Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

Una constante percepción que el establishment político español (basado en la capital del reino, Madrid) promueve a través de los muchos medios de información y persuasión que tiene a su alcance es que la transición de la dictadura a la democracia en este país fue modélica, dando como resultado un Estado democrático considerado homologable a cualquier Estado democrático en la Unión Europea. Tal interpretación de aquel proceso –que duró tres años– continúa hoy en el establishment político-mediático español, que se sorprende de la actitud crítica hacia el Estado español por parte de varios tribunales europeos en su tratamiento de los presos políticos de sensibilidad independentista, los cuales dicho establishment considera que están encarcelados no por causas políticas sino por causas meramente jurídicas.

Lo que es sorprendente es que esta postura sea también ampliamente compartida por una gran mayoría de las izquierdas españolas, incluyendo algunos dirigentes de lo que fue la resistencia antifranquista, como Nicolás Sartorius, fundador en su día de Comisiones Obreras y que fue dirigente del Partido Comunista durante la Transición, aun cuando hoy está más bien en la órbita del PSOE, siendo hasta hace poco vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. En una reciente entrevista en eldiario.es (02.10.18) critica a las nuevas izquierdas (desde Podemos hasta En Marea, En Comú Podem y otros) por no haber entendido que la Transición –según él, y en contra de lo que dicen tales nuevas izquierdas– “fue una revolución porque la Constitución de 1978 representa una ruptura completa con las normas de la dictadura”, creándose “una democracia homologable a cualquier democracia occidental”. Tal Transición, que según Sartorius fue “una operación de éxito”, terminó con la Constitución de 1978 cuando “el 6 de diciembre [de aquel año] el pueblo español vota una Constitución democrática. Los partidos políticos y los sindicatos son legales, hay libertad de expresión, de manifestación y huelga. Ahí acaba la transición de una dictadura a una democracia”. Nicolás Sartorius reconoce el mérito en algunas críticas a la democracia, como su olvido de la memoria histórica, pero no admite que tales errores puedan estar enraizados en la Transición, a la que considera modélica y ejemplar, sino a los gobiernos que la siguieron, errores que él considera coyunturales y no estructurales del sistema democrático español.

Crítico con el independentismo catalán, apoya en tal entrevista la aplicación del 155 a la Generalitat de Catalunya por parte del gobierno de Mariano Rajoy, pues las decisiones tomadas por el Parlamento catalán el 6 y 7 de septiembre de 2017 rompieron con la Constitución española y con el Estatuto de Catalunya, mereciendo, por lo tanto, una sanción que considera necesaria. Es también crítico con las nuevas izquierdas y con el movimiento –el 15-M– que las generó. Según él “el 15-M no es causa de nada (…). Hay un gran descontento y los partidos tradicionales no dan respuestas”. Y en este sentido fue “un revulsivo positivo”, pero equivocado, pues, repite, no entendió ni la Transición ni la democracia establecida, que las nuevas izquierdas definen como el “régimen del 78”, expresión que molesta a Sartorius, pues desmerece y cuestiona el carácter democrático del Estado actual (pues el término régimen parece insinuar un elemento de semejanza con el régimen anterior) producido por la modélica Transición.

Respuesta a Nicolás Sartorius: las declaraciones con las que estoy de acuerdo

Quisiera aclarar, ya desde el principio, que como miembro también de la resistencia antifranquista desde los años cincuenta y sesenta, estoy muy de acuerdo con lo que Nicolás Sartorius (al cual conozco y tengo gran respeto y estima) y Alberto Sabio, en su libro El final de la dictadura, escribieron mostrando la falacia de que la democracia la habían traído a España el rey Juan Carlos y el presidente Suárez. Tal libro documenta de una manera clara y convincente que fueron las movilizaciones de las clases populares en general y de la clase trabajadora en particular las que forzaron el final de la dictadura. La evidencia –deliberadamente ocultada por las derechas y olvidada por las izquierdas– es abrumadora en este sentido. Ambos autores hicieron un gran servicio a la causa democrática denunciando y mostrando la gran falsedad de quienes supuestamente trajeron la democracia, falsedad que continúa reproduciéndose por parte del establishment político-mediático español.

También subrayo y aplaudo la necesidad que resalta Nicolás Sartorius de recuperar la memoria histórica de uno de los regímenes más brutales y crueles que haya habido en la Europa Occidental durante el siglo XX. Según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia, experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que cometió el régimen liderado por Mussolini en Italia, el régimen de Franco cometió 10.000.

El contraste de la actuación de los gobiernos europeos democráticos en los países que sufrieron regímenes dictatoriales semejantes al español hacia los miembros de la resistencia antifascista en aquellos países, y la que mostró el gobierno democrático español hacia sus resistentes antifascistas es abrumadora, vergonzosa y un indicador de la escasa vocación democrática de este último. Ejemplos de ello hay miles. El Estado democrático francés, por ejemplo, honró a los españoles que (tras ser derrotados por las tropas fascistas en España) lucharon contra el nazismo en Francia. Muchos murieron (incluyendo familiares míos) sin que nunca el Estado supuestamente democrático español los reconociera y les diera las gracias por haber luchado por la democracia en este país. Y el máximo responsable de tanta represión, brutalidad y del gran retraso social, político y económico español (el general Franco), ha continuado teniendo un gran monumento en el Valle de los Caídos hasta el día de hoy. Aplaudo, por lo tanto, la crítica que Nicolás Sartorius hace al Estado español por su olvido. Pero me sorprende que, al llamar y definir como modélica aquella transición y al considerar como homologable la democracia existente con la que hay en la mayoría de países de la Europa occidental, no parece apercibirse que este olvido de las víctimas de la represión fascista está directamente relacionado con el excesivo poder que los herederos y sucesores de las fuerzas políticas que controlaron aquel régimen dictatorial tienen sobre el Estado democrático actual, consecuencia del enorme desequilibrio de fuerzas que hubo durante la Transición, con las derechas (en el panorama político europeo, equivalentes a las ultraderechas) ejerciendo una enorme influencia que determinó una democracia muy incompleta, la cual generó un bienestar muy insuficiente (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2009, en el que documento tales limitaciones e insuficiencias).

Mis desacuerdos con Nicolás Sartorius y con la percepción generalizada de la Transición que tiene el establishment político-mediático español

Las movilizaciones obreras que Sartorius y Sabio documentan en su libro fueron esenciales para forzar el fin de la dictadura. Pero no fueron suficientemente fuertes como para romper con el Estado dictatorial. El Estado democrático se estableció sobre el Estado dictatorial que lo precedió. En realidad, las mismas fuerzas políticas que dominaban los aparatos del Estado dictatorial continuaron dominando el Estado: no solo las fuerzas armadas y los aparatos represores –la policía y la judicatura–, sino todos los aparatos de comunicación y persuasivos (bien directa o indirectamente a través de la intervención del Estado central). Tanto el Jefe del Estado –nombrado por el dictador– como toda la clase dirigente del Estado –el funcionariado– eran los mismos que habían jurado “lealtad al Movimiento”. En las universidades, el cuerpo de catedráticos que tambié había hecho aquel juramento continuó funcionando con las redes establecidas durante la dictadura, y así un largo etcétera.

La Transición no fue ruptura con el régimen dictatorial anterior

Hablar de ruptura (la transición de un Estado dictatorial a un Estado democrático que se inició a partir de la aprobación de la Constitución) me parece un error mayúsculo que lleva a no entender bien lo que ha estado ocurriendo en España durante el periodo democrático, ni lo que está pasando ahora en Catalunya. Es bien cierto que aquel Estado se abrió y dio cabida a un bipartidismo, pero incluso dentro del bipartidismo la derecha española continuó dominando la gran mayoría del Estado, perpetuándose tal dominio a través de un sistema electoral muy poco proporcional y, por lo tanto, poco democrático. La evidencia de tal dominio es abrumadora. Tal como señala el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en Crisis constitucional e impulso constituyente. Diálogos sobre España (Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, 2018; p. 15), “los elementos del sistema electoral del Congreso –es decir, el número total de escaños, su distribución por provincias con un mínimo de dos en cada una de ellas y la fórmula d’Hondt para la atribución de escaños– desequilibran el sistema en una doble dirección: hacia la derecha, por un lado, y hacia el bipartidismo, por otro. Por su parte, el Senado es materialmente anticonstitucional. No es formalmente anticonstitucional, porque está en la Constitución; pero sí lo es materialmente, porque supone una negación del principio de igualdad, que es lo que constituye un Estado como un Estado constitucional”.

Ni que decir tiene que la Transición dio pie a cambios muy importantes

Ni que decir tiene que la Transición dio pie a que tuvieran lugar cambios de gran envergadura (sobre todo en los años de gobierno del PSOE). Sería absurdo desmerecer las grandes conquistas sociales, económicas y políticas conseguidas que se dieron en el periodo democrático postdicatorial. Pero igualmente absurdo sería negar que la democracia española continúa siendo muy incompleta, debido al desequilibrio de fuerzas existente en la Transición. La ley electoral no ha cambiado ni un ápice durante el periodo democrático. Como consecuencia las derechas tienen una enorme sobrerrepresentación en el aparato del Estado (incluyendo en Catalunya, cuando el pujolismo hizo suya tal ley electoral, escasamente democrática, cuando tuvo la posibilidad de cambiarla). Y el bienestar continúa siendo muy insuficiente. Cuarenta años de democracia y todavía estamos a la cola de la UE en el gasto público social per cápita, con uno de los menores gastos públicos en los servicios y transferencia del escasamente financiado Estado del Bienestar. España, por su nivel de riqueza, debería gastarse unos 66.000 millones de euros más en su Estado del Bienestar. Y España continúa siendo uno de los países con mayores desigualdades de la Europa occidental, como resultado del enorme poder de la clase capitalista (término que ya no se utiliza por ser considerado –por el establishment político español– anticuado) a costa del escaso poder de las clases populares. Creerse que todo ello no tiene nada que ver con la manera como se hizo la Transición me parece un enorme error.

La uninacionalidad de España que caracteriza el Estado monárquico dificulta la resolución del mal llamado “problema catalán”

Esta visión de España, característica de las derechas españolas, ha sido la dominante, habiendo sido imposible de cambiar con la ley electoral actual, que determina que el Senado esté controlado por los herederos del régimen dictatorial anterior (con sólo un 33% del voto), y con la judicatura dominada también por las derechas. No simpatizo con el bloque independentista gobernante en la Generalitat de Catalunya, cuyo comportamiento he criticado extensamente (ver mi artículo “Fake news que aparecen en el discurso unionista e independentista”, Público, 20.09.18), y considero la declaración de independencia profundamente antidemocrática (no solo por su unilateralidad, sino también por no tener el apoyo mayoritario de la población catalana). Pero castigar a toda la población catalana (que no apoyaba aquella declaración de independencia) con la aplicación del 155 me parece también profundamente antidemocrático, ya que la Generalitat pasó a ser gobernada por el Estado bajo la gestión del partido gobernante en España, el PP (un partido muy minoritario en Catalunya).

Los dirigentes independentistas que nos llevaron a tal situación deber ser sancionados pero no con prisión, ya que eso los transforma en presos políticos, “mártires” de la causa independentista, con una enorme capacidad de movilización (la torpeza del Estado español alcanza niveles abrumadores). Una sanción político-administrativa para no autorizarlos a que desarrollen sus propuestas a través de medidas claramente antidemocráticas hubiera sido más eficaz. En realidad, para el bloque independentista no hay nada que les vaya mejor que continuar con las tensiones. No hay plena conciencia en el establishment político-mediático español de que la principal causa del crecimiento del independentismo ha sido el Estado español. El comportamiento antidemocrático del Tribunal Constitucional, que vetó lo que se había aprobado por parte del Parlament, de las Cortes y por el 74% de los catalanes que participaron en el referéndum del Estatuto, originó tal crecimiento.

Este buen resumen de las enormes limitaciones democráticas del Estado español no puede terminarse sin hablar de la corrupción generalizada en el Estado español, que está también enraizada en la práctica dominante en el régimen dictatorial y que continuó en el Estado actual, práctica que existió desde el principio. Fue nada menos que el Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, el que pidió al Sah de Persia diez millones de dólares para financiar la campaña del candidato Adolfo Suárez, mostrando su clara capacidad corruptora y antidemocrática. Otro síntoma, entre miles, del carácter antidemocrático de la monarquía española fue el traslado de poderes de Juan Carlos a Felipe VI, que se realizó primero en la esfera familiar y solo más tarde a nivel de las Cortes (ver el libro de Pablo Iglesias y Javier Pérez Royo Crisis constitucional e impulso constituyente. Diálogos sobre España. Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, 2018).

¿El fin del régimen del 78?

En contra de lo que considera Nicolás Sartorius, el 15-M fue un tsunami político en España que inició una nueva etapa que rompió el esquema bipartidista del régimen anterior, iniciándose cambios políticos, culturales y de expectativas populares que claramente están transformando España, generando toda una serie de demandas que exigen la resolución de lo dejado por resolver en la Transición que Sartorius define erróneamente como modélica. Uno de los ejes centrales en esas demandas es la democratización profunda que hubiera requerido una ruptura (que no ocurrió) en 1978. Ello, pues, demanda desde un cambio de las instituciones representativas para que sean auténticamente representativas, hasta un cambio en el sistema electoral y en la naturaleza del Estado y de sus aparatos, y naturalmente de la Constitución, para que esta recoja los derechos sociales, ambientales, económicos y políticos, eliminando cualquier freno a tal desarrollo -como el nefasto artículo 135- con mayor intervencionismo del Estado (sea este central, autonómico o local) en las áreas clave de la economía, desde el sistema financiero hasta el energético.

Y como parte de este cambio democrático radical hay que eliminar la estrecha relación entre los poderes fácticos y el poder político. La ligazón entre tales poderes financieros y económicos y el poder político ha alcanzado su máxima expresión en las derechas de España, incluyendo en Catalunya. Uno de los hombres de Endesa (una de las compañías energéticas responsables de que la energía en España sea de las más caras de la UE) en Catalunya fue el Sr. David Madí, uno de los cerebros del “procés” que estaba en el gobierno del Sr. Artur Mas, jefe del pujolismo en Catalunya (ver p. 40 en el libro de Pablo Iglesias y Javier Pérez Royo). Si se hubieran hecho estos cambios en 1978, España sería hoy muy distinta. Esto es lo que las nuevas izquierdas están intentando, con la colaboración de muchas otras fuerzas políticas y sociales que comparten esta visión. Así de claro.