Francisco Trillo*

La digitalización es un hecho que está transformando en su conjunto las relaciones sociales, económicas y políticas. La conectividad, el acceso a mucha mayor cantidad de información y la inmediatez en las comunicaciones, junto a un redimensionamiento del espacio y el tiempo han generado una revolución en las relaciones sociales capaz de desmaterializar procesos sociales. La digitalización de la vida social ha ocasionado una nueva manera de entender las relaciones entre individual y colectivo. Existe una tendencia bastante marcada hacia una situación en la cual la socialización, lo colectivo, tiene lugar preferentemente en lo virtual, produciéndose una individualización de las relaciones sociales que tienen lugar en el mundo físico. No nos corresponde introducir valoraciones sobre este proceso, pero sí destacar que la tecnología y su uso forman parte de un proceso sociocultural dinámico que participa de los principios y valores imperantes en las sociedades donde aquélla se desarrolla, y que albergan la potencialidad de conformar una identidad común a través de la tecnologización de la vida cotidiana.

En el ámbito de las relaciones de producción, este relato se presenta como una oportunidad de cambio, donde las tecnologías de la información y la comunicación se comportarían de forma unívoca para mejorar la sociedad actual. No solo se relaciona un determinado uso de la tecnología con la capacidad de descubrir nuevos espacios de negocio, sino que además se pretende conceder a ésta un efecto benéfico sobre la sociedad salarial capaz de enmendar determinadas situaciones ampliamente criticadas en el mundo del trabajo. No resulta extraño, por ejemplo, los intentos de asociar el uso de la tecnología con determinados cambios como el destierro de una de las ideas-fuerza más dramáticas para las sociedades ordenadas en torno al trabajo como es la transferencia del riesgo empresarial a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores a través de la exclusiva consideración de éstas como un simple factor de producción con el que asegurar un determinado nivel de beneficios.

No obstante las expectativas depositadas en la llamada economía digitalizada, lo cierto es que existen experiencias al respecto que cuestionan el marco teórico-propagandístico que lo acompaña, como se ha puesto de manifiesto esta semana en Barcelona o Madrid a propósito de los paros y manifestaciones de taxistas, que mostraban su enfado y preocupación por lo que califican de intrusismo laboral y competencia desleal por parte del servicio de transporte de viajeros en ciudad que prestan Uber o Cabify. El caso de Uber ejemplifica de forma más descarnada los conflictos económicos, sociales y laborales que se esconden detrás de este modelo de negocio basado en la creación de plataformas virtuales.

Por un lado, Uber mantiene una relación con el mercado donde se inserta en el que pretende encontrar una ventaja competitiva a través de obviar los requisitos legales que se imponen a los taxistas: licencia y tarifas. Este tipo de comportamiento empresarial, desde un punto de vista estrictamente mercantil, plantea un funcionamiento del mercado de bienes o servicios en los que se insertan este tipo de empresas que daría pábulo a una surte de dumping empresarial, que en última instancia redundaría en las condiciones de trabajo y de vida de los productores concretos, ya que genera una guerra de precios a la baja cuyo origen se localiza en demasiadas ocasiones en unas malas condiciones de trabajo y, por tanto con mucha probabilidad, en un servicio de baja calidad. Nada nuevo en el horizonte respecto de las relaciones actuales de producción bajo la “economía tradicional”.

Por otro lado, las relaciones en nuestro caso entre mercado y empresa presentan una particularidad que parece confirmar que la innovación tecnológica de la que hace gala Uber no tiene ningún reflejo o incidencia en el modelo productivo que nos ha deparado la gran crisis del año 8. Esto es, las valoraciones que ha recibido la empresa en seis años de vida, que no cotiza todavía en Bolsa, a fecha de febrero de 2016, la situaban por encima de los grandes fabricantes de automóviles, General Motors o Ford, estimando un precio de la empresa que asciende 66.000 millones de dólares. Lo que lleva a interrogarse sobre si el caso Uber y otros similares no estarán constituyendo el inicio de una burbuja económica de parecidas características a la crisis desencadenada en el año 2000 por las denominadas empresas punto com. Repárese además en que las filtraciones que se han producido de las cuentas de Uber indicaban unas pérdidas anuales de 470 millones de dólares, frente a las ventas de General Motors para ese mismo período, que ascendían a 155.000 millones de dólares.

En último lugar, cabe afrontar el debate sobre el impacto de este tipo de proyecto empresarial en las relaciones de producción. Así, en primer lugar cabe destacar cómo Uber se ha aferrado a negar sistemáticamente la existencia de relación laboral entre ella y los conductores, habiendo sido corregida esta tendencia por los Tribunales en países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca o Bélgica. Es decir, Uber también se pretende beneficiar de la ventaja competitiva que implicaría la diferencia de costes laborales entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena. Lo cierto es, sin embargo, que Uber ostenta la capacidad de desconectar (despedir) a los conductores cuando no se ajustan a una serie de reglas que conforman el modo de prestar el servicio, ya sea en materia de tiempo del servicio, salario, o incluso comportamientos del conductor respecto del viajero como abrir la puerta al viajero, tipo de música durante la carrera, etc...

En suma, las relaciones entre la tecnología y el ordenamiento jurídico arrojan un resultado donde la ideología de la técnica pretende imponerse al trabajo, intentando invisibilizar a éste ocultándolo detrás de unas relaciones de producción que, según esta interpretación, estarían basadas en la libertad de los trabajadores (autónomos). El trabajo en el ámbito de la economía digitalizada debe comportar una serie de reflexiones, que con mayor o menor intensidad afectan transversalmente al conjunto de relaciones laborales, se desarrollen –o no- en el ámbito de las plataformas virtuales y que convendría abordar con carácter previo al uso de aquella contraposición ideologizada entre lo nuevo y lo viejo, en nuestro caso referidas a la economía, donde el trabajo, sus reglas de ordenación y los actores presentes aparecen representados por su vetustez inservible.

*Francisco Trillo es Profesor de Derecho del Trabajo. UCLM.