El presidente de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha criticado mucho el registro de jornada que es obligatorio desde este pasado lunes en todas las empresas del país. Amor ha dicho una cosa que no se cree nadie -que es muy difícil controlar los horarios de los empleados-, otra que es muy razonable –que no es serio presentar una guía práctica de la aplicación de la norma el mismo día de su entrada en vigor- y una tercera que es completamente falsa cuando afirma que existe la presunción de que los empresarios son unos defraudadores.

Empezando por la falsa, no es verdad que se presuma que los empresarios timan con las horas extras, sino que se tiene la constancia empírica de que existe un fraude generalizado, que es lo que obliga precisamente a implantar un sistema de registro que permita actuar a la Inspección de Trabajo. Por lo demás, la existencia de un mecanismo que determine con exactitud el tiempo de trabajo no presupone que los empleadores abusen de los trabajadores y les obliguen a prolongar sus jornadas sin contraprestación, de la misma manera que la aplicación de controles sanitarios a los alimentos no es una muestra de desconfianza en los productores sino que se considera una garantía para vendedores y consumidores.

El registro de la jornada laboral debería haber sido una exigencia de los empresarios que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones salariales y tributarias ya que quienes imponen a sus empleados trabajar sin cobrar y eluden retratarse ante el Fisco representan una competencia desleal a los que abjuran de estas prácticas. No es presentable que el 44% de las horas extraordinarias –tres millones de horas a la semana- no se paguen ni con dinero ni con tiempo de descanso a quienes las realizan. Las cifras oficiales del segundo trimestre de 2018 muestran que de las 825.000 personas que prolongaron su jornada laboral, más de 360.000 no recibieron contraprestación alguna y 45.000 sólo una parte.

Para entender este ingente volumen de horas, las extraordinarias del citado periodo equivalen a 170.000 empleos a jornada completa y las no pagadas a cerca de 75.000. La brecha de género también está presente en este descomunal fraude: más de la mitad de las horas extras que realizan mujeres no se pagan frente al 40% de las de los hombres.

Un reciente estudio de CCOO describe la incidencia de estas horas extras no pagadas por sectores. A la cabeza del ranking están las actividades financieras y seguros (el 94% de las horas extras no se pagan), las inmobiliarias (el 89%) y las científicas y técnicas (el 85%). En la Administración pública, Defensa y Seguridad Social no se abonan el 45% de estas prolongaciones de jornada. Por comunidades autónomas y en términos absolutos, cuatro comunidades –Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía- concentran las principales bolsas de fraude: dos de cada tres horas no se remuneran.

Nadie niega que la implantación del registro creará inconvenientes y que habrá que tener en cuenta las circunstancias especiales de algunas ocupaciones, ya sea porque se realizan fuera de los centros de trabajo o porque pueden poner en cuestión el derecho a la intimidad o a la desconexión al precisar medios remotos de control. Quienes hablan de que el control del tiempo de trabajo es una regresión en esta sociedad tan moderna, tecnológica y globalizada es porque ignoran los abusos que se cometen o, precisamente, porque los conocen muy bien.

Regresión sería consentir esta situación de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, que afecta directamente sobre los derechos de los trabajadores en lo que se refiere a cotizaciones por desempleo y jubilación. Regresión sería no establecer instrumentos que permitan aflorar esta parte de la economía sumergida que, por la disuasión de las sanciones, implicará la creación de nuevos puestos de trabajo.

Volviendo a la primera queja de Lorenzo Amor, no hay empresa grande o pequeña que no controle exhaustivamente el tiempo de trabajo de sus empleados. Lo que se les exige ahora es tener a disposición de la Inspección de Trabajo el registro diario correspondiente y conservar los datos de los últimos cuatro años. Pueden hacerlo como quieran, ya sea con una firma en una hoja de papel o con el iris de los ojos. Más difícil les será dejar de pagar por las horas extras o hacerlo en negro perjudicando a la sociedad en su conjunto. Los empresarios que cumplen con sus obligaciones están de enhorabuena.