Suplicatorio es una palabra tan horrenda que debería ser desterrada del lenguaje jurídico político. Suplicar a las Cortes que concedan la autorización para procesar a un presunto implicado por cohecho y delito fiscal suena a implorar, a hincarse de rodillas, a hacer rogativas para que sus señorías tengan a bien despojar de sus privilegios a uno de los suyos, por más que el individuo en cuestión tenga un trato equivalente a excelentísimo. Me dirán que exagero con los sinónimos. Quizá no debería dar tanta importancia al lenguaje protocolario, pero hay expresiones que crispan los ánimos más de lo que están. Sé que hay iniciativas legislativas para acabar con los tratamientos diferenciados e incluso con privilegios anacrónicos, pero me impaciento cuando veo que avanzan con excesiva lentitud.

Que las Cortes Generales sean inviolables es una norma constitucional que tiene su razón de ser. Los diputados y senadores sólo gozan de inmunidad en actuaciones vinculadas con el ejercicio de sus funciones, pero si cometen un delito común, ajeno al ejercicio de la política, bastaría que el Supremo explicase a la Cámara sus motivaciones para procesarles. Esperar el trámite de la previa autorización de las Cortes retrasa la acción de la Justicia e incluso podría facilitar la desaparición de ciertas pruebas.

Hay que esperar a que se reanuden las sesiones plenarias para saber si conceden los suplicatorios del senador Bárcenas y del diputado Merino. En agosto están de vacaciones, así que tienen dos meses largos para decidirlo. Mientras tanto, el Supremo suspende la investigación. ¿No es todo de una lentitud exasperante?