Dentro de cada español no sólo hay un seleccionador nacional de fútbol sino también un catedrático de Derecho Constitucional. Hemos subido de nivel a lo bestia. Las conversaciones de bar ya no se limitan a divagar sobre el juego por las bandas o el centrocampismo sino que se centran ahora en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la división de poderes. Todo ello se ha puesto de manifiesto en la disputa entre el Tribunal Supremo y la nueva presidenta del Congreso a cuenta de cómo y quién debe decidir la suspensión de los parlamentarios electos que están siendo juzgados. El debate está siendo glorioso en los medios y en la calle. ¿Quién necesita el VAR?

A raíz de esta polémica se está criticando mucho a la nueva presidenta de la Cámara Baja sin conocerla. Meritxell Batet es de la que acostumbra a poner velas a Dios y al diablo, una trapecista con red que nunca quiere molestar a nadie. Estas precauciones vitales no sólo han hecho de ella una superviviente sino que la han llevado a promocionarse hasta un puesto que nunca hubiera imaginado, en un momento en el que su única preocupación era no ser enviada al avispero de Cataluña como recambio de Miquel Iceta.

Con el del PSC fuera de juego y de la presidencia del Senado, Batet se ha convertido en la tercera autoridad del país, que no es moco de pavo. Sus cautelas le han llevado a pedir primero al Supremo que explique por qué se ha quitado de en medio en la decisión de suspender a los cinco del procés –como, por cierto ha reclamado la propia fiscalía- y después a solicitar un informe a los letrados de la Cámara sobre el particular. Y ha hecho bien en este caso porque, en contra de la opinión mayoritaria de los forofos del Alto Tribunal, hay dudas de que el camino elegido sea el correcto y no precise del trámite previo del suplicatorio.

La cuestión se resolverá hoy en primera instancia y, probablemente, acabará luego en el Constitucional, pero los amantes de la porfía jurídica, que ya somos todos, no tardaremos en tener otra oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos sobre el derecho electoral y el alcance y los efectos de la inmunidad parlamentaria. Será a partir de la próxima semana cuando, abiertas las urnas de las elecciones europeas y contados los votos, se confirme que Puigdemont y Junqueras han sido elegidos eurodiputados.

Ahí empezará lo bueno. Un primer bando de opinantes sostendrá sin riesgo alguno a equivocarse que Puigdemont no alcanzará dicha condición sino recoge su acta en Madrid ante la Junta Electoral Central, lo que no hará para evitar ser detenido. Otros defenderán que dicho requisito es innecesario ya que la mera proclamación de resultados le convierten automáticamente en miembro del Europarlamento y le revisten de la inmunidad aparejada al puesto. Los más puntillosos aludirán incluso a que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General no precisa en lugar alguno que la recogida del acta tenga que ser presencial. En los bares ya se frotan las manos de pensar en cómo correrá la cerveza de una punta a otra de la barra.

No acabará ahí la cosa. ¿Se atreverá nuestra Judicatura a fulminar directamente a Puigdemont o aportará a Estrasburgo otro manual de instrucciones como ha hecho con el Congreso de los Diputados? Se admiten apuestas. A más a más, ¿se permitirá a Oriol Junqueras recoger su acta como ha podido hacer tras ser elegido diputado nacional? Si es así, ¿se le tendría que poner en libertad y suspender el juicio que se sigue contra él hasta que el Parlamento Europeo decida si concede o no su suplicatorio? Ni un Madrid-Barça, oiga.

Desempolven sus tomos de Teoría del Estado Constitucional porque corren el riesgo de hacer un ridículo mayor que el de los que se han atrevido a comentar el final de Juego de Tronos sin haber visto uno solo de sus episodios. Vivimos en el país con más juristas de reconocido prestigio por metro cuadrado y eso nos llena de orgullo y satisfacción, que diría nuestro emérito. Todos tenemos opiniones fundadas e irrebatibles, dicho sea a mayor abundamiento. ¡Viva el Derecho romano, tolón, tolón!