Ni Torra como presidente de la Generalitat, ni Torrent como presidente del parlamento catalán, parecen que que se dispongan a ceder en su lucha por el disputado escaño que el primero ha perdido por la reciente decisión de la Junta Electoral Central avalada por el Tribunal Supremo. Lo que lleva, más pronto que tarde, a la ruptura política de la coalición soberanista que gobierna Cataluña. Por un lado, Junts per Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular defendiendo la condición de diputado de Quim Torra, y por otro, Esquerra Republicana contraria a desobedecer su inhabilitación. Al negarle el derecho a votar al presidente de la Generalitat, sus socios abren una grave crisis política en la Generalitat como evidencia que ni uno ni otro han votado sus propios presupuestos. Crisis que a nadie escapa paraliza la política del Gobierno en la medida que no hay interlocutor válido al otro lado de la mesa de diálogo. Torra inhabilitado, Sánchez paralizado

Torra no puede admitir ser el chivo expiatorio del dialogo del PSOE con Esquerra Republicana, ni Torrent desafiar a Madrid donde negocian desde noviembre. Salvo un viraje republicano, nunca descartable en el alambicado escenario catalán, todo parece apuntar a la apertura de urnas catalanas que solvente cuál de las dos fuerzas soberanistas es la hegemónica en la sociedad catalana. El fantasma electoral, que no ha dejado de planear sobre Barcelona el último trimestre, es ya mucho más que un espectro político e irá cobrando forma en las próximas semanas o meses. Ni Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana deseaban que tomara cuerpo aquí y ahora, pero la judicialización de la política catalana decidida desde Madrid es imparable.

Tanto que la agenda de Sánchez ya no puede ser la que era. Ni la entrevista con Quim Torra en la Generalitat, ni la puesta en marcha de la Mesa de Diálogo. Lógicamente, la Moncloa ya no sabe hoy si se mantiene la fecha de primeros de febrero, ni tampoco si el interlocutor será o no quien iba a serlo. Tampoco puede fijar la cita de la Mesa de Dialogo, ya retrasada sobre el primer objetivo de celebrarla unos quince días después de la formación del Gobierno Sánchez, porque es imposible sin el previo encuentro del Govern catalán con el Gobierno central. Ni Pedro Sánchez ni Junqueras calculaban este súbito retraso imprevisto provocado por la irrupción de la JEC con el nihil obstat del Tribunal Supremo.

¿Cómo negociar en la Mesa de Diálogo en vísperas o durante un proceso electoral? ¿Puede ERC aceptar un acuerdo con el PSOE en medio de una confrontación electoral con Junts per Catalunya que le devolverá las 155 monedas de plata a Rufián? Lo que hoy se vive en Madrid, muy anegada por oleadas de demagogia, se vivirá elevado a la enésima potencia en Barcelona. Desde Perpignan, Puigdemont pasará la factura de aquel octubre de 2017 al prisionero de Lledoners y los posibles, probables o reales pactos con el PSOE serán leídos en función de las estrategias políticas de JxCat como son leídos en Madrid por el Consejo General del Poder Judicial. Los nacionalismos, español y catalán, volverán a retroalimentarse.

Algo así debía intuir Pedro Sánchez cuando la semana pasada dilataba hasta septiembre la aprobación de los Presupuestos del Estado, prácticamente elaborados desde enero de 2018. Fue el mismo Gabriel Rufián quien tras vetarlos abrió la sucesiva convocatoria de las elecciones generales. No será, pues, nada sencillo que ERC vaya a votarlos ahora, cuando está en puertas de unas elecciones catalanas vitales para sus muy sólidas aspiraciones. O los republicanos asumen abiertamente la defensa de un cierto consenso social con los socialistas, o corren el serio riesgo de que las urnas acaben desmintiendo los pronósticos favorables que les dan los sondeos.

La cuestión de las cuestiones para Pedro Sánchez es que ya no depende sólo de ERC sino también de las urnas catalanas. Si complicado es el acuerdo con los republicanos, como se viene viendo desde el pasado otoño, lo es más con la anunciada confrontación interna de las dos fuerzas soberanistas. Sin Mesa de Diálogo, sin unos Presupuestos aprobados, su mayoría parlamentaria será mucho más precaria y frágil de lo que es. Cataluña es como un callejón sin salida, porque el Consejo General del Poder Judicial tapa una de las salidas posibles y Junts per Catalunya empieza a tapar la otra, mientras el presidente del Gobierno sueña con 1400 días en la Moncloa. Pero antes hay que salir del laberinto catalán.