De la utilización partidaria de las víctimas del terrorismo y de otro tipo de violencia se ha hecho aquí periódica glosa por lo repugnante que resulta hacer del dolor y de la empatía hacia quienes lo han sufrido un banderín de enganche electoral o la justificación de propuestas bastante reaccionarias. Paralelamente, se ha disculpado a las propias víctimas, a las que no cabe reprochar haber aceptado el triste papel que se les adjudica en la medida que este les reporta algún tipo de provecho personal. Dame pan y dime tonto.

Las trayectorias vitales de cada uno son tan inescrutables como los caminos del Señor, aunque resulta difícil imaginar que muchos de los que hoy deambulan por la política tras sus dramáticas experiencias estarían hoy donde se encuentran sin haber mediado esas fatalidades, hasta el punto de constituir el eje fundamental de sus currículos. La derecha se ha especializado en este siniestro escaparatismo que ha convertido a las víctimas en reclamos, en objetos de una campaña de marketing que, finalmente, acaban por transformarse en fondo de armario.

La historia reciente está salpicada de estos casos. Ángeles Pedraza, expresidenta de la AVT, fue designada por el PP comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid, cesada una semana más tarde y nombrada a continuación comisionada de la Cañada Real Galiana, puesto desde el que esta exempleada de El Corte Inglés debía aportar soluciones sociales y urbanísticas a esta zona chabolista de Madrid, para, finalmente, recalar en la gerencia del 112, a razón de casi 100.000 euros al año sin importar su nula experiencia en la gestión de emergencias. Lo suyo fue de récord: tres cargos públicos en tres meses y medio.

Algo similar acaba de ocurrir con María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Siempre en las filas del PP, desde el Parlamento vasco pasó al Congreso de los Diputados hasta que, ante la repetición electoral y el súbito empadronamiento de Javier Maroto en Sotosalbos (Segovia) para hacerle senador a toda prisa, fue obligada a encabezar la lista del partido por Vitoria. Compuesta y sin escaño, ha sido rescatada ahora como asesora del grupo municipal del PP de Madrid en el área de Vivienda. Disfrutará de un buen sueldo que pagaremos entre todos, algo que haríamos con más ganas si esta diplomada en Turismo supiera realmente algo de la vivienda y de su problemática.

Se dirá que la ignorancia sobre un tema nunca ha sido un impedimento en la política española para que alguien vinculado a un partido se convierta en asesor y cobre por no hacer nada, y es verdad. Como también lo es que empezamos a estar hasta el gorro de estas libres designaciones con las que los partidos trasladan a los contribuyentes sus gastos de personal que, por otro lado y en una proporción muy elevada, también sufragamos vía subvenciones públicas.

La derecha está haciendo un daño irreparable al conjunto de las víctimas del terrorismo, cuya causa merece solidaridad, respeto y esas ayudas que, tras unos primeros años de desidia, nunca han dejado de recibir. Al ser convertidas en puntas de lanza de su ideario o en simples monigotes a sueldo se traslada la idea de que las asociaciones de víctimas son simples sucursales del partido, que promociona a quienes le viene en gana en función de los réditos que pueda obtener de ellos o les mantiene en el machito ante el escándalo que supondría postergarles después de haberles convertido en iconos del sufrimiento. Se les reduce así a profesionales de sus terribles circunstancias, lo cual solo sería legítimo si el dolor diera derecho a vivir eternamente del cuento.