Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Qué está pasando en España

Dos fenómenos han estado ocurriendo en los últimos diez años en España, y que han generado las condiciones para que se dieran los resultados de las elecciones del pasado domingo, incluyendo el gran crecimiento de Vox (la ultraderecha española de raíces franquistas). Uno es el tema nacional (también llamado territorial), que se ha centrado en el conflicto entre el Estado central, por un lado, y el movimiento independentista catalán, por el otro. Este conflicto ha polarizado el panorama político español y ha centrado la mayor parte de la atención mediática del país durante el período electoral. Las tensiones derivadas de tal conflicto han facilitado el crecimiento de las bases electorales de ambos movimientos nacionalistas, el españolista borbónico, por un lado, y el secesionista catalán, por el otro. La sentencia del Tribunal Supremo impuesta a los líderes independentistas encarcelados, que se dio a conocer días antes de las elecciones ha sido un factor determinante en el aumento de tales tensiones, que han beneficiado a los nacionalismos extremos de sentidos opuestos.

El otro gran tema ha sido la enorme crisis social, sin precedentes en el período democrático, que ha afectado muy negativamente el bienestar de las clases populares, cuyo nivel de vida es hoy menor que el que tenía antes de que se iniciara la Gran Recesión. Esta crisis ha sido causada, en parte, por los partidos gobernantes en España y, en Catalunya, por el gobierno nacionalista (hoy secesionista) catalán de la Generalitat de Catalunya que, mientras que en las calles se enfrentaban enarbolando banderas (la borbónica, por parte del Estado español, y la estelada por parte de la Generalitat de Catalunya), en los corredores del poder aprobaban e imponían las mismas políticas neoliberales, tales como las reformas laborales (que empoderaron al mundo empresarial a costa de debilitar a la clase trabajadora) y los recortes del Estado del Bienestar (que dañaron de una manera muy significativa la calidad de vida de las clases populares).

El surgimiento del populismo ultraderechista y los costes de la desmemoria histórica

Esta última crisis, sin embargo, ha sido ignorada o silenciada por los partidos gobernantes, tanto en las Cortes españolas como en el Parlament de Catalunya. Pero su existencia e imposición por parte del establishment político-mediático español y catalán ha generado –como era predecible y algunos así lo advertimos- un enfado popular, generándose un sentimiento anti-clase política -que podría haberse resumido bajo el lema “que se vayan todos”- del cual la versión más conservadora (y que mira al pasado para su inspiración) es Vox, que se ha presentado en los medios como el “vencedor” de las elecciones. El pasado inspirador de Vox es nada menos que la dictadura fascista liderada por el General Franco, cuya cultura permanece ampliamente extendida en España, pues no ha habido un intento creíble por parte del Estado español de corregir la historia sesgada de España durante el período democrático. Hay que recordar que la transición hacia el Estado democrático actual no supuso una ruptura con el Estado dictatorial anterior, sino una transformación que dejó poco cambiados muchos aparatos del Estado y su cultura, que había sustituido al republicano (y el cual ha sido “demonizado” incluso por sectores de las izquierdas). De ahí que la expansión de Vox y su mensaje antiestablishment fuera predecible. Andalucía había dado la señal de aviso. Y este movimiento de nostalgia fascista se extenderá incluso más, pues los factores que lo causaron persisten. Vox es el partido que ha utilizado más las banderas – la borbónica, signo de la visión jacobina basada en la capital del Reino, que conlleva una visión nacionalista que niega su diversidad y plurinacionalidad- para ocultar su extremismo económico, lo cual ha sido fácil, pues el debate electoral no se centró en el tema social y económico (que casi nunca apareció) sino en el nacional. En realidad, Vox sí que habló de la crisis social, presentándose a sí mismo como un PARTIDO PATRIÓTICO Y SOCIAL, denunciando al establishment político-mediático español, por haber causado la enorme crisis. De ahí su atractivo para sectores de las clases populares que han sido perjudicadas por las políticas públicas impuestas por los partidos gobernantes.

Esta protesta antiestablishment incluye un rechazo y hostilidad hacia el lenguaje políticamente correcto de dicho establishment, mostrando su racismo y machismo que moviliza a sectores populares que atribuyen su mala situación a la inmigración y al supuesto favoritismo del Estado a los inmigrantes, a las mujeres y a “otros”. Sin embargo, a este racismo y machismo hay que añadir también otra característica definitoria de tal partido: su clasismo, pues es un instrumento extremista al servicio de importantes intereses financieros y económicos españoles que ejercen gran influencia sobre sectores importantes del Estado español. Vox concentra las dimensiones más extremistas de las derechas españolas (que siempre han estado más sesgadas hacia la derecha que sus partidos homólogos en Europa). Su antisocialismo y anticomunismo es su ADN, pues el origen del fascismo fue precisamente la eliminación de cualquier forma de progresismo. Tanto el nazismo en Alemania como el fascismo italiano fueron establecidos (y apoyados por grandes intereses económicos y financieros alemanes e italianos) para parar a las izquierdas. Y un tanto igual ha ocurrido en España. La alternativa a Podemos soñada por el establishment político-mediático era Ciudadanos (como dijo el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu: “Necesitamos un Podemos de derechas”). Tal partido resultó ser incapaz para parar a las izquierdas. Es por ello que ha sido sustituido por una versión más dura, Vox, con unas propuestas -tanto en el área económica y social como en el área identitaria y nacional- que son una versión extrema de las de Ciudadanos. En este aspecto, es interesante subrayar que, en Barcelona, donde Vox consiguió más apoyo, fue en el distrito más pudiente de la ciudad, Sarrià-Sant Gervasi, y en el distrito más pobre, Nou Barris (que tiene un gran número inmigrantes). Los intereses económicos priman en el apoyo de las clases pudientes a Vox. Los problemas de precariedad laboral, desempleo, bajos salarios y, en definitiva, de bajón de nivel de vida, junto a los discursos que señalan a los inmigrantes como una amenaza, explican el apoyo a Vox. El nacionalismo extremo excluyente es un elemento clave para atraer a las clases populares que están perdiendo su identidad en el mundo globalizado. En este sentido, sus semejanzas con el trumpismo en EEUU son muy notables. El lenguaje antiestablishment de ”que se vayan todos”, de antigobierno, nacionalismo extremo y anti-inmigración es común en aquella formación política. Como ocurre con el trumpismo en EEUU, la base electoral de Vox incluye los extremos, desde sectores muy pudientes (a los cuales favorecen con sus políticas ultraneoliberales) a sectores muy pobres, siendo estos últimos los sectores más olvidados por parte del establishment político-mediático, claramente perjudicados por las políticas de globalización, incluyendo inmigración.

Las políticas económicas y sociales reaccionarias de Vox

Es extraordinario que en la mayoría de entrevistas a los dirigentes de Vox apenas han aparecido sus propuestas económicas y sociales. Sus dirigentes reproducen meras generalidades –como también hace Trump- sin especificar sus medidas, que sí que pueden verse, sin embargo, en sus programas, aun cuando estas estén en un nivel muy rudimentario. Estas están en la línea liberal de las derechas que se autodefinen como centroderecha: PP; o de centro, C’s. Representan el neoliberalismo radical de la economía y el desmantelamiento del Estado del bienestar. En cuanto al gasto público, proponen anular completamente el déficit y la deuda pública (medida extrema de la que, por otro lado, piden también los otros partidos en intensidades más moderadas). Quieren, con ello, impulsar un cambio radical dentro de un proyecto que los otros partidos de derecha comparten. Tal objetivo se conseguiría a través de unos recortes del gasto público muy notables que reducirían todavía más los insuficientes recursos del Estado del bienestar, y que dañarían enormemente a las clases populares.

Esta medida iría acompañada de una reducción de impuestos, que se justifica subrayando que la escasa capacidad adquisitiva de los trabajadores se debe primordialmente a la supuestamente excesiva carga fiscal. Bajarían los impuestos a todas las personas de todos los niveles de renta. Los más beneficiados serían los que ingresan más de 60.000 euros anuales, que pasarían de pagar el 45% actual a un 30%, así como las rentas empresariales con una reducción muy notable del impuesto de sociedades, que pasaría del 25% al 22%, eliminando a la vez los impuestos de sucesiones y de propiedad.

Son favorables también a la privatización de los servicios públicos, así como una desregulación masiva de aquellas normas que interfieren con la libertad del mercado. También están a favor de la privatización y dualización por clase social de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como la sanidad y la educación. Un tanto igual en cuanto a las transferencias públicas, como las pensiones, proponiendo la privatización de buena parte de tales transferencias, como ya propuso la escuela ultraliberal de Chicago en Chile, siendo aplicadas por el General Pinochet, al cual asesoraron. Tales políticas han sido también propuestas, por cierto, por el economista ultraliberal, el independentista Sala i Martín, economista promovido por los medios de comunicación del gobierno independentista catalán, TV3 y Catalunya Ràdio. Crearían así un sistema dual de pensiones, favorecedor de las pensiones privadas (con bonificaciones fiscales), incluyendo toda la vida laboral para calcular la pensión de jubilación (en lugar de los últimos años trabajados). Tales medidas se han aplicado en Chile y fueron una de las razones de que esté habiendo una revuelta popular. Vox también propone la recentralización de numerosas competencias autonómicas, tales como la sanidad, la educación y la justicia, eliminado gran número de competencias locales.

No es solo racista y sexista. Es también clasista ¿Quién se beneficiaría de la subida de Vox?

La evidencia es abrumadora en el sentido de que la aplicación de tales políticas beneficiaría muy marcadamente a las rentas de capital y del mundo empresarial, así como a las rentas superiores a costa de un gran descenso de las rentas de la clase trabajadora y de las clases populares. Es la máxima expresión del poder de clase en la lucha de clases que define en gran medida la realidad existente (y ocultada) en España.

En este aspecto, su visión no es solo racista y sexista, sino también clasista (punto que parece olvidado por los portavoces progresistas que priorizan sistemáticamente la denuncia a la discriminación de género y raza, olvidándose de la discriminación por clase social). Vox es la máxima expresión del poder de la clase dominante. Su nacionalismo extremo, basado en una concepción de superioridad nacional, su autoritarismo antidemocrático y chauvinista, y su anti-progresismo tienen un marcado componente clasista, a favor –por supuesto- de la clase dominante. Esto es lo que representaba el fascismo español y esto es lo que representan ahora sus herederos.

La “supuesta victoria de Vox”

La noticia que ocupó mayor espacio mediático en el día de las elecciones fue el gran crecimiento de Vox, alcanzando un número de escaños (52) que le da gran capacidad de influencia en las Cortes españolas, y que refuerza, dentro del bloque de las derechas, el tono agresivo de las políticas represivas del Estado en el tema nacional y promueve todavía más las medidas ultraliberales en el tema económico-social.

No hay que ignorar, sin embargo, que, como he indicado en varias ocasiones, una de las causas de tal supuesta victoria fue el clima de enfado que existe en este país hacia el establishment político-mediático y hacia la clase política. Pero, además de ello, hubo otros dos factores que contribuyeron en gran medida. Uno es el sistema electoral sesgado a fin de favorecer a las fuerzas conservadoras y, el otro factor, es la división y atomización de las izquierdas que ha caracterizado históricamente a las fuerzas progresistas del país (habiendo sido una de las causas de su derrota frente al golpe fascista de 1936).

El sistema electoral poco representativo

Vox consiguió menos votos que la suma de los votos obtenidos por Unidas Podemos y sus confluencias y Más País. Vox obtuvo 3.640.000 votos, 34.000 votos menos que Unidas Podemos y sus confluencias y Más País juntos (3.674.000 votos). Unidas Podemos y sus confluencias consiguieron 3.097.000 votos, y Más País 577.000. En cambio, el número de escaños para UP y confluencias y Más País fue de 38 en total (35 para UP y confluencias y 3 para Más País), un número mucho menor a los 52 escaños obtenidos por Vox. En realidad, un dato poco conocido es que, sumando todos los votos a partidos de izquierda (incluyendo aquellos que no consiguieron representación parlamentaria) el número total de votos es mucho mayor que el total de los votos a las derechas. En las elecciones anteriores (28-A) fueron 1,1 millones de votos más, número que descendió a 964.000 debido a que la abstención fue mayor entre las izquierdas que entre las derechas. Hay miles y miles de votos de izquierda que no tienen representación parlamentaria, lo cual daña a las izquierdas. El hecho de que un nuevo partido, Más País, se presentara en 18 provincias, sacando escaños en solo dos de ellas, significó no solo una pérdida de tales escaños, sino que perjudicó y penalizó a los otros partidos de izquierda con representación parlamentaria al dividir el voto. En Comú Podem perdió un escaño debido a la transferencia de lealtades a Más País que no consiguieron ningún escaño.

De ahí que la gran división y atomización de las izquierdas han sido muy negativas para las fuerzas progresistas, y muy en especial para las izquierdas. Su causa es la limitadísima proporcionalidad del sistema electoral español. El principio democrático de que cada voto vale lo mismo se viola en la ley española. En realidad, si hubiera sido un sistema proporcional (es decir, que el número de escaños fuera proporcional al número de votos obtenidos en el conjunto del Estado) y sin barrera electoral, la diferencia de escaños entre las derechas y las izquierdas sería mayor, pasando las izquierdas de 180 a 182 escaños, y las derechas de 170 a 168. Dentro de las izquierdas, el PSOE bajaría de 120 a 98 escaños (22 menos) y Unidas Podemos subiría de 35 a 45; los demás ganadores de la izquierda serían Más País, que pasaría de 3 a 8 escaños; la CUP, que pasaría de 2 a 4 escaños; BNG pasaría de 1 a 2; y el PACMA accedería al Congreso con 4 escaños, junto con Recortes Cero-GV, PUM+J y ARA-MÉS-ESQUERRA, que entrarían con un escaño cada uno. Es decir, que no solo las izquierdas ganarían paso frente a las derechas, sino que las izquierdas a la izquierda del PSOE ganarían peso dentro del bloque de las izquierdas.

La escasa (por no decir nula) recuperación de la memoria histórica explica que se desconozca que la ley electoral española tiene sus orígenes en la aprobación de los principios de tal ley electoral por parte de la Asamblea Nacional (el órgano fascista que dirigía la vida política del régimen dictatorial) y que exigía que se aceptara por el nuevo régimen democrático como condición de que tal Asamblea desapareciera. Y aun cuando hubo cambios en las Cortes españolas democráticas, se mantuvieron intactos los principios de tal ley (consecuencia del enorme poder de las derechas en el nuevo Estado que no fue una ruptura sino una modificación del régimen anterior). Tal sesgo conservador explica también que cuando el gobierno de derechas nacionalista catalán (el pujolismo) tuvo oportunidad de cambiarla, no lo hizo (puesto que también le favorecía).

El gran potencial de expansión Vox: la mayor amenaza a la democracia

Existe un gran potencial de expansión de Vox porque el sentimiento antiestablishment de “que se vayan todos” se va extendiendo en España, donde no ha habido un cambio notable de la cultura dominante (de escasa sensibilidad democrática), que siempre ha utilizado el patriotismo como manera de defender una estructura profundamente clasista y conservadora. De ahí que la alternativa a este populismo antidemocrático sea restablecer la alianza antifascista que fue exitosa en la moción de censura al gobierno Rajoy y que es esencial para el progreso de España. Tal alianza debería ser el resultado de la colaboración de las fuerzas de izquierdas con los nacionalismos “periféricos”, dentro de un marco que mantenga la plurinacionalidad en la que la unidad sea fruto de la voluntad popular de cada una de las naciones y pueblos que la constituyen, como así constó durante la resistencia antifascista, declarando que la democracia actual se considera continuadora de la que existió durante la II República, denunciando la dictadura y el daño que sus herederos hicieron -y han continuado haciendo- a las clases populares de este país.