Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Una de las percepciones que el establishment político-mediático (la estructura de poder reflejada en las instituciones políticas y en los mayores medios de información) del país ha promovido con mayor intensidad ha sido que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica pues, según se nos dice, pasamos, sin mayores perjuicios, de una dictadura a una democracia homologable a cualquier otra democracia de nuestro entorno.

Se mire como se mire, es obvio, sin embargo, que la realidad contrasta con esta visión idealizada de la Transición. La democracia española es una democracia de muy baja calidad, constantemente gestionada y vigilada por los poderes financieros y económicos, que marcan las pautas de comportamiento de las instituciones llamadas representativas, definiendo lo que es aceptable o no en el discurso oficial del país y que determinan las políticas públicas de los partidos políticos que gobiernan. Indicadores de esta baja calidad hay muchísimos. El servilismo de los medios de información hacia la Monarquía y la Corona; la falta de diversidad ideológica en los medios, con una clara discriminación hacia los autores críticos con el sistema de poder (de clase y de género) existente en el país, con la práctica ausencia de medios de comunicación de izquierdas; el sistema electoral, que produce unas instituciones escasamente representativas; la escasa capacidad redistributiva del Estado; su gran regresividad y el elevado fraude fiscal; su limitadísima dimensión social, con una gran pobreza de las transferencias (como las pensiones) y servicios (como sanidad y educación) públicos del Estado del Bienestar; su elevada y masiva corrupción; la práctica inexistencia de formas de participación democrática directa, como referendos; y la escasa democratización de los partidos, capturados por aparatos que se eternizan, transformando la política en un politiqueo entre élites partidistas. Todos estos hechos, y otros, muestran el enorme déficit democrático que hay en España, y que se debe a que, en contra de lo que indica la sabiduría convencional del país, no hubo nada modélico en aquella transición. En realidad, fue profundamente inmodélica.

Y es lógico y predecible que no fuera modélica, pues la Transición se hizo en términos sumamente desiguales. En un lado de la mesa de negociación estaba la derecha española (que en términos europeos era, y continúa siendo, equivalente a la ultraderecha en el abanico parlamentario europeo), heredera de los grupos y clases dominantes existentes durante la dictadura, que controlaban el Estado dictatorial y la mayoría de los medios de información y persuasión. Al otro lado de la mesa estaban las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas y que acababan de salir de la clandestinidad, de la cárcel o del exilio. No era una negociación entre iguales. Se hizo bajo el dominio de los primeros. Como consecuencia de ello, no hubo una ruptura con el Estado anterior, sino una apertura de aquel Estado para integrar, predominantemente al PSOE, dentro de él, gracias a un sistema electoral que favorecía el bipartidismo. La ausencia de ruptura quedó plasmada en el enorme dominio que las derechas post-franquistas continuaron teniendo en el aparato del Estado. La mayoría de las élites de las distintas ramas del Estado eran personajes profundamente conservadores, cuando no nostálgicos del régimen anterior. Desde el sistema judicial hasta las instituciones paraestatales como las Reales Academias, había un dominio por parte de las derechas ultranacionalistas españolas de todos estos aparatos, los cuales fueron abriéndose para recibir y coaptar a individuos pertenecientes a las izquierdas mayoritarias gobernantes, estableciendo un Estado bipartidista bajo el dominio político y la hegemonía ideológica conservadores. Una característica de este dominio era la ideología que el aparato del Estado transmitía, definiendo como utopía irrealizable, fantasiosa, demagógica o cualquier epíteto peyorativo (de los muchos que las derechas utilizan en su narrativa vulgar y profundamente agresiva) cualquier política pública alternativa (fuera económica o social) que cuestionara la sabiduría convencional promovida para el servicio de los intereses económicos y financieros que tutelaban dicho Estado. La continuidad de la estructura de poder dentro del Estado y de sus comportamientos ha sido arrolladora. Un síntoma de ello es la permanencia de la corrupción y su gran extensión.

¿Cuándo surge el descontento con este estado de cosas?

Las nuevas generaciones que han ido apareciendo cuestionan la escasa democracia existente en España. Su deseo no era solo dejar atrás la dictadura, como habían intentado las generaciones anteriores, sino crear una democracia mucho más desarrollada, lo que requería una ruptura con o transformación profunda de las estructuras del Estado heredado de la dictadura, todavía controlado por las fuerzas conservadoras, las cuales dificultan la realización de ese deseo. Ni que decir tiene que hubo en el periodo post-transición cambios significativos y notables que afectaron positivamente al bienestar de la población, estableciéndose el Estado del Bienestar, incluyendo, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Pero el dominio conservador explica que éste continuara muy poco financiado, siendo España uno de los países con uno de los gastos públicos sanitarios más bajos y uno de los gastos privados sanitarios más altos de la UE-15. España se gastaba y continúa gastándose en sanidad, por ejemplo, mucho menos de lo que le correspondería por el nivel de riqueza económica que tiene.

El crecimiento de la concienciación sobre las insuficiencias del Estado (y muy en particular del Estado del Bienestar) ha ido mano a mano con la realización de que el Estado no representa los intereses de la población, sino los intereses financieros y empresariales entrelazados con el Estado. Este maridaje apareció con toda intensidad cuando se inició la crisis, respondiendo el Estado a tal crisis con medidas no enunciadas en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Este fue el origen del 15-M, que con sus eslóganes definió bien la naturaleza del problema. “No nos representan”, “No hay pan para tanto chorizo”, “Lo llaman democracia y no lo es” y un largo etcétera. La mayoría de la población pronto se identificó con este movimiento, llamado de los indignados, coincidiendo en su denuncia del estado de las cosas en el país.

La madurez de dicho movimiento ha sido la causa de que apareciera Podemos, cuyo eslogan es una llamada a la movilización y a la acción, con plena conciencia del poder de la población cuando se moviliza. Esta movilización exige una Segunda Transición, que consiste en la plena realización de la democracia en España y que pasa no solo por un cambio profundo de la vía representativa (incluyendo de los partidos políticos), sino también por una introducción y expansión de la democracia con el establecimiento en todos los niveles del Estado (sea a nivel central, autonómico o local) de formas de democracia directa, incluyendo referendos, que sean la expresión de lo que se ha venido a llamar derecho a decidir. Este derecho tiene que basarse en el derecho a elegir, con plena exposición de todas las sensibilidades políticas dentro de un abanico mediático plural y auténticamente democrático. Esta demanda de una auténtica democracia es hoy un ataque frontal al establishment político y mediático que domina el país.

Esta exigencia de democracia real es incompatible con las elevadas desigualdades de riqueza existentes en el país, unas de las mayores en la UE-15. El abusivo poder de la banca, por ejemplo, sobre los partidos y sobre los medios limita, vicia y corrompe a la democracia actual. Como también la corrompe la complicidad de las élites financieras y empresariales con los partidos políticos, principal causa de la corrupción en el país. Y es ahí donde las reformas políticas se deberían realizar. Esta corrupción es intrínseca a la naturaleza del Estado heredado de la dictadura, pues es el Estado mismo el que protege a estos intereses financieros y económicos a costa de los intereses generales. Las políticas neoliberales de austeridad y reformas laborales regresivas impuestas por el Estado a la población son un indicador de ello. Todo esto explica que en España, la persona que no esté indignada es que no conoce bien qué es lo que ocurre en este país. De ahí que al 15-M le siga Podemos, que intenta canalizar esta indignación. Y como era y es predecible, la respuesta del establishment ha sido definirlo como un movimiento utópico, con propuestas “irrealizables”, “fantasiosas” y otros insultos, cuando, en realidad, la mayoría son propuestas muy razonables y de sentido común. Es una señal del deterioro del sistema llamado democrático en España que el sentido común se haya convertido en una fuerza amenazante para la continuidad del sistema político mediático actual.