigio jurídico, aunque con alguna variación.

En la actualidad, casi 25 años después, seguimos en ‘en lista de espera’, todavía pendientes de que el Congreso aborde dicho vacío legal porque para los socialistas españoles el suicidio asistido y la eutanasia como posibilidades de expresión de la libertad del ciudadano al final de la vida parece ser que no tienen fecha.

Durante estos años de confusión política, el PSOE siempre ha tenido frases tópicas y vergonzosas para acallar e intentar contentar a la ciudadanía: “no hay demanda social” era la más socorrida, que era “una cuestión tan delicada que necesitaba una debate social”, etc. Todo para llenarse la boca de expresiones huecas que estallan cuando se contrastan con los resultados de las encuestas demoscópicas, los estudios concienzudos, los manifiestos y la evolución legislativa de otros países. Frases y expresiones que pretenden ocultar que el reclamo de la ciudadanía y la reflexión académica de los estudiosos forman un discurso fuerte, impregnado de valores constitucionales.

Un divorcio político incomprensible

Recientemente hemos entrado en una nueva fase de exigencia de legalización de las conductas eutanásicas. Y esa fase tiene la categoría de ser de política institucional. Seis parlamentos autonómicos han urgido institucionalmente la regulación legal de estas prácticas. El parlamento de Cataluña –de esto daba cuenta hace poco en mi comentario– se ha dirigido directamente al Congreso y cinco parlamentos más –comunidades de Navarra, País Vasco, Asturias, Extremadura y Comunidad Valenciana– se han dirigido en el mismo sentido al Gobierno.

Ya no son solo las encuestas y su valor sociológico, ni las exigencias razonadas de los estudios de los expertos; es el peso y la densidad institucional de los parlamentos de las comunidades autónomas, donde se aúnan los requerimientos políticos de los diversos grupos y el reclamo político de los electores.

Ya no es solo la voluntad política de un partido –en este caso Unidos Podemos­–, que ha presentado un texto de ley para la legalización de la libertad de morir, sino que es una amalgama de muchos partidos políticos que a una voz piden al Congreso o al Gobierno que se ponga en marcha cuanto antes el proceso de regulación de las conductas eutanásicas. En pocas palabras, que estos parlamentos autonómicos se alinean más con el proyecto de ley de eutanasia de Unidos Podemos que con los presentados por Ciudadanos y el grupo parlamentario socialista.

No entiendo, y creo que a muchos les pasará otro tanto, que en esta situación institucional el grupo parlamentario socialista se aferre a sostener en exclusiva el texto de su ley sobre muerte digna, que recorta el ejercicio de la libertad en el morir que forma parte de la autonomía de todo ciudadano y al libre desarrollo de su personalidad.

Si el PSOE piensa que basta con indicar –como hace en su proyecto de ley de muerte digna a manera de ejercicio de expresión de buena voluntad– que es necesario “un debate sereno y sosegado”, se olvida de que el debate lleva abierto desde el inicio de la década de los noventa del siglo pasado. Y de que se han sucedido las encuestas en las que los españoles han manifestado su opinión, que los estudios académicos y sus razones constitucionales se acumulan en las revistas expertas, que los partidos perdieron el tiempo y abortaron la comisión que se formó en 1998 en el Senado para estudiar esta cuestión, que el mismo Tribunal Constitucional perdió la ocasión de marcar una postura jurídica al evitar contestar en directo a la pregunta que en su día le hizo el tetrapléjico Ramón Sampedro.

Además, parece ser que el PSOE se olvida de que el ministro de Sanidad Bernat Soria encargó una magna encuesta al CIS sobre las conductas eutanásicas que ningún gobierno ha querido aprovechar y que dicho ministro quiso conformar una ‘comisión de sabios’ para el estudio específico de la eutanasia. Y de que al poco tiempo de tal aventura tuvo que dejar el ministerio.

No entiendo el divorcio del pensar y del actuar político en la capital de España, en el Congreso de los Diputados, y en los parlamentos autonómicos. ¿Es que los partidos –del color que sean– son diferentes y piensan políticamente con otra clase de neuronas en las comunidades autonómas, leen con diferentes lentes los intereses ciudadanos, no sirven a la misma población en Madrid (plaza de las Cortes), en Vitoria, Barcelona o Pamplona? Son preguntas para la Junta Gestora del PSOE o para el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso.