El TTIP, una pérdida de derechos

Hemos conmemorado el día internacional de la mujer como recordatorio de lo mucho que aún hay pendiente en materia de derechos e igualdad de género. La UNESCO facilita datos que revelan estas desigualdades: en las 500 empresas más grandes del mundo las mujeres ocupan menos del 4% en el cargo de gerente; representan dos tercios de los ciudadanos más pobres del mundo; tienen baja representación en disciplinas científicas y tecnológicas, tan sólo el 29% de los investigadores del mundo son mujeres; dos tercios de los 774 millones de personas analfabetas en el mundo son mujeres, proporción que no ha cambiado en dos décadas. Datos que constatan la desproporcionalidad aún existente, que se agravará más si no paramos ese fraude llamado TTIP, Tratado trasatlántico para el comercio y la inversión.

Un tratado que conllevará la armonización de las leyes entre ambas potencias comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea, a espaldas de la ciudadanía, con el propósito de liberalizar los mercados financieros y crear la zona de libre comercio más grande del mundo. Evidentemente, esta armonización legislativa, unificación de las leyes a ambos lados del Atlántico, se realizará a la baja, o sea, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones. Estados Unidos sigue sin ratificar ni la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW) ni el protocolo que permite a personas o asociaciones elevar al Comité CEDAW denuncias posviolación de la Convención, cuando no encuentren en su país tutela judicial o administrativa rápida y efectiva, y al Comité abrir de oficio un procedimiento de investigación por violación grave o sistémica de la Convención.

La CEDAW exige a los Estados Partes no sólo que no discriminen, declarando, en su artículo 15, que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer “se considerará nulo”, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación. Es el único tratado de derechos humanos que incluye el derecho de la mujer “a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos”, obligando a los Estados a incluirlo en su legislación y en el sistema educativo la educación afectivo-sexual, prohibiendo usar la maternidad como pretexto para la discriminación laboral u otras y obligando a reconocerla como función social.

Estados Unidos tampoco ha suscrito ocho convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que abordan derechos y prácticas sindicales de especial relevancia para las mujeres, como los que tienen que ver con la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la protección laboral de la maternidad, los derechos laborales y de protección social para personas trabajadoras en el empleo del hogar, el trabajo forzoso, el trabajo decente, o el derecho a la negociación colectiva… Esto conllevará una mayor precarización de la sociedad y un retroceso considerable en la lucha por la igualdad, agravándose las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y control de los bienes y recursos que proveen bienestar, empezando por el empleo. Si a este panorama le añadimos que el TTIP recortará servicios públicos se reforzará la división sexual del trabajo, uno de los pilares básicos del sistema patriarcal para subordinar a las mujeres.

El TTIP abrirá una nueva ola de privatizaciones de los servicios públicos, dejando éstos en manos de corporaciones trasnacionales. La universalidad y la calidad de los servicios públicos podrían estar en peligro. Algunas filtraciones del documento apuntan a una privatización del agua, la sanidad o la educación. A este respecto, el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) publicó un informe donde denuncia la confabulación secreta entre las multinacionales y los negociadores de la Comisión alertando del peligro que corren los servicios públicos si llega a ratificarse el acuerdo. Destacan la amenaza del tratado al poner en peligro la capacidad reguladora de los gobiernos, e incluso los derechos de los ciudadanos de acceder a servicios públicos como el agua, la salud o la energía, en aras de los beneficios corporativos.

Un tratado, el TTIP, que fortalecerá, aún más, la posición de la poderosa industria farmacéutica que podrá imponer medidas favorables a sus intereses como, por ejemplo, retrasar la entrada de genéricos en el mercado prolongando las patentes de los fármacos, reducir los requisitos para sus patentes, controlar las agencias estatales de evaluación de medicina y tecnología sanitaria, así como conseguir mayor influencia en los organismos estatales que fijan las políticas de precios, lo que podría incrementar el gasto sanitario de tal manera que hará insostenible la continuidad del sistema sanitario público y por lo tanto nuestro derecho a la salud. Nos equipararemos a Estados Unidos donde los derechos sociales no están garantizados por el Estado.

Este afán privatizador se extenderá a otros sectores como las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión, entre otros. Además bloquearán permanentemente la capacidad de los gobiernos de remunicipalizar o crear nuevos servicios públicos, restringiendo la capacidad de los gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones en proveer los servicios universales.

También se restringirán las capacidades de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales, por ejemplo, poniendo en riesgo algunas denominaciones de origen. Figuras de calidad reconocidas en Europa mientras que en Estados Unidos no son más que marcas genéricas lo que permitirá a sus productores utilizar nuestras denominaciones produciéndose un comercio engañoso para los consumidores. Amenazando la supervivencia de las PYMES, que en España dan trabajo al 66% del total de trabajadores, al tener que competir en igualdad de condiciones con multinacionales que se harán con los contratos públicos al gozar de mayores ventajas comparativas como la de ofrecer sus productos a precios más bajos dadas sus mayores economías de escala e imponiendo un modelo económico basado en la competitividad y salarios bajos que acabará con la mayor parte de las empresas locales. Además, el TTIP, fomentará la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal, a menudo, se ven obligados a hacer el mismo trabajo con peores condiciones laborales y salarios. Y no olvidemos, tal como ya comentamos (ver Mutis por el TTIP en la investidura), que podrán controlar a las autoridades municipales en la gestión de ayudas y subvenciones mediante la amenaza de demandas arbitrales.

Toda esta pérdida de derechos es insólita cuando ya existe libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se ve claramente que el objetivo del TTIP no es otro que controlar las regulaciones para mantener la pretensión neoliberal de mercados desregularizados, no sólo de capitales sino de bienes, servicios y de trabajo. El TTIP constituye la coartada perfecta para encadenar la democracia. Por eso es importante que, desde nuestras posibilidades, luchemos contra un acuerdo que no es para todos ni en beneficio de todos. La democracia la tenemos que construir día a día.

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