Gregorio R. Cabrero

Universidad de Alcalá

El pasado día 17 de septiembre el rey de los Países Bajos, país emblemático en cuanto a Estado de bienestar, pronunciaba un discurso en el parlamento en nombre del gobierno Rutte, de centro-izquierda, en el que se afirmaba que: “El Estado de bienestar clásico desaparecerá” y que será sustituido por una sociedad “en la que todos los que tengan capacidad para ello, deberán asumir sus responsabilidades para su propia vida y la de su entorno”. Dos frases que sintetizan con claridad el proyecto ideológico puesto en marcha hace más de treinta años cuyo objetivo es reducir al mínimo o erradicar los derechos sociales y sustituirlos por un modelo, hoy en fase histórica de ascenso, basado en la estricta responsabilidad individual ante los riesgos sociales y, como mucho, una protección asistencial graciable para las personas más excluidas de la sociedad que han demostrado ni poder trabajar ni poder pagar sus riesgos. Hay que recordar que hace ya treinta años se puso en marcha el eslogan ideológico del Estado Mínimo a cuya maduración y éxito estamos asistiendo en la actualidad.

Primero se habló de “menos Estado y más sociedad civil” (fase de contención del Estado de bienestar, 1979-1990); después se nos habló de la “sociedad del bienestar” (fase de reestructuración y ensayos de privatización selectiva de los bienes públicos, 1991-2012) y, finalmente, bajo un nuevo giro retórico, de la “sociedad participativa” (fase de desmantelamiento acelerado a partir de la aplicación de las mal llamadas políticas de austeridad o consolidación fiscal). La dignidad moral y cívica de la expresión “sociedad participativa” no deja de provocar una radical desconfianza cuando contrastamos el discurso manipulador de sus defensores con la evolución real del Estado de bienestar en los últimos treinta años y, sobre todo, cuando ponemos frente a frente la sociedad participativa (o la “gran sociedad” del premier Cameron) con las políticas del presente, con la realidad de crecientes mercados precarios de trabajo sin redes de protección social y el avance fulgurante de la privatización del Estado y de los bienes colectivos que gestiona.

En cierto modo la retórica de la “sociedad participativa” tiene dos objetivos centrales: el primero es reforzar la sociedad de la indiferencia (el no pasa nada y ya pasará la crisis y sus efectos); el segundo, como señala mi amigo y colega Fernando Casas (UCLM), consiste en conjurar el “maleficio” que para dicha retórica supone el ascenso lento y desigual de la resistencia de las sociedades europeas realmente participativas al debilitamiento y posterior demolición de los derechos sociales y su sustitución por la obligación de asumir los riesgos sociales bajo fórmulas basadas en precio de mercado oligopólico.

Tres reflexiones inmediatas sugieren el proyecto holandés, última representación de la ideología neoliberal respecto del Estado de bienestar, que requieren un detenido análisis y un deseable debate.

En primer lugar, la expresión sociedad participativa supone en muchos sentidos una apropiación de una larga tradición del lenguaje, valores y prácticas de las capas trabajadoras y de los movimientos sociales. Al hablar de sociedad participativa es inevitable el que recordemos la democracia participativa. La sociedad participativa es un eufemismo más de los creados durante los últimos cinco años de la crisis social de principios de este siglo en los que la capacidad de mistificación de los centros de producción ideológica neoliberal ha impuesto constructos ideológicos favorables a la resignación ciudadana ante la inviabilidad del Estado de bienestar como institución que materializa los derechos sociales tan duramente logrados. La ideología de que el Estado es ineficiente y el mercado es la solución, que la sociedad no tiene que asumir riesgos sino cada individuo, que es inevitable el desmantelamiento del Estado de bienestar por ser un coste imposible de asumir, suponen un giro de tuerca más en el proceso de deconstrucción del acervo histórico de la protección social. Minar la moral colectiva es el paso previo al desmontaje de las instituciones del bienestar y su sustitución por modos mercantiles de gestión.

En segundo lugar, la sociedad participativa no es más que una mistificación que oculta cambios en profundidad de tipo económico y político que la crisis actual favorece y permite justificar como inexorables. Así, oculta los intereses mercantiles para privatizar todos los servicios públicos que sean rentables al capital privado, dejando que el Estado y el Tercer Sector se ocupen de no lo rentable. Oculta el designio de laminar los derechos sociales y reducir el sistema de solidaridad entre clases asalariadas y los pensionistas, que tiene en la Seguridad social su institución histórica. Oculta el hecho de que la sociedad participativa culmina y refuerza un proceso de fragmentación social que ha estado precedido por varias décadas de extensión de la desigualdad social y de la exclusión de colectivos sociales muy significativos. Oculta el hecho de que la sociedad del bienestar es la consolidación de una doble transferencia de renta y poder social a costa de los salarios directos (más un empeoramiento de los condiciones de vida y trabajo) y del salario social que representan las prestaciones sociales (sanidad, desempleo, pensiones, prestaciones por hijos a cargo, en otras).

Finalmente, asistimos a un período de regresión histórica de la reforma social en el que no solo se contraen los derechos sociales sino incluso los políticos y sindicales. Como señala el profesor Fontana en su reciente libro “El futuro es un país extraño” estamos en un período de regresión en el que forman un todo la desigualdad creciente, la extensión de la pobreza (en nuestro caso sobre todo infantil), la pérdida de intensidad protectora de las prestaciones sociales (acompañada del copago), la limitación de la negociación colectiva (sustituida empresa a empresa) y restricciones al desarrollo de la democracia (la impotencia de la política democracia para frenar la fuerza de las oligarquías financieras transnacionales). En el caso español los discursos de la sociedad del bienestar en sus diferentes versiones (pronto también se hablará en España de la sociedad participativa como un nuevo eufemismo) también ocultan el agotamiento del modelo de crecimiento económico y de desarrollo político de las tres últimas décadas que se expresa en una creciente polarización y fragilidad social (elevadas tasas de paro y pobreza), la retirada del Estado de sus compromisos de cohesión social y, por tanto, de moderar las desigualdades sociales mediante un gasto social efectivo, la sustitución de la reforma social (desarrollo de derechos sociales) por las reformas a secas (socialización de las pérdidas del capital financiero). En suma la sustitución de una reforma social interclasista e integradora por una contrarreforma clasista y dualizadora, agravada por la posición subordinada de España en el espacio europeo, junto con los países del Sur de Europa.

Pero que puesto nos invitan a participar aceptemos el invite y participemos todos en la defensa de los derechos sociales y de una democracia participativa que tenga una amplia capacidad de aglutinación interclasista y de sólida solidaridad intergeneracional.