La Asamblea ¡Sí se puede! que ha puesto en marcha Podemos, es el mayor evento democrático que ha tenido lugar en una organización político-electoral. Quienes ponían en entredicho que un modelo abierto y participativo era incompatible con la eficacia y la eficiencia se confunden, por eso, temerosos de perder sus privilegios, atacan dando palos de ciego. Nuestra propuesta es eficaz porque se propuso patear el tablero político y en el 25M lo consiguió, y es eficiente porque ha obtenido más eurodiputados que meses tenía de vida con un presupuesto mínimo y sin pedir créditos a los bancos. ¿Hay algún otro ejemplo que haya sido capaz de combinar este nivel de eficacia, eficiencia y democracia como ha venido demostrando Podemos? La respuesta es un silencio absoluto; solo resuenan de fondo algunos ladridos que emiten los cortesanos del régimen.

Ahora es el tiempo de las votaciones para dar forma y decidir qué apuesta política y organizativa es la más adecuada para encabezar el proyecto de Podemos de cara al próximo y determinante ciclo político que tenemos este año venidero. Son tres las votaciones: 1) Votar las resoluciones, 2) Votar los borradores propuestos 3) Elegir los candidatos a los órganos de Podemos. Empezamos con las resoluciones que son de suma importancia. Las resoluciones vienen a ser mandantos e imperativos ciudadanos, líneas de acción que Podemos recoge como señas de identidad que lo definen. Hay más de 103 presentadas, pero solo pueden quedar 5. El plazo para votarlas en https://participa.podemos.info/es finaliza este sábado 18 de octubre a las 23:59. Si todavía no te has inscrito, puedes hacerlo aquí y sumarte a las 130.000 personas que podrán decidir en la Asamblea ¡Sí se puede!

Por mi parte voy a señalar muy rápidamente 7 resoluciones que considero fundamentales; muchas otras también lo son, como la que apuesta por la Renta básica, pero estas resultan ser condición necesaria para desarrollar el resto.

1) Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera.

El crecimiento español de las últimas décadas se ha levantado sobre la especulación de un bien básico como la vivienda. La emisión de crédito y la sustitución de la bajada de salarios por la deuda encontraron en la vivienda el epicentro del modelo improductivo del ladrillo, al mismo tiempo que subían los precios de una burbuja que ha dejado sin acceso a un techo, o con una condena de por vida, a millones de personas. La vivienda es un derecho y las instituciones públicas deben fomentar el alquiler social universal para garantizarlo.

2) Auditoría y reestructuración de la deuda, una propuesta para Podemos.

Las deudas contraidas a través de un mecanismo previo pensado para endeudar a los pueblos enriquecen a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. Reducir la presión fiscal a los ricos y bajar salarios al trabajo empuja a los Estados a tener que financiarse en los mercados que toman la posición de gendarmes. La economía de la deuda es un bucle sin final, cuya única evolución es empobrecer más a los pueblos. El déficit no es la causa de la crisis, es la crisis financiera lo que desata el déficit, es la baja presión fiscal sobre los que luego nos prestan dinero lo que genera el endeudamiento. En 2007, el Estado presupuestó 15.946 millones para pagar intereses de la deuda. En 2015 se presupuestan 31.650 millones: una espiral sin final. En 2007, la deuda era del 36% del PIB; tras las políticas de recortes y austeridad, ya alcanza el 100%. Hay que poner orden en las cuentas: una auditoría de la deuda garantiza el derecho a conocer qué, quién y cómo se ha asumido la deuda, qué tipos de deuda hay, cómo han actuado los representantes públicos, bajo qué condiciones y criterios, con qué fines se han contraído.

3) Medidas urgentes anti-corrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

Como bien recordaba el ex fiscal anticorrupción Villarejo, la corrupción es una pandemia que se ha extendido en nuestra sociedad. Un estudio de la Comisión Europea indica que el 95% de los españoles consideran que se vive un ambiente de corrupción generalizada. Son incontables los casos que de tramas mafiosas y redes clientelares que se agolpan en los telediarios. La corrupción ilegal, pero también la legal e inmoral que utiliza las instituciones para regalar contratas públicas a las empresas afines, han propiciado una forma de gobierno y una cultura donde ya no se corrompe el sistema: es la corrupción como sistema. Quien la hace la paga, bien, pero mejor poner los medios para que no sea tan fácil hacerla. Control de la ciudadanía sobre el dinero que se maneja en las instituciones, rendición de cuentas, cultura democrática, medidas procesales y penales, son necesarias para erradicar esta enfermedad.

4) Defender la democracia es defender la igualdad.

Sin igualdad no hay democracia, esa es una premisa básica de la que hay que partir. Todos los indicadores que evalúan en nuestra sociedad la desigualdad, la pobreza o la precariedad, siempre tienen nombre y rostro de mujer. La mujer como objeto de deseo o de abuso, la mujer como espectadora de la vida de otros, la mujer encargada de cuidar, la mujer encuadrada dentro de unos roles socialmente asignados que se presentan como naturales y biológicos. Para que exista igualdad primero hay que desanudar los puntos de partida que genera la desigualdad. Es iluso e hipócrita concebir la igualdad sin cambiar antes lo que genera la desigualdad. La igualdad, aunque parezca contradictorio, se forja aceptando el derecho a la diferencia, de lo contrario, la igualdad solo se piensa desde la perspectiva única de quien está en una posición de privilegio (inconsciente a veces) y considera un agravio contra él lo que cuestiona su punto de vista.

5) Por el derecho a la salud: sanidad pública de tod@s para tod@s y

6) Defender la educación pública: nuestro derecho no es un negocio.

Encuandro estas dos resoluciones en una porque comparten el mismo terreno: el deterioro premeditado de los servicios públicos como vía para desviar dinero público a los conciertos con la privada. El mecanismo utilizado por las élites ha sido sencillo: degrado el servicio, empujo a que quien pueda se busque la vida en la privada y lo público se perciba como el contenedor de pobres que nadie quiere financiar. Los servicios públicos son un derecho fundamental, nos merecemos una educación y una sanidad de calidad que cuente con todos los medios necesarios. No contar con ellos sale más caro, es falso que con la gestión privada la ciudadanía disponga de más renta: enfermarse y educar sale mucho más caro cuando se paga con dinero en el bolsillo y no con impuestos.

7) La emigración como un derecho, no como una obligación, que vuelvan nuestros jóvenes.

Viajar amplia la mentalidad, incorpora saberes y experiencias y reporta aspectos muy positivos para la persona en particular y para su país de procedencia en general. Nadie está en contra de moverse por el mundo, de nutrirse con otras culturas, de viajar y de formarse en otros lugares. El problema es que no se está discutiendo de movilidad, sino de emigración, y no se trata de un exceso de provincialismo o temor a lo diferente, se trata de las condiciones de partida que distinguen la movilidad voluntaria o la emigración involuntaria. La movilidad sucede cuando se gozan de garantías para moverse voluntariamente, la emigración ocurre cuando a pesar de no tener garantía alguna te mueves de forma involuntaria. La diferencia entre una y otra es el motivo al que se debe cada una: se mueve quien lo desea y emigra quien se ve empujado a ello. Necesitamos de vuelta a toda esa gente que tanto esfuerzo y dinero les ha costado a ellos, a sus familias y a toda la población, formarles, para que ahora regalemos ese conocimiento a precio barato. Un país no avanza si la formación se va y se quedan aquí los corruptos y los inpetos como Carromero. Queremos que vuelvan a casa.