Carmen Magallón

La reciente presentación de un informe de la CIA que detalla las torturas usadas en los interrogatorios a detenidos en sus prisiones secretas alrededor del mundo revela una vez más los abusos cometidos contra los derechos humanos bajo el mandato del presidente norteamericano George Bush, al amparo de su política de guerra contra el terrorismo. Algo ya sabido es ahora ratificado desde la propia fuente oficial: que, para obtener información, la agencia usó tácticas de privación de sueño, confinamientos en cajas estrechas y oscuras, prácticas de ahogamiento, torturas psicológicas y simulacros de ejecución, pasando por encima y violando sistemáticamente la legislación internacional sobre el trato debido a las personas privadas de libertad. Hay que recordar que los japoneses que emplearon estas técnicas en la Segunda Guerra Mundial fueron considerados criminales de guerra por los expertos jurídicos y militares de EEUU. De manera diferente, tras los atentados del 11-S, la maquinaria del poder estadounidense, por encima de las voces críticas –que también existieron– promovió una vergonzosa justificación social de la tortura, contando con expertos legales que dieron argumentos para considerar el caso una excepción y eludir los principios del Derecho Internacional Humanitario, y con el apoyo de intelectuales que relativizaron la tortura considerándola El mal menor (Ignatieff, 2005).

Una sombra de vergüenza se cierne también sobre los gobiernos europeos, cuyas conductas ante el conocimiento de la perpetración de estos abusos contra los derechos humanos se situaron en el silencio cómplice, en el mejor de los casos, y en la colaboración por la puerta de atrás, en el peor. Y de las que no sólo son responsables los gobiernos y políticos. Organizaciones de derechos humanos levantaron la voz, sí, pero faltó el clamor necesario para que los representantes políticos se comprometieran debidamente.

En esa estela de justificación seguimos hoy. Aunque Obama haya decidido cerrar las cárceles secretas y el fiscal general de EEUU, Eric Holder, haya abierto una investigación sobre el tema, Cheney y otros siguen defendiendo que esas técnicas de interrogatorio fueron necesarias para obtener información que salvó vidas, un argumento que todavía concita muchas adhesiones. La idea de que el fin justifica los medios, en el origen de tantas guerras y violencias, sigue muy anclada en las mentes. El problema ahora es si se va a hacer justicia y aplicar la legislación internacional procesando a los máximos responsables políticos de estas torturas, tal como ha dicho la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay. De no ser así, la impunidad y el doble rasero erosionarán la credibilidad de un sistema de leyes que precisamente este mes celebra su 60 aniversario: las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Ratificadas por 194 países, y por tanto de aplicación universal, constituyen el cuerpo de legislación sobre el Derecho Internacional Humanitario, una normativa básica y necesaria que la comunidad internacional no puede permitir que se deteriore y desacredite.

Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz