JOSÉ MANUEL NAREDO

Estadístico

Es una vergüenza que, tras tanto declarar intocable la Constitución para ahogar exigencias de cambio en cuestiones políticas relevantes, de pronto el Gobierno pretenda reformarla al dictado de unos mercados que, al parecer hablan y escriben cartas en la sombra. Después de haber concebido hace seis lustros la Constitución en la trastienda de los partidos políticos, negando a la ciudadanía la posibilidad de participar en un verdadero proceso constituyente, el consenso decae y la opacidad y el secretismo aumentan hoy a la hora de reformarla. La sarta de incoherencias es tal que la reforma se ha precipitado pretextando razones de urgencia, cuando entraría en vigor en 2018-2020. Y, para colmo, quien impone ahora un límite al déficit presupuestario es el mismo Gobierno que lo vino incumpliendo, siguiendo el cínico mandato que reza: haz lo que digo, sin fijarte en lo que hago. Bien es verdad que el mero hecho de incluir en la Constitución esta limitación –ya vigente en el Tratado de Maastricht– tampoco asegura su cumplimiento, como ilustra la cotidiana inobservancia del derecho a la vivienda…o al trabajo digno, presentes en la Carta Magna.

Sea o no un mero gesto ceremonial ingenuamente orientado a aplacar a los “mercados”, el desafortunado empeño de reforma tiene la virtud de evidenciar que la Constitución, lejos de ser inmutable, es claramente reformable. Este recordatorio es importante cuando va a hacer 33 años que la Constitución se pactó al margen de la ciudadanía entre políticos del antiguo y del nuevo régimen y se presentó llave en mano a refrendo tras desatar una enorme campaña intimidatoria a favor del voto afirmativo. Pese a ello, sólo la apoyó el 59 % del censo electoral, con notables diferencias territoriales: en Euskadi ni siquiera la aprobó la mitad del censo y en Guipúzcoa sólo el 30 %. Desde entonces, venimos sufriendo las limitaciones y sesgos del actual orden constitucional, que respaldó la refundación monárquica (y oligárquica) ideada por Franco, a costa de otorgar poder a los partidos políticos cómplices y de ningunear a la ciudadanía. Ya va siendo hora de revisar este compromiso constitucional arcaico para promover de verdad la participación y las buenas prácticas democráticas.