La ministra de Trabajo ha logrado demostrar que la media verdad ya no es la forma más elegante de mentir sino sólo un estadio intermedio. La verdad puede ser también una gran mentira. La revelación tuvo lugar hace unos días en el Congreso, cuando se discutía la proposición de ley de Unidos Podemos, finalmente aprobada, para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y situarlo en 2020 en 950 euros. Fátima Báñez dijo entonces que no había nadie en España que trabajando a jornada completa cobrase menos de 655,20 euros, umbral del SMI, por la sencilla razón de que sería ilegal. La afirmación era indiscutible. Con las mismas, podía haber asegurado que nadie en España trabajaba más de 24 horas al día o que no hay empleo nocturno que se realice a plena luz del día.

Casi al mismo tiempo de que Báñez dijera la verdad, una estadística de la Agencia Tributaria proporcionaba la suya: más de una tercera parte de los asalariados, casi seis millones de personas, percibió en 2015 salarios iguales o inferiores al SMI, 760.000 más que en 2007 pero con el agravante de que en aquel año había dos millones más de ocupados. De ellos, en torno a 3,7 millones ganaron menos de 1.835 euros al año, poco más de una limosna.

Existe claro una tercera verdad, y es que gracias a Báñez y a su reforma laboral es un milagro que alguien trabaje a jornada completa, ya que lo habitual es hacerlo en breves períodos del año y con contratos tan legales como precarios. La reforma de la ministra, cuyo proclamado objetivo era acabar con la precariedad, ha conseguido lo que parecía imposible: que los contratos temporales crecieran más de un 66% y que los suscritos a tiempo parcial lo hicieran aún más, a un ritmo del 70%. Por resumir, más del 40% de los contratos indefinidos y casi un tercio de los temporales lo son a tiempo parcial.

La mejora del empleo es una filfa porque en los últimos cinco años la tasa de actividad se ha hundido por debajo del 60%, ya sea porque ha habido españoles que han tenido que buscarse la vida en el extranjero, porque muchos emigrantes han regresado a sus países o porque los parados de más edad y los jóvenes sin estudios ya ni siquiera buscan trabajo.

Se crea empleo, sí, pero a costa de una devaluación salarial que las estadísticas oficiales han maquillado al estilo de la encuesta del pollo (si una persona se come un pollo entero y otra no chupa ni los huesos la sociología dirá que las dos lo han compartido), de manera que la propia destrucción de empleo ha propiciado que el salario medio creciera aparentemente. El ejemplo lo facilitaba recientemente Manuel V. Gómez en El País. Tómese un grupo de 10 trabajadores en el que siete de ellos cobran 1.000 euros y tres 500, lo que da un sueldo medio de 850 euros. Si los tres que menos ganan son despedidos y los siete restantes ven rebajado su salario en 100 euros, la remuneración media habrá crecido un 6% hasta los 900 euros cuando en realidad todos se han visto damnificados.

Por este camino, no es descartable que Báñez y su reforma reduzcan el paro pero a costa de destruir el país al entrar en acción otra verdad incuestionable: a salarios más bajos, menos renta y capacidad de consumo, lo que reduce el crecimiento y aboca al sistema de pensiones a la quiebra. Es lo que tiene el efecto sustitución de los trabajadores mejor pagados por empleo nuevo a precio de saldo.

Aún así, se han tenido que escuchar desde algunos foros empresariales ultras peticiones como las del Círculo de Empresarios, que exigían dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral y acabar con el SMI para los trabajadores no cualificados lo que, en vista de la fuerte presencia de los licenciados universitarios en el sector de la hostelería o en el telemarketing, significaba para todos. “Todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable”, decía la entonces presidente Mónica Oriol, la que prefería contratar a mujeres mayores de 45 años para que no se quedaran embarazadas y supusieran un problema.

Con verdades como la de Báñez la desigualdad en España sigue aumentando a un ritmo salvaje. Lo certificaba este mismo mes Oxfam Intermon: desde 2008 los salarios más bajos han caído el 28% y más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión. La culpa no es del Gobierno porque, como ha explicado la ministra que ha dado el tiro de gracia a la negociación colectiva, los salarios no los fija el Ejecutivo por Real Decreto –otra verdad irrefutable- sino que se pactan entre empresas y trabajadores. O esta mujer empieza a mentirnos descaradamente o estamos perdidos.