En la décima carta a las izquierdas afirmé que al inicio del tercer milenio las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo; y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En este texto voy a centrarme en el segundo desafío.

Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía gozar de una gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis estos movimientos y esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas más directamente opuestas a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como única solución, y excepcionalmente hacen alguna declaración algo ceremonial sobre la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad. De hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Antes de la crisis el modelo de crecimiento en vigor era el principal blanco de crítica de los movimientos ambientalistas y ecologistas precisamente por insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecológica muestra que el capitalismo no sólo tiene prioridad sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.

Hoy, sin embargo, resulta evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca los límites de carga del planeta Tierra. En los últimos meses se han batido varios récords de peligro climático en Estados Unidos, la India, el Ártico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y gravedad. Prueba de ello son las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la escasez creciente de agua potable, el uso de terrenos agrícolas para agrocombustibles, la deforestación de bosques. Poco a poco se va constando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, en última instancia, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está relacionado: la crisis alimentaria, la ambiental, la energética, la especulación financiera sobre las commodities y los recursos naturales, la apropiación y concentración de tierra, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y su privatización, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para dar paso a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por la dramática degradación ambiental, con mayor incidencia de cáncer en determinadas zonas rurales, los organismos modificados genéticamente, el consumo de agrotóxicos, etc. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, celebrada en junio de 2012, fue un fracaso rotundo debido a la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad a los beneficios de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.

La valoración internacional de los recursos financieros permitió en varios países de América Latina una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados) que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de este fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para llevar a cabo políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron aumentado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente hasta el punto de que algunos analistas vieron el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista: el neodesarrollismo basado en el neoextractivismo.

Sea como sea, este neoextractivismo tiene como base la explotación intensiva de los recursos naturales y plantea, en consecuencia, el problema de los límites ecológicos (por no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto resulta más preocupante en cuanto que este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que interfiera en su camino y complique el trayecto tiende a ser aniquilado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.

Dado su atractivo, estas locomotoras son magníficas para convertir las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ecológica y social que crean en un coste inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos no va a durar siempre, y eso hay que aprovecharlo al máximo en el menor espacio de tiempo. El brillo del corto plazo ofusca las sombras del largo plazo. Mientras que el boom configure un juego de suma positiva, cualquiera que se interponga en su camino es visto como ecologista infantil, campesino improductivo o indígena atrasado de los que a menudo se sospecha que se trata de “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales no se sabe al servicio de quién”.

En estas condiciones, resulta difícil activar principios de precaución o lógicas a largo plazo. ¿Qué sucederá cuando termine el boom de los recursos? ¿Cuando sea evidente que la inversión en “recursos naturales” no fue debidamente compensada por la inversión en “recursos humanos”? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? La ideología económica y política dominante considera estas preguntas escenarios distópicos exagerados o irrelevantes, fruto del pensamiento crítico entrenado para pronosticar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y en absoluto atractivo para los grandes medios.

En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos sociales y organizaciones lo suficientemente valientes para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado de este modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Es un proceso lento en que la historia particular de cada movimiento todavía pesa más de lo que debería, aunque ya son visibles articulaciones entre luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, los transgénicos, la impunidad de la violencia en el campo, la especulación financiera con los alimentos, luchas por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y quilombolas, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, luchas por la economía solidaria, la agroecología, la gravación de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.

Al igual que ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica robusta y anticapitalista pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” hay que contraponer el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad, vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.