Alfredo del Río Casasola

Doctorando en economía de la UCM

Evidenciar las relaciones entre políticos, empresarios y periodistas que han protagonizado decenas de casos de corrupción. Presionar a los políticos posicionados en contra de frenar los desahucios y de hacer efectivos los alquileres sociales y la dación en pago retroactiva. Dos formas de presión “a domicilio” que distan mucho tanto en su contenido como en las personas que las han llevado a cabo. El TramaBUS, que por su coincidencia con la Operación Lezo ha adquirido una mayor incidencia mediática, ha sustituido a los escraches y manifestaciones en las que tantas personas participaron activamente para defender sus derechos. Tenemos ante nosotros el mejor ejemplo de cómo han evolucionado las formas de hacer política desde 2013 hasta la actualidad en el Estado español. Ello se debe a diversos elementos, de los cuales exponemos los más relevantes a nuestro juicio.

En primer lugar, la desmovilización social que ha tenido lugar debido a múltiples factores se puede observar claramente atendiendo a la evolución del número de manifestaciones y protestas. En 2013, se registraron casi 51.000 manifestaciones y concentraciones comunicadas a la Administración, el mayor número desde finales de la década pasada cuando se inició una de las crisis económicas más virulentas de la economía española posfranquista. En los siguientes años, la tendencia ha sido recurrentemente descendente hasta llegar a las 33.000[1] en 2016, lo que supone un 35% menos de reivindicaciones.

En segundo lugar, según la encuesta del CIS sobre los principales problemas existentes en España se evidencia cómo, entre 2013 y 2016, se ha incrementado la preocupación sobre la corrupción en más de un 7% mientras que en el apartado sobre los problemas de índole económica se ha registrado un descenso de casi un 10%[2]. A pesar de que la participación de los asalariados sobre el total de la renta nacional no se ha recuperado tras el gran retroceso de los años posteriores al estallido de la crisis de 2008[3], los encuestados asignan en marzo de 2017 la mitad de relevancia a los problemas económicos que a la corrupción. Evidentemente la corrupción debe ser un elemento a erradicar pero no confundamos la potencialidad de tal hecho ya que éste no reduciría la creciente desigualdad, ni daría empleo a los más de 3,5 millones de personas que siguen en desempleo[4].

En tercer lugar, el escenario y los participantes de las reivindicaciones han cambiado. Hemos pasado de ver a cientos de miles de personas en las calles de las grandes ciudades españolas, sufriendo en muchos casos la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, a observar pasivamente las declaraciones y actos de partidos políticos en los que la voz queda aglutinada en unas pocas caras conocidas. Los diferentes movimientos sociales generados en base a dinámicas muy diversas han sido eclipsados por aquello que la democracia representativa desea controlar y dirigir, el poder popular.

En todos los elementos mencionados previamente, la irrupción de Podemos en 2014 tiene una influencia clara. Tras los primeros años de crisis económica e incapacidad de conseguir cambios generales a favor de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras residentes en el Estado español, muchas personas confiaron en Podemos como la vía para generar tales cambios. También fue esa idea la que vendió el partido político ante la opinión pública (“El gobierno del cambio”[5]). Actualmente, el TramaBUS nos muestra como quienes ostentan cargos en el Congreso o Senado, sólo ellos y ellas, aglutinan la voz y la decisión sobre las formas y el contenido de la lucha por nuestros derechos. Por ello, tal y como ha sucedido el 25 de abril frente a la sede del PP, ha llegado la hora de retomar las movilizaciones organizadas y lideradas por la mayoría social con el objetivo de expulsar a este gobierno y, al menos, reconstruir los derechos sociales básicos.

[1] https://politica.elpais.com/politica/2017/04/14/actualidad/1492185621_871646.html

[2] Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

[3] Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9376&L=0

[4] Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/

[5] https://politica.elpais.com/politica/2016/01/24/actualidad/1453660293_352459.html