Maricarmen no es el final, es el principio

Hay momentos en los que una sociedad cambia de conversación. No porque un Gobierno decida hacerlo, ni porque lo escriba un periódico, ni porque lo anuncie un ministro. Cambia porque miles de personas deciden que aquello que hasta ayer parecía inevitable ya no puede seguir siéndolo.

Eso es lo que ha ocurrido esta semana con la vivienda.

Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 viviendo en su casa, fue desahuciada hace justo una semana, el pasado 23 de septiembre. La imagen de Maricarmen en una camilla de ambulancia, siendo expulsada de forma violenta de su casa de toda la vida a manos de Urbagestión, por un séquito de antidisturbios y una comisión judicial que daba cumplimiento a unas resoluciones judiciales cuyo origen trae causa en normativa franquista, mientras decenas de activistas y el Sindicato de Inquilinas trataban de impedirlo con sus propios cuerpos y todo ello bajo el ruido de fondo de una radial, ha dado literalmente la vuelta al mundo.

Esa imagen de fragilidad, que dio rostro a la palabra injusticia, condensó en unas horas algo que miles de personas repulsamos; la avaricia especulativa, la rentabilidad por encima de la vida, en este caso de una señora que podría ser cualquiera de nuestras madres, tías o abuelas.

Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún decreto ni en ninguna agenda parlamentaria: la gente se organizó, salió a la calle, se movilizó indignada para que no haya ni una Maricarmen más.

Una chispa que incendió la pradera, la gota que ha colmado el vaso, como queramos decirlo. Lo importante es que el análisis es compartido por la mayoría de la sociedad. Una olla a presión de años y años de dejación de funciones por parte de todas las Administraciones Públicas, (unas más que otras y todos sabemos cuáles) que han permitido, o incluso promovido, activamente que hasta la fecha haya mandado la especulación.

Así las cosas, el sábado la Puerta del Sol se llenó de tiendas de campaña. Cientos de personas decidieron acampar y quedarse. Ahí siguen. La pregunta colectiva es clara: ¿Qué clase de Gobiernos pueden aceptar que una persona pueda perder su casa simplemente porque unos rentistas consideren que puede ganar más dinero con otra?

La respuesta social ha sido clara: no queremos más Maricármenes.

Y hoy el Gobierno ha reaccionado. Tarde, pero ha reaccionado. No olvidemos que el desahucio de Maricarmen se podía haber evitado.

A la espera de conocer y analizar con detalle la letra pequeña (el diablo está en los detalles) de los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, parece que se incluyen cuestiones que llevamos mucho tiempo reclamando y que constituyen mínimos imprescindibles: la suspensión de determinados desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler y una moratoria sobre determinadas compras especulativas.

Son medidas necesarias. Y hay que decirlo claro: pasar de la nada a tener un respirador -aunque sea asistido- con medidas que afectan a miles y miles de personas es un avance, insuficiente, pero un avance.

Basta con echar la vista atrás unos meses para ver como decaían diferentes medidas de protección para los inquilinos. El brazo parlamentario del rentismo conformado por el PP, Vox y Junts nunca defraudan a los suyos, no lo olvidemos.

Mientras tanto, los contratos siguen terminando, los alquileres siguen subiendo y los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana para miles de familias.

Sin embargo, ahora el escenario ha cambiado y el cambio ha sido posible gracias a la movilización y organización popular, nadie lo duda ya.

La mañana de este martes se comunicaba también la decisión de dividir el llamado decreto Maricarmen en dos normas, dejando la renovación automática de los contratos de alquiler, el corazón de lo que debería ser ese decreto, en un segundo decreto que parece más difícil de aprobar. Una decisión incomprensible que lanza un mensaje perverso sobre los límites de lo posible. Sin embargo, si algo nos ha enseñado el desahucio de Maricarmen es que lo que parece imposible hoy puede no serlo mañana, y a las pruebas me remito con el hecho de que Urbagestión haya tenido que devolverle su casa, después de todo. No nos resignemos, quedan 72 horas, y ahora el Congreso, en su conjunto, tiene que decidir de qué lado están, ahora que toda la sociedad mira con lupa el sentido del voto de sus señorías mientras el sentido común está con Maricarmen.

Por eso la renovación automática no es una medida más dentro de un paquete. Es una garantía esencial de estabilidad. Es la vacuna frente a la especulación que utiliza la finalización del contrato como mecanismo para expulsar a quien vive en una vivienda y sustituirlo por quien pueda pagar más. Y por eso tiene que aprobarse sí o sí.

Si queremos evitar que haya más Maricármenes, necesitamos actuar precisamente sobre el origen, sobre el mecanismo que permitió que su contrato terminara y que la rentabilidad se impusiera sobre la estabilidad de su hogar.

Y hay otra cuestión fundamental: muchas de las medidas que ahora se anuncian tienen que dejar de ser excepcionales y temporales para convertirse en estructurales. La suspensión de los desahucios no puede depender eternamente de que cada cierto tiempo aprobemos una nueva prórroga. La regulación de los alquileres de temporada y de habitación no puede depender de que el mercado encuentre nuevas vías para sortearla. La prórroga de los contratos no puede terminar dentro de dos años. Y una moratoria sobre determinadas compras especulativas solo tendrá sentido si sirve para disuadir realmente la inversión especulativa.

Resulta obvio que el derecho a la vivienda no puede estar sujeto a plazos y que no puede depender de prórrogas sucesivas aprobadas al borde del abismo cada vez que vence una norma.

Maricarmen ha conseguido que mucha gente entienda algo que el movimiento por la vivienda lleva años explicando: que el derecho a la vivienda no puede seguir siendo una mera declaración solemne escrita en el artículo 47 de la Constitución mientras, en la práctica, la continuidad de tu hogar dependa de la decisión unilateral de quien posee el inmueble o de los dígitos de tu cuenta corriente. La vivienda tiene que ser un derecho subjetivo como lo es la educación o la sanidad y para ello todavía queda mucho.

Para eso hace falta mucho más que un Real Decreto, hace falta incorporar una perspectiva profundamente democrática capaz de revertir cuarenta años de mercantilización de un Derecho que debería ser fundamental.

Estamos en ello. En todo caso lo que está claro es que lo conseguido hasta ahora es un paso necesario, un punto de partida, en ningún caso uno de llegada.

Y de hecho, lo ocurrido estos días nos deja una enseñanza que debe darnos algunas pistas de cómo seguir, y es precisamente que el estado de las cosas, no lo cambian solamente las leyes, lo cambia una sociedad organizada que ha decidido que la situación tiene que cambiar. La movilización y la organización popular son la condición necesaria para que aquello que parecía imposible sea hoy posible.

No se trata de elegir entre celebrar una victoria parcial o seguir peleando por lo que falta. Se trata de entender que las victorias parciales sirven para demostrar que se puede avanzar.

Y por eso el decreto, o más bien decretos, Maricarmen tiene que ser sólo el principio.