Al analizar el papel jugado por algunos leguleyos en la conspiración de Fernando VII contra la Constitución de 1812, Carlos Marx se hacía eco de un comentario de Francisco Benito de la Soledad en los complejos tiempos de Felipe V: todos los males de España se deben a los abogados. Viene hoy a cuento esta referencia histórica, por cuanto el abogado del Estado Edmundo Bal, jefe de lo penal, ha sido cesado por insubordinación al Estado por el gobierno de Sánchez. Si no fuera por el contexto en que se produce este cese, no tendría hoy mayor importancia, puesto que el señor Bal es el único de los actuales 400 abogados del Estado que ha optado por desobedecer las directrices de la Administración que, como todos los clientes, decide siempre sobre sus intereses tras escuchar el criterio técnico del profesional de la abogacía.

Conviene detenerse en el insubordinado Edmundo Bal dado que su insubordinación aparece inserta en la última carga de la Brigada Aranzadi, el sector puñetero del Partido Popular, contra la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mucho peor aún, contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que reconocía, siete años después de la Constitución de 1978, la soberanía democrática sobre todos los poderes del Estado. Pese a que perdieron el recurso planteado en el Tribunal Constitucional, presentado por Ruiz Gallardón padre, las puñetas del PP nunca admitieron ni la legalidad, ni la legitimidad de la democratización de la Justicia. Treinta años más tarde, intentan que el actual PP acéfalo junto con Albert Primo de Rivera, les devuelvan lo que perdieron.

La vuelta de Marchena a la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, la prórroga de Lesmes en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y la insubordinación del señor Bal tienden a generar una imagen del Poder Judicial agredido por los poderes legislativo y ejecutivo. Aprovechando hoy que en el Partido Popular no son pocos los que ponen su barba a remojar, tras ver recortar las de Rajoy con la navaja judicial de una sentencia, maniobran dada la acefalía dirigente en el PP. Al fin y al cabo, están en camino nuevos sumarios que piden a gritos que se cortocircuite un nuevo reparto judicial. La Brigada Aranzadi sabe que no basta con controlar al Supremo por detrás, en expresión del portavoz Cosidó, si no se controla también por delante.

Casado, ansioso por ser reconocido primus inter pares, eleva la apuesta al extenderla al Consejo General del Poder Judicial, como un paso más hacia la involución preconstitucional. En apenas 48 horas, Pablo Casado se ha negado, como también Albert Rivera, a reconocer a Santiago Abascal como líder de la extrema derecha, a la vez que ambos se han abstenido de condenar la dictadura de Franco votada en el Senado. Más que la gaviota, el Partido Popular se define hoy por la enseña del cangrejo: porque en 2002 hasta Aznar, nada menos que Franquito, votó la condena en el Congreso de los Diputados. Más papistas que el Papa, cabalgan al galope a la orden de una brigada tan desleal, como la Aranzadi, que se resiste estos mismos días a ser desmovilizada por la soberanía democrática.

El tiempo les apremia. Contra Cataluña vivían mejor. Por lo tanto, todos, sea con los argumentos de Lesmes o con los pretextos de Bal, se agarran como un clavo ardiendo al otoño del 2017, pero los vientos del diálogo entre la Moncloa y la Generalitat los están casi barriendo por completo. E incluso aplauden con las dos manos a Borrel, en su rifirrafe con Rufián, cuando no dejan títere socialista con cabeza. Solo desde sus puestos en el Tribunal Supremo o la abogacía del Estado pueden hoy reavivar el enfrentamiento entre las comunidades de España del que tan bien viven y del que tanto se benefician política y económicamente. ¿Cual sería su horizonte sin el conflicto catalán ?

Pero esta ofensiva nacional católica ha dejado de ser católica el pasado miércoles. La Iglesia ha elegido un nuevo portavoz en lugar del portavox que proponía el cardenal Rouco Varela. Este patriarca del nacional catolicismo acaba de ser derrotado en las elecciones de la Conferencia Episcopal Española y el sustituto votado, el obispo Luis Javier Argüello, no parece predispuesto a ejercer como capellán de los tercios de la involución preconstitucional. Es una derrota sin paliativos. Sin la espada, con unas Fuerzas Armadas constitucionales, y a la vez sin la sotana, con una Iglesia Católica que recupera aquella negativa de monseñor Tarancón a ser utilizada contra la Constitución, van a tener muy difícil, por no decir que imposible, derribar al Gobierno de Sánchez, salvo que desde esa muy amplia mayoría progresista que lo sostiene alguien decida suicidarnos. Aunque, ayer jueves se vio en el Congreso de los Diputados, en sendas votaciones parlamentarias sobre dos reformas importantes del Gobierno de Pedro Sánchez, que por ahora ninguna fuerza constitucional está por el suicidio.