RAMÓN COTARELO

Areserva de lo que decidan finalmente el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos en el caso de que los partidarios de la objeción a Educación para la Ciudadanía recurran la decisión del Tribunal Supremo, este ha zanjado la increíble polémica montada por la cerrada y numantina oposición del Partido Popular y la Iglesia católica que traía ecos de los autos de fe. Hace poco decía monseñor Cañizares que quien colabore con Educación para la Ciudadanía estará colaborando con el maligno.

Según parece, el alto Tribunal no ha abordado el espinoso asunto de la existencia de un derecho genérico a la objeción de conciencia que no esté específicamente amparado en cada norma concreta. Ya es discutible que asista a los ciudadanos tal derecho, que atenta contra el principio de la obligatoriedad del cumplimiento de la ley; pero lo que es obvio, al tiempo que un esperpento, es que las instituciones públicas, como algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, recurran a la objeción de conciencia. Primero, porque las instituciones no tienen conciencia, y segundo, porque eso es un fraude al Estado de derecho y un intento de

conseguir en la calle lo que no obtienen en el Parlamento.

El Tribunal Supremo se ha limitado a decir que, dado que los contenidos a los que los recurrentes objetan no vulneran el derecho a la libertad de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, no ha lugar a la objeción de conciencia. Es la vía más sencilla; aun así se anuncian siete votos particulares que, junto a los dos días y medio de deliberaciones, demuestran que el asunto es controvertido.

Pero ello es así porque se quiere. La Ley Orgánica de Educación de 2006 y el Real Decreto que desarrolla los contenidos de la asignatura son impecablemente constitucionales. Aun así, al parecer el Supremo se cura en salud advirtiendo, innecesariamente a mi juicio, que habrá que estar vigilantes para que esta asignatura no se preste al adoctrinamiento. Precaución que puede ser causa de posteriores contenciosos que, sin duda, irán apagándose

con el tiempo.

Carece de sentido que España siga siendo la excepción de Europa y el mundo civilizado. Todos los países occidentales tienen esta asignatura en el currículo escolar (Civic Culture en Gran Bretaña, Éducation civique en Francia, Educazione civica en Italia, Sozialkunde o Politische Bildung en Alemania) y hasta la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) prevé una Civic Culture en los sistemas educativos de los países en desarrollo, por no hablar de la

recomendación del Consejo Europeo en este sentido.

Sobre todo produce irritación que sean la Iglesia y los herederos espirituales del nacionalcatolicismo, que estuvieron 40 años adoctrinando con clases obligatorias de religión y de Formación del Espíritu Nacional –que era una materia típicamente fascista–, quienes pretendan erigirse en salvaguardia de un derecho a la libertad de elección paterna que nadie amenaza. Especialmente si se recuerda que la citada Ley Orgánica, además, prevé que los centros impartan clase de religión en régimen voluntario y no evaluable. ¿Qué libertad está aquí conculcándose si no es la de una minoría de imponer sus

criterios a la mayoría?

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas