Fernando Luengo, economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos

Los medios de comunicación se han hecho eco de la decisión o la intención de algunos ayuntamientos de aumentar el sueldo de alcaldes, concejales y altos cargos. Los afectados han intentado justificar lo injustificable, afirmando que ese aumento era necesario como estímulo y recompensa para realizar en buenas condiciones su trabajo, que no es otro que representar dignamente a la ciudadanía.

Como primera medida, me parece francamente escandalosa. Lo primero que me viene a la cabeza es que los salarios de la mayoría de los trabajadores permanecen estancados o en retroceso; y estos no tienen la posibilidad de decidir unilateralmente la elevación de sus retribuciones. También pienso en ese porcentaje de trabajadores, en continua progresión, que están situados cerca o por debajo del umbral de la pobreza, en las personas que carecen de techo para cobijarse, en las que están siendo expulsadas de sus viviendas por los fondos buitre y por los bancos, en las que no pueden calentar sus casas en invierno, o en las que dependen para su subsistencia de unas prestaciones sociales cada vez más precarizadas.

No me extraña que la aversión a la política crezca. El convencimiento de mucha gente es que los políticos llegan a las instituciones para meter la mano en la caja. Y la meten de muchas maneras diferentes. No sólo con estos desproporcionados aumentos en sus retribuciones; también actuando en abierta complicidad con los grupos económicos -constructoras, bancos, aseguradoras, farmacéuticas, empresas de sanidad privada…- que están deseosos de asistir al festín derivado del desmantelamiento del sector público. El botín es muy jugoso y políticos sin escrúpulos se ponen a su servicio para recibir una parte.

Entre un amplio sector de la ciudadanía crece, con razón, la desconfianza. Se instala como una verdad popular que todos los políticos, de un signo o de otro, son iguales. Me pregunto si, finalmente, lo que se busca -y se está consiguiendo- es que cale el mensaje de que nada vale la pena, da lo mismo quien gobierne. La despolitización de la gente está servida…y también el voto creciente a los populismos de la extrema derecha.

Con este panorama, es decisivo que la ciudadanía tenga otros espejos donde mirarse, políticos honestos, que cumplen sus compromisos, que rechazan y denuncian prevendas y privilegios. Existen esos ejemplos -límites en las retribuciones de los cargos públicos de Podemos, renuncia a cobrar comisiones y dietas injustificadas…-, pero, claro, esas “noticias” no interesan a la mayor parte de los medios, entre otras cosas porque no quieren visibilizar que hay otra manera de estar en las instituciones. Y porque, en el fondo, de la despolitización de la gente, de la desafección, ganan los de siempre.

Por lo demás, los escandalosos casos de corrupción política y de acceso privilegiado e injustificado a los recursos públicos ocultan una realidad que, en mi opinión, debería estar en el centro del debate: las fortunas milmillonarias que se embolsan los altos ejecutivos de las corporaciones y los grandes accionistas…los mismos que aplauden las políticas de represión salarial y de ajuste presupuestario, los mismos que encabezan el saqueo del sector público. Pero sobre el sector privado -al que se presupone erróneamente eficiencia y transparencia- hay un deliberado manto de silencio. Esto interesa y mucho a los que no tienen otro objetivo que vapulear la política y preservar los privilegios de las elites económicas.