JOSÉ MANUEL NAREDO

Cuando el aquelarre constructivo del último decenio ha acabado provocando en el país un notorio exceso de edificios y viviendas que la población no alcanza a comprar ni a alquilar, el reciente paquete de medidas reafirma la decisión de que el Estado compre suelo a las empresas inmobiliarias para promover la construcción de 200.000 viviendas, esta vez de precio protegido. Es como si al obeso enfermo de indigestión se le da como remedio una buena fabada.

Semejante despropósito, soslayado en el debate sobre el estado de la nación, obliga a recordar que diagnosticar bien los males del organismo económico es el primer paso para aliviarlos, en vez de agravarlos gastando en ello el escaso dinero público disponible.

El problema estriba en que los intereses inmobiliarios imperantes pesan tanto que a veces prohíben ver lo evidente: que el pasado boom inmobiliaro ha desplazado el problema desde la escasez de viviendas y locales hacia el exceso y

desocupación de los mismos, haciendo que España tenga ya más viviendas y más kilómetros de autopistas e infraestructuras per cápita que todos los países de la UE.

Cualquiera que recorra la geografía hispana se ha de topar por fuerza, no sólo con multitud de viviendas y oficinas en venta o en alquiler, sino con verdaderas ciudades o urbanizaciones fantasmas que, ya terminadas o todavía en construcción, esperan la llegada de las personas que algún día puedan habitarlas. Pero, junto a este exceso, han crecido el chabolismo, la infravivienda y el hacinamiento, solapándose así viviendas deshabitadas con habitantes sin vivienda. La aglomeración madrileña ejemplifica tal estado de cosas, al disponer de abundante patrimonio inmobiliario desocupado en el centro, en los PAU y en los municipios circundantes que han multiplicado su parque de viviendas, albergando megaproyectos como los realizados en Arroyomolinos (Xanadú), en Seseña (residencial El Quiñón) o en Yebes (Ciudad

Valdeluz).

En Madrid siguen adelante operaciones como la de Campamento y se activan otras nuevas como la de Chamartín. En Sevilla se inicia la construcción de una megatorre para añadir más millones de metros cuadrados edificados a un stock inmobiliario cuyo excesivo tamaño lastra la crisis. Cuando esto ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio peninsular, parece claro que la parquedad de la demografía y de los bolsillos de la población retrasará durante lustros la digestión de tan desmesurado stock inmobiliario, dejando el territorio plagado de esqueletos y despojos de inmuebles fruto de tan sonado e irrepetible festín constructivo.

¿Para qué sirve el nuevo Ministerio de Vivienda si no aborda con firmeza los dos principales problemas de la crisis inmobiliaria actual? Esos problemas son: dar uso a un patrimonio inmobiliario sobredimensionado y de mala calidad que, paradójicamente, no ha resuelto las necesidades de vivienda de la población, y aligerar el excesivo endeudamiento de compradores y promotores, que ha traído el aumento de la morosidad y las suspensiones de pagos.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico