RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

La cacería contra el juez Garzón disfrazada de procedimiento legal persigue tres objetivos relacionados entre sí pero de muy distinto alcance.

El de menos, a fuer de sabido y tradicional, es que se trate de la acostumbrada exhibición del pecado nacional de la envidia. Cuanto más independiente, auténtico, original o brillante sea alguien, más se empeñará la caterva de mediocres –empezando por los de su oficio– en silenciarlo y acabarlo. Gentes sin el menor relieve profesional o humano recurrirán a triquiñuelas de rábula en un procedimiento por razón de la persona a ver si acaban con quien, teniendo sus defectos, como todo ser humano, ha mostrado una audacia, integridad, agudeza de juicio y sentido de la justicia que se celebran allende pero no aquende las fronteras.

De mayor alcance es el hecho de que en esta persecución personal aparezca la larga mano del PP, que considera ahora que el breve paso del juez por el PSOE lo inhabilita para cuanto emprenda sin que adujera tal circunstancia cuando aquel instruía el caso GAL y la militancia estaba más reciente. Que Trillo, precisamente el ex ministro del Yak-42, acuse de prevaricación a Garzón prueba que no se trata sólo del juez por el juez sino de encontrar un pretexto para pedir la anulación de lo actuado en el caso Gürtel, muestra evidente del maridaje entre la delincuencia y la política de partido.

Lo más importante es el aspecto general, en el que la figura del juez mismo resulta ya del todo irrelevante porque de lo que se trata es de que los herederos ideológicos del franquismo, con la ayuda de magistrados de análoga orientación doctrinal, hagan en su persona un escarmiento para todos aquellos que crean que pueden ya por fin aclararse las responsabilidades de cada cual en los crímenes de la dictadura.

La Transición fue mansa con el franquismo y no depuró los aparatos represivos de su régimen. Al contrario, los amnistió. En sus puestos siguieron los torturadores de la Brigada Político-Social y los farsantes del Tribunal de Orden Público, que condenaban a largas penas de cárcel por delitos consistentes en ejercitar derechos fundamentales reconocidos en cualquier otro lugar, como los de asociación o expresión, por no hablar de los tribunales militares que mandaban fusilar por lo mismo. Al ver que, contra lo que cabía esperar, la democracia no los represaliaba, se crecieron y de ahí vienen los grupos parapoliciales, del Batallón Vasco Español (BVE) a los GAL, y esos jueces cuyas decisiones tratan de resucitar y legitimar la memoria de un régimen delictivo al que juraron lealtad.

Si quienes han iniciado, admitido e investigado esta agresión al juez Garzón siguen adelante con su empeño habrán blindado la iniquidad histórica de aquella dictadura cuya sórdida herencia mancillará la legitimidad de origen de la democracia, cosa que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Y habrán conseguido también que, a los 35 años de la muerte del tirano, sus víctimas sigan en las fosas comunes de la ignominia después de que, como al campesino de la parábola de Kafka, se les cierren las puertas de la ley y la justicia.