JOSÉ MANUEL NAREDO

Economista y estadístico

La violenta represión de los vecinos del Cabanyal por defender su barrio frente a la demolición marca el fin de fiesta indignante de una era de urbanismo salvaje. Una era en la que la santa alianza de especuladores, constructores y políticos ha venido imponiendo a la población operaciones inmobiliarias tanto más lucrativas cuanto menos habitables y estética y ecológicamente recomendables. Estas agresiones orientadas a enriquecer a algunos amenazan incluso a zonas tan consolidadas de la ciudad clásica como el barrio del Cabanyal. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior promovido para ese barrio por el Ayuntamiento de Valencia, en vez de proteger, propone destruir 450 edificios para introducir una nueva avenida acompañada de bloques de nueva planta que duplicarían la altura media de las viviendas del barrio, desbaratando sin piedad su actual homogeneidad.

Algunas novedades presagian en este caso el fin de esa era de caciquismo urbanizador, al fallar la docilidad de la población y el contexto institucional que le eran favorables. La asociación de vecinos Salvem El Cabanyal-Canyamelar solicitó ya en 1999 al Ministerio de Cultura que confirmara que el plan especial promovido por la alcaldía de Valencia contribuía a destruir un barrio declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Tras diez años de litigios, la Justicia y el Ministerio de Cultura acabaron dando la razón a los demandantes y exigiendo la suspensión y/o reorientación del plan hacia una verdadera rehabilitación del barrio acorde con la voluntad de sus habitantes. Sin embargo, la Alcaldía y la Generalitat de Valencia han proseguido la inercia de sostenella y no enmendalla, común a este tipo de operaciones: hicieron caso omiso no ya de la opinión de la población, sino de la legalidad estatal, continuando los derribos y reprimiendo con desmedida violencia la protesta vecinal.

Dentro de esta inercia, resulta verdaderamente indignante ver que mientras el discurso estatal defiende hoy con ardor la rehabilitación y la participación ciudadana, la Policía Nacional ha defendido las demoliciones y reprimido la participación ciudadana. Pero lo más surrealista del empeño de llevar adelante la operación es que los solares con escombros serían durante mucho tiempo el testigo mudo de su fracaso, dado el actual exceso de viviendas en venta. Sólo intereses mezquinos e inconfesables pueden explicar semejante irracionalismo.