En su ocaso, al Gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, que durante ocho años fue intocable, le están reventando las bubas de la peste. Los tribunales investigan las ilegalidades del (fallido) referendo de su reelección. Los organismos internacionales se inquietan por sus llamados “falsos positivos”: cerca de 2.000 asesinatos de personas que fueron presentadas luego, disfrazadas con uniforme de camuflaje, como guerrilleros caídos en combate. La prensa destapa cada día más casos de corrupción administrativa que manchan incluso a los apenas veinteañeros y hoy multimillonarios hijos del presidente. Y, sobre todo, cobra fuerza el escándalo político llamado “las chuzadas del DAS”, que involucra a los más cercanos colaboradores del presidente.

Chuzadas es el nombre que reciben en Colombia las escuchas telefónicas ilegales. DAS es el Departamento Administrativo de Seguridad: los servicios secretos que dependen directamente del presidente. Las chuzadas, o espionajes de chuzo, afectaron a gran variedad de personas: magistrados de las altas cortes, dirigentes políticos de la oposición, periodistas críticos, organizaciones jurídicas internacionales como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y según acaba de denunciar con pruebas documentales la Fiscalía General de la Nación, se condimentaban con amenazas, fabricación de pruebas falsas sobre las relaciones de los espiados con la guerrilla o con los grupos narcoparamilitares, infidelidades conyugales o trampas en las declaraciones de impuestos.

El asunto no es nuevo, ni propio de Colombia. Milenios antes del Watergate de Richard Nixon o de las écoutes de Mitterrand, ya el tirano Dionisio de Siracusa encerraba a sus enemigos en una cantera cuyas propiedades acústicas le permitían escuchar sus conversaciones privadas: se llamaba “la oreja de Dionisio”. Lo que es nuevo, al menos en Colombia, es que la creciente de las denuncias le lame ya los tobillos al hasta ahora invulnerable presidente Uribe en la persona de sus más cercanos asesores: su secretario jurídico, el secretario general de la Presidencia, el ministro del Interior y la Justicia, y los sucesivos (y algunos de ellos, presos) directores del DAS nombrados personalmente por el presidente.

El que durante ocho años se ha jactado de estar al tanto de todo lo que pasa en su país, dice que de esto no sabe nada. Y que su teléfono también está “chuzado”.