Con el preacuerdo de rentas que este lunes han suscrito sindicatos y patronal había ocurrido algo extraordinario. Se reclamaba con arrebato desde distintos organismos internacionales, lo pedía el BCE y hasta el difunto Gobierno de Rajoy había presionado a la CEOE para que se aviniera a razones. La subida salarial pactada de un 3% anual según variables y el progresivo establecimiento de un sueldo mínimo de 14.000 euros anuales hasta 2020 no es que fuera una demanda social; es que se había convertido en una exigencia macroeconómica. Palabras mayores, oiga.

Tantas veces descrito, el proceso de empobrecimiento de los asalariados no había sido exclusivamente una consecuencia de la crisis. La recesión se llevó primero por delante a los eventuales antes de que los trabajadores fijos, mejor pagados, comenzaran a desfilar hacia las oficinas del paro. En medio de esta tormenta perfecta, la reforma laboral puso los rayos y los truenos. Aceleró la devaluación salarial facilitando despidos, desactivó la negociación colectiva y bendijo la entrada al mercado laboral de mano de obra barata.

Empezaba así el llamado milagro económico del PP. Al bajar los salarios, aumentó la competitividad de las empresas y, como, al mismo tiempo, menos trabajadores se veían obligados a realizar las mismas tareas, se disparó la productividad por empleado. El déficit comercial cayó porque el petróleo era mucho más barato, porque se exportaba más y porque los parados y los trabajadores con sueldos de miseria consumen poco. Mientras decenas de miles de jóvenes marchaban al exilio económico y los inmigrantes abandonaban el país, el paro empezó a reducirse y el PIB empezó a crecer. Se producía tanto como antes de la crisis pero con dos millones de trabajadores menos.

La nueva riqueza no se trasladó a los salarios y los trabajadores, víctimas de la recesión, lo fueron también de la recuperación. Para colmo, en un abierto reconocimiento de que la reforma laboral sólo había creado parados y precarios, empezaron a bonificarse con tarifas planas los contratos indefinidos. Se institucionalizaba aquello de ser puta y poner la cama: a los trabajadores que habían sufrido el recorte brutal de sus indemnizaciones se les obligaba, en una nueva vuelta de tuerca, a financiar vía impuestos su contratación.

Se llegaba de esta forma a la dramática situación actual. Con mucho menos desempleo, más afiliaciones y una economía creciendo a más del 3%, el agujero de la Seguridad Social se había estabilizado en casi 20.000 millones de euros anuales. Paralelamente, los ingresos tributarios crecían, pero no al ritmo que debía determinar la pretendida bonanza económica. ¿Que qué había pasado? Pues lo obvio. Las empresas ganaban mucho más, pero entre exenciones, bonificaciones y otras regalías, sus beneficios, artificialmente empequeñecidos, no llenaban las arcas de Hacienda como lo hubieran hecho los incrementos salariales en la recaudación por IRPF y en el IVA por el aumento del consumo. En definitiva, se constaba lo evidente: a salarios más bajos, menor capacidad de consumo para desesperación de las propias empresas, menor crecimiento a medio plazo y quiebra segura del sistema de pensiones.

Aunque orientativa, la subida salarial pactada por los agentes sociales es un buen primer paso, pero no debe ser el único. Es urgente derogar la reforma laboral en su conjunto o, al menos, sus aspectos más funestos. Si el plan contra la explotación laboral anunciado por el presidente Sánchez no es sólo propagandístico, tendría que actuar contra el fraude masivo en la contratación por el que se disfrazan con contratos a tiempo parcial trabajos a tiempo completo y se permite a las empresas contratos de cinco días para ahorrarse el salario del fin de semana o no abonar las horas extras a los trabajadores, algo que se ha convertido en una tradición más, como la siesta. Todo ello, lógicamente, en detrimento de la cotización a la Seguridad Social.

Es muy loable el empeño en meter mano a esa economía sumergida que tiene puesta la escafandra a casi el 20% del PIB y elude el pago de casi 30.000 millones de euros al año. Pero ésa es una guerra que no se puede dar con la ridícula plantilla del cuerpo de inspectores de Trabajo, un ejército de Pancho Villa que, habitualmente, yerra el tiro y, se diría que por comodidad, prefiere perseguir pequeños fraudes en la percepción del desempleo antes que investigar enormes atracos empresariales. Los sindicatos están llamados a colaborar en las denuncias si es que sus escasas fuerzas se lo permiten.