Leído ayer en la portada de un diario de circulación nacional: “Bruselas no se cree el déficit de España tras el acuerdo con el PNV”. Esa desconfianza sería fruto de la reinstauración del mecanismo que vincula la subida de las pensiones con la evolución del IPC, cuyo coste para las arcas públicas en 2018 y 2019 rondará los 3.300 millones de euros, según el Gobierno. Para sufragarla, los ministros de Economía y de Hacienda han hablado en los últimos días de un nuevo impuesto que pagarían las grandes empresas digitales, como Google, Facebook o Twitter; pero es dudoso que dé tiempo a desplegarlo por completo este mismo año. De ahí vendría el escepticismo de las autoridades europeas sobre la posibilidad de que España cumpla su compromiso de déficit (2,2% del PIB en 2018), respecto al que ya albergaba serias dudas antes incluso del pacto alcanzado in extremis con los nacionalistas vascos.

La incredulidad de Bruselas está plenamente justificada, pero no tanto por las consecuencias del acuerdo sobre las pensiones en sí mismo como por los antecedentes que arrastra Mariano Rajoy. De los siete ejercicios completos que ha gestionado, sólo en 2017 respetó el objetivo inicial de déficit. Se pasó en 2012, en 2013, en 2014, en 2015 y en 2016, a pesar de los sacrificios exigidos a los españoles en sus primeros años por la vía de los recortes y a pesar de la recuperación económica de la que tanto ha presumido en los últimos. La mayor desviación, con mucha diferencia, se produjo en 2012, cuando el déficit se fue al 10,47% del PIB, cosa que él atribuyó a la herencia recibida, pero en la que desempeñaron un papel determinante las copiosas ayudas públicas concedidas entonces para la restructuración del sistema financiero.

Que, con esa trayectoria, en Bruselas se creyeran las promesas de Rajoy sería un auténtico milagro, teniendo en cuenta, además, que en otros países han conseguido avances mucho más importantes en la materia. De hecho, aunque cumplió su objetivo, España fue el único país de la Unión Europea que en 2017 mantuvo el déficit por encima del 3%, frente a una media del 0,9% en el conjunto de la zona euro. El desfase presupuestario, si bien ha ido disminuyendo progresivamente, arroja una cifra acumulada durante el mandato de Rajoy del orden de los 400.000 millones, que no está mal para alguien que siempre lo ha demonizado, con aquella cantinela mil veces repetida de que “no se debe gastar lo que no se tiene”.

Por todo ello, los recelos de Bruselas ante el acuerdo sobre las pensiones, cuya dignificación es un auténtico clamor, están desenfocados. Y más aún si la idea es enjugar su coste con el nuevo impuesto a las grandes empresas digitales, tan dadas al escapismo fiscal. Otra cosa es que, desde ciertos ámbitos de poder europeos, la vuelta a la indexación de las pensiones haya sentado como un tiro, porque deshace uno de los puntos clave de la reforma de 2013, que ya consideraron insuficiente. Su argumento es que garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo pone en peligro las cuentas públicas. Yo creo, sin embargo, que en realidad pretenden hacer la olla gorda a los planes privados de jubilación, con los que tanto dinero se juega la banca.

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