RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

España es un Estado compuesto. Las relaciones entre los distintos niveles de gobierno son jerárquicas y deben partir de un acuerdo básico acerca del interés general de los españoles, compatible con la oposición y las críticas en los asuntos de incumbencia de cada cual cuando esos gobiernos estén ocupados por partidos distintos. Oposición y críticas que habrán de hacerse por cauces legales y mediando lealtad institucional. Carece de sentido que un gobierno autonómico

actúe de forma ilegal y no sólo no corrija el rumbo sino que se jacte de él.

Las leyes del Parlamento se cumplen o se recurren ante el Tribunal Constitucional. Lo que no cabe es desbaratarlas mediante astracanadas (caso de Educación para la Ciudadanía en Valencia), desnaturalizarlas (caso de la Ley Antitabaco o la de dependencia en Madrid)… o “rebelarse” contra ellas. Un gobierno autonómico declarado en rebeldía contra una ley del Parlamento es un dislate de tan hondo calado como la pederastia en la Iglesia católica.

La derecha, que dice no ser nacionalista, tiene la nación española una y única como artículo de fe. En su momento tronó contra el lehendakari Ibarretxe por querer sacar subrepticiamente a Euskadi del marco constitucional. Poco antes de las elecciones de 2004, el Gobierno del PP pensaba tipificar como delito la convocatoria de referendos soberanistas, con lo que Ibarretxe podría haber acabado en la cárcel. Había que impedir las taifas y garantizar la unidad de la nación.

Pero las taifas proliferan donde manda el PP, cuyos gobiernos autonómicos se desligan de su obligación jerárquica y actúan no como gobiernos, sino como oposición al Gobierno central, a fin de torpedear las políticas generales por interés de partido o de azuzar al enfrentamiento entre comunidades autónomas por cálculo electoral. Según debatía el Parlament catalán la prohibición de las corridas en Catalunya, la presidenta de Madrid, con castizo populismo, declaraba los toros “bien de interés cultural”. Lógica de taifa. La acusan de hipócrita porque, al tiempo, su Gobierno rebaja la subvención a la fiesta llamada nacional; pero es pura congruencia: porque la considera bien de interés cultural le retira la subvención.

En su artículo 155, la Constitución prevé cómo actuar frente a las autonomías que atentan contra el interés general. Con sus llamadas a la rebeldía, las taifas de la derecha incurren en el supuesto.