Opinión
Los límites de Zapatero
Por Antonio Antón
Sociólogo, politólogo y escritor
El expresidente Rodríguez Zapatero ha sido un referente político y moral para la socialdemocracia y el bloque progresista en España (y parte de Latinoamérica). En esta legislatura, desde las elecciones generales de 2023, se ha destacado por su defensa cerrada del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y su papel articulador del bloque de investidura, así como por su firmeza crítica frente al acoso de las derechas.
El auto judicial conocido sobre el caso de la aerolínea Plus Ultra, junto con los distintos informes policiales publicados, acumulan suficientes indicios para investigar y comprobar posibles hechos delictivos del expresidente y su entorno familiar. Parecen evidentes dos tipos de actividades fundamentales: la mediación entre intereses particulares y públicos, y la recepción privada de beneficios económicos.
Las fronteras jurídicas entre la actividad (paralegal) de comisionista/lobista, cuya evidencia está clara, y las acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal no están muy reguladas y delimitadas en España. Están sujetas a la comprobación de los hechos y la interpretación judicial. Veremos, quizá después de muchos años, la existencia y la gravedad de los delitos, con la sentencia de los tribunales.
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Aquí no voy a entrar en esa calificación jurídica, más allá de llamar la atención sobre tres cuestiones fundamentales que afectan a la credibilidad del Estado de derecho: la importancia del precepto de la presunción de inocencia… hasta que no se demuestra la culpabilidad, con plenas garantías procesales; la necesaria rigurosidad de los hechos comprobados por la Justicia, más allá de indicios e hipótesis interpretativas a raíz de informes policiales; su imparcialidad investigadora y sancionadora respecto de motivos ideológicos o políticos, cuando en otros casos similares se ha actuado con benevolencia, dando pábulo a la politización y el descrédito de la justicia.
Paralelamente al proceso judicial, el caso Zapatero tiene un hondo significado político, en el marco de la ofensiva derechista para la deslegitimación y el recambio del Gobierno progresista. Me voy a centrar en este ámbito analítico del impacto sociopolítico y la valoración ética de su controvertida actuación. Comienzo por su papel sociohistórico, con sus límites para las izquierdas, para abordar, en segundo lugar, la necesaria respuesta democratizadora y de reafirmación ética, en particular, de las izquierdas transformadoras.
Los claroscuros de Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, tal como adelantaba, ha tenido un papel relevante en esta legislatura, con el refuerzo del Partido Socialista y el apoyo a Pedro Sánchez que, junto con sus aliados nacionalistas y de izquierda, han mantenido su precaria primacía gubernamental frente a unas derechas empeñadas, desde el principio, en desalojar al gobierno progresista.
Vista en su conjunto, la trayectoria de Zapatero presenta diversos claroscuros. Podemos destacar cuatro fases en su gestión política con sus correspondientes procesos de transición. La primera fase (2003-2008), en su primera legislatura y su precedente, es la del "No a la guerra" de Irak, la victoria electoral socialista frente a la derecha, el desarrollo de derechos civiles y democráticos, incluido la pacificación con ETA. Es la etapa de su conformación como faro moral, defensor de los derechos humanos, talante democrático y retórica basada en el republicanismo cívico.
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La segunda fase (2010-2011) llega en la segunda legislatura, tras un momento de transición ante la grave crisis socioeconómica, con la implementación de las políticas de austeridad y recortes de derechos sociales (incluidas las pensiones) y el consenso estratégico con la derecha y la Unión Europea, con el incumplimiento de su contrato social y electoral, una amplia desafección popular hacia el Partido Socialista (descenso de más de cuatro millones de votos), con una profunda indignación social progresista y democrática y la constitución de un amplio campo sociopolítico crítico con la socialdemocracia gobernante, como base social de la izquierda alternativa. Termina con su gran derrota electoral ante las derechas y una grave crisis del socialismo.
En la tercera fase (2012-2019-2023) permanece en cierto ostracismo político, en el marco de una profunda pugna interna en el Partido Socialista y su lenta recomposición de la mano del sanchismo, empujado por un amplio conglomerado de izquierdas y nacionalismos periféricos, hasta la formación del primer Gobierno progresista de coalición.
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En la cuarta fase (2023 a la actualidad), se olvida mediáticamente (para las izquierdas) sus controvertidas segunda y tercera fase y ante una frágil estabilidad parlamentaria socialista, recobra una función relevante como impulso político y referencia moral de las izquierdas y los nacionalismos periféricos, así como la firmeza discursiva ante las derechas (y el trumpismo), que no le perdonan su nuevo liderazgo democratizador.
Ahora entramos en la encrucijada del fin de esta cuarta fase que, parece, va a definir el agotamiento de su trayectoria definitiva y su papel de referente en la socialdemocracia española. El problema es el impacto político, moral y electoral para el Partido Socialista, aquejado de graves casos de corrupción de altos dirigentes (Ábalos y Cerdán), que puede ser significativo. Su dimensión inmediata va a depender de la credibilidad de sus élites dirigentes y su capacidad de renovación política y ética.
El envalentonamiento de las derechas se multiplica, con su expectativa de victoria electoral. De momento, parece que no tienen capacidad constitucional de recambio gubernamental, vía moción de censura, o con elecciones anticipadas inmediatas, a lo que se opone Sánchez. Se prolonga la guerra política y mediática de desgaste de las izquierdas… o de confianza en la recuperación electoral.
Para las derechas se ha presentado su última gran ocasión para culminar su ambición de completar su monopolio del Poder Ejecutivo, acumulado al ya existente en la mayoría de Comunidades Autónomas y en los poderes económicos, mediáticos, estatales y judiciales. De ahí la impaciencia antipluralista y del todo vale para la apropiación y el control del poder del Estado. Las fuerzas progresistas están ante una reacción autoritaria, con riesgos para los derechos sociales, el bienestar público y la democracia, en un marco internacional desfavorable.
El refuerzo de la ética pública
En segundo lugar, quisiera aludir al conflicto ético de fondo que afecta, especialmente, a la legitimidad de las élites políticas. Sin abordarlo, con suficiente credibilidad transformadora, parece difícil que puedan conectar con las aspiraciones democráticas y ejemplarizantes de las mayorías sociales y renovar la base de confianza popular en un nuevo contrato social y político que asegure la victoria electoral de las izquierdas y una nueva etapa progresista.
Me refiero a las dos concepciones básicas de la justicia y de la ética pública, en pugna en los tres últimos siglos. Una, la individualista (neo)liberal, basada en el beneficio privado (el vicio o el egoísmo individual) como motor para la prosperidad pública. Otra, la del bien común como referencia de la sociabilidad (desde el aristotelismo tomista-agustiniano, que precisamente recoge el Papa León XIV, pasando por los derechos humanos kantianos o la ética de la responsabilidad weberiana).
La primera es hegemónica, sobre todo en las derechas, para articular el mercado capitalista y pretende imponerse en muchas de las relaciones sociales. La segunda, casi siempre a la defensiva, tiene cierta influencia en la política y la esfera pública y es fundamental para la cohesión social, la igualdad efectiva y la convivencia cívica, principios que suelen encabezar discursos más o menos retóricos, particularmente de las fuerzas progresistas.
Pues bien, el caso Zapatero y de otros dirigentes políticos deriva de la pretensión de utilizar las capacidades públicas de su trayectoria política para mejorar el beneficio económico privado y su estatus particular de poder.
En el caso de los expresidentes de Gobierno (al igual que otros cargos ministeriales y autonómicos), aparte de distintas ventajas, siguen cobrando del erario una importante asignación de por vida, incluso añadida a la recibida por su función de asesoramiento público en el Consejo de Estado, cosa que prácticamente han renunciado… por la alternativa de la consultoría privada a grandes empresas, desde la que reciben cuantiosos ingresos.
Participan (salvo Rajoy) en distintos lobbies, que deberían estar prohibidos para los ex altos cargos públicos, que han acumulado relaciones y experiencia en la gestión política y son susceptibles de transformar en beneficio particular, no en interés general. Supondría la incompatibilidad estricta entre negocios privados y el estatus público de un (ex)dignatario del Estado. Sería el refuerzo de la ética pública y la gestión democrática, la dignificación de la clase política y la administración pública, así como la prevención de su corrupción. Se trata de un fuerte compromiso de regeneración democrática y moral, que ha quedado atascado.
La conclusión es evidente. La coyuntura actual significa un reto mayúsculo para las izquierdas. Por un lado, para el Partido Socialista y el propio sanchismo, que comparte con Zapatero algunas de sus limitaciones, a superar, y mantiene cierta impotencia reformadora de progreso.
Por otro lado, para el conjunto de la izquierda alternativa, incluida la nacionalista, que debiera destacarse por su impulso en la regeneración democrática y la profundización progresista en la justicia social, como opción diferenciadora y transformadora frente a la amenaza derechista, y ante las demandas sociales y democráticas mayoritarias de la sociedad. Veremos.
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