Se propone el PP -o eso ha hecho saber- recabar apoyos en pos de una reforma legislativa que obligue a estar identificados a los usuarios de Internet para acabar de un plumazo con los acosos, calumnias y chantajes que se destilan en las redes sociales bajo el paraguas del anonimato y, ya de paso, dificultar la propagación de noticias falsas por medio de esos robots que, al parecer, proliferan en la tundra rusa. El vocero de la iniciativa, Rafael Hernando, sigue los pasos de China, que desde el pasado 1 de octubre prohíbe la participación anónima en el ciberespacio y obliga a los proveedores de servicios a ejercer de policías de la Red con la misión de perseguir a quienes cuestionen la unidad de la patria, dañen sus intereses, inciten al odio, propaguen rumores, difundan pornografía, calumnien, violen cualquier ley y, por supuesto, revelen secretos de Estado o pongan en peligro la seguridad nacional.

La propuesta no dejará de tener partidarios porque es verdad que hay mucho energúmeno camuflado y una legión de profesionales del odio a tiempo completo, aunque se olvida que el anonimato es inherente a la democracia y que la propia elección de los gobernantes se basa en el voto secreto, anónimo en la medida en que impide asociar elector y papeleta y que es el que hace posible que el sufragio sea realmente libre. El anonimato distingue pues a las democracias de China.

Lejos de ser proscrita, esta práctica que tanto se denuesta debería estar fuertemente protegida. Ocultar la identidad personal es la única salvaguarda para ejercer la libertad de expresión en entornos hostiles, no sólo en las dictaduras. Permite, por ejemplo, que un trabajador denuncie las malas prácticas de su empresario sin temor a ser despedido, que un policía municipal desvele los comentarios nazis y racistas de sus compañeros o que se conozcan actividades delictivas de partidos políticos, administraciones y corporaciones. La posibilidad del anonimato es una garantía contra los abusos y hasta una forma de combatir la delincuencia.

Así lo entiende, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que hace ya tiempo habilitó un buzón de lucha contra el fraude para comunicar a la Inspección los incumplimientos de la normativa en materia, laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos. “El comunicante –se explicita en la web del Departamento- no tendrá que aportar ningún dato personal”. O la propia Agencia Tributaria, que en 2016 acumuló más de 12.000 denuncias de contribuyentes, muchas de ellas anónimas. La delación no precisa de nombres y apellidos.

Tampoco se manifestó contra el anonimato la subcomisión parlamentaria sobre redes sociales, que finalizó sus trabajos en marzo de 2015 sin dar cuenta en sus conclusiones de semejante propósito o, si se prefiere, despropósito. Sí recomendaba, en cambio, evitar la sobrerregulación, al entender que las leyes generales ya prevén castigos para las conductas delictivas. Todo lo más se sugería adaptar al entorno digital la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la propia Imagen, “con especial atención a la notoriedad y vulnerabilidad de las personas ofendidas”.

Quienes defienden la prohibición parten del falso supuesto de que existe realmente el anonimato, cuando la realidad es que los métodos de identificación han avanzado de tal forma que resulta tremendamente difícil ocultar la identidad incluso con sistemas avanzados de encriptación. Precisamente, lo que hoy está en cuestión es cómo proteger la confidencialidad de las comunicaciones por Internet y el tráfico que realizan los usuarios, cuyos datos se han convertido en mercancía que se vende al mejor postor.

Estamos ante un derecho que han de tener hasta los trolls y no ante un escudo para la injuria. Basta con repasar el catálogo de resoluciones judiciales para confirmar que quienes han sobrepasado los límites han sido condenados, aunque el celo persecutorio haya ido por barrios y se hayan excedidos todos los límites en algunos casos sangrantes, donde se ha demonizado la ironía, el humor negro y el activismo político.

El camino por el que quiere transitar el PP conduce a un Estado policial capaz de hacer posible la peor de las pesadillas orwellianas, donde por principio los ciudadanos son potenciales delincuentes cuya libertad ha de restringirse para anticiparse a la comisión de sus fechorías. Nadie niega el daño que puede causar la inquina de los rabiosos ni el sufrimiento de las víctimas de su acoso, pero corresponde a los jueces determinar si sus conductas merecen o no reproche penal. El control total a lo Gran Hermano sólo es posible si se renuncia a la propia esencia de la democracia.

Vincular el anonimato con la desinformación en Internet y considerar a ésta como una amenaza a la seguridad nacional en su versión de “guerra híbrida” es una añagaza más. Ni Rusia ni Trump han inventado eso que se ha dado en llamar posverdad que, por otra parte, siempre nos ha acompañado. Manipular la opinión pública es uno de los deportes preferidos del poder en todas sus manifestaciones y de los medios pretendidamente serios que se han visto desprovistos del monopolio de la información y hasta del de la mentira. Lo que ha trastocado Internet no es el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz –que, lejos de estrecharse, se ha agrandado- sino los planes de negocio de algunos.