Sin tener que ponerse filosófica ni citar a Max Weber, que atribuía al Estado el monopolio de la violencia como uno de sus rasgos definitorios, la Audiencia de Barcelona ha concluido en un auto que a los guardias civiles que actuaron el 1-O en un colegio de Sant Joan de Vilatorrada se les fue la mano con las porras y abusaron de la fuerza sin atender a la necesaria proporcionalidad que ha de existir entre los derechos que se atropellan y los que se pretenden salvaguardar. Ordena por ello que se identifique a los agentes, cuyas cargas sorpresivas causaron 14 heridos de distinta consideración.

Lo importante de la resolución no es tanto la constatación de los excesos como el argumento de que haber permitido la votación sin repartir mandobles no habría tenido consecuencia jurídica alguna y que lesionar a los allí congregados lo único que consiguió fue empañar el buen nombre de las instituciones.

Pese al voto discrepante de uno de los magistrados, la tesis del tribunal parece irrefutable ahora y lo era desde primeras horas de aquel día negro que trasladó al mundo la imagen, no de unos cuerpos policiales interesados en hacer cumplir la ley, sino la de unas fuerzas de asalto bastante salvajes enfrentadas a una ciudadanía armada con papeletas de voto, algunas de ellas impresas en casa.

Como se dijo aquí entonces no era necesario semejante despliegue de violencia gratuita porque no existía adversario al que vencer y porque, de haber existido, ya había ondeado bandera blanca antes de que los tuppers chinos previstos para la votación hubieran empezado a llenarse. La ‘rendición’ era evidente toda vez que, desarticulada gran parte de la logística, se cambiaron sobre la marcha las reglas del juego hasta el punto que los convocantes se vieron forzados a decretar un censo universal que permitía el voto allá donde se quisiera sin respaldo informático, sin control y hasta sin sobres.

En resumen, lo que aparentaba ser un referéndum había dejado de serlo para convertirse en otra cosa mucho más parecida a una romería con ofrendas votivas, y nunca mejor dicho. Convertir esa movilización festiva en un campo de batalla fue tan disparatado como los comentarios de un Gobierno noqueado por su propia estulticia, que se atribuía la victoria con expresiones del tipo “no han querido abandonar su empeño ilegal” y “hemos hecho lo que teníamos que hacer”. Mientras, las fotografías de los excesos de la Brigada Piolín llenaban las portadas de la prensa internacional.

La represión fue tan injustificable como inútil, hasta el punto de que al mediodía, cuando gran parte del mal ya estaba hecho, se ordenaba desde Moncloa que las porras dejaran de blandir. La ocupación policial de Catalunya había conseguido precintar apenas un 15% de los colegios y llenar de oprobio al Estado, un éxito sin precedentes.

Esto mismo es lo que ahora viene a certificar la Audiencia de Barcelona, que destaca lo evidente: si el pretendido referéndum era ilegal el resultado de las votaciones no podía tener consecuencia jurídica alguna, sobre todo porque carecían de las necesarias garantías democráticas. Una cosa es tener el monopolio de la violencia y otra el del sentido común.