Vuelven los ochenta

Será otro efecto perverso de la crisis, que ha traspasado los ámbitos financieros y laborales hasta colarse en la vida cotidiana. Basta un paseo por los escaparates de moda para descubrir (con horror) que vuelven los ochenta. El efecto pernicioso del revival no pasaría de algunos daños estéticos si se limitara a la moda de verano y a las producciones para televisión, que estos meses se empeñan en idealizar al rey a saber con qué intenciones. Pero no se queda ahí el empeño por retroceder 25 años. Esta semana hemos descubierto que España puede recuperar viejos debates que algunos creíamos superados con la misma virulencia con la que se produjeron en el arranque de los ochenta.

Hace exactamente 26 años que un Gobierno socialista, el primero de Felipe González con la contundente mayoría absoluta lograda en 1982, reformó el Código Penal para excluir de entre los delitos tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. Desde entonces (antes ya ocurría, pero no hay datos) cientos de miles de mujeres han interrumpido sus embarazos voluntaria y legalmente conforme a esos supuestos. Aquella bronca Aborto sí, aborto, no; aquel enfrentamiento entre quienes querían encarcelar a las mujeres y los que propugnaban su libertad, ha vuelto.

González tuvo que soportar fuertes presiones de la Iglesia y de la derecha política por atreverse a convertir en legal y segura una práctica que existía y que, en demasiados casos, ponía en riesgo la vida de las mujeres al realizarse sin garantías médicas. Las reticencias de la derecha se solventaron con la contundencia de los más de 200 diputados socialistas. La oposición de la Iglesia se la sacudió Felipe González en una conversación con el presidente de la Conferencia Episcopal de entonces, Gabino Díaz Merchán, en la que le dejó claro que para legislar sobre los asuntos de este mundo no se iba a regir por consideraciones confesionales.

“O sea, que lo que usted pretende es que yo condene y encarcele a las mujeres que aborten y luego usted, si acaso, las perdona”, resumió González ante el arzobispo, que abogaba por mantener el aborto como delito y dejar en manos de Dios la salvación de las descarriadas. “Mire usted, yo prefiero hacerlo al revés”, zanjó Felipe.

La situación, hoy, vuelve a ser la misma, pese a las dos décadas trascurridas. La misma... o peor. Porque entonces los obispos no tomaron las calles contra el Gobierno, ni contrataron una generosa y torticera campaña publicitaria contra el aborto en la que nada es lo que parece. Ni un embrión puede gatear sonriente, ni el Gobierno puede proteger a ese lince porque pertenece a una especie que no se cría en España.

A la campaña de la Iglesia y los movimientos ultraconservadores se suma también 20 años después la hipócrita actitud del PP, que tiene perfectamente argumentados los fallos de la legislación vigente que aconsejan una reforma de la ley del aborto. Pero prefiere darse a la demagogia antiabortista en lugar de participar en un debate sereno que alumbre una ley moderna, similar a las de nuestro entorno europeo, que dé seguridad jurídica a mujeres y médicos, que iguale las ciudadanas de cualquier parte de España, que apueste por la libertad de la mujer y que evite abusos como los que permite la norma en vigor, que legaliza abortos de hasta nueve meses de gestación sin que se justifiquen por malformación del feto o riesgo cierto para la vida de la madre.

Han pasado 20 años y la Iglesia sigue obsesionada con salvar embriones mientras proclama que el preservativo “aumenta los problemas” del sida. Quiere salvar 100.000 fetos en España y condenar a millones de mujeres en África.

Ese integrismo no debería colarse en la legislación española. Al Gobierno corresponde impulsar la reforma y acompañar la ley del aborto con una generosa campaña de educación sexual que rebaje la cifra de embarazos no deseados. Cuando la nueva norma esté en vigor, también las mujeres de derechas que la necesiten harán uso de ella. Y el debate desaparecerá. Eso también pasó hace dos décadas.