Nombrar todas al agresor contra los "procedimientos mordaza"

Esto es un modelo: Una mujer recibe un insulto o agresión machista (pongámonos en lo más suave). Lo hace público en redes. El agresor acude a los tribunales y consigue que se le ordene retirar la publicación, y a ella le cae una multa. Y por arte de birlibirloque, el problema ya no es lo que él ha escrito, sino que ella haya permitido que lo leamos. Este modelo empieza a ser popular.

Es lo que ha sucedido con Tara Heuzé-Sarmini, una profesional francesa que sencillamente denunció sexismo. A finales de agosto, recibió en LinkedIn una propuesta para incorporarse a un grupo de "emprendedores". Rechazó la invitación y señaló el carácter poco inclusivo del nombre. La respuesta del fundador fue anunciarle la próxima creación de un club de "connasses" —"mujeres gilipollas"— y sugerir que ella podría ser la embajadora. Heuzé-Sarmini lo publicó en la misma red.

Hasta aquí, una secuencia desgraciadamente reconocible: una mujer rechaza una propuesta cuestionando su marco —brava— y, por rechazarla, recibe una descalificación directa. Su negativa se convierte en la ocasión perfecta para mofarse de ella o directamente insultarle. Nada nuevo.

Pero Tara Heuzé-Sarmini dio un paso más: mostró la respuesta. Sacó el insulto del espacio privado, donde ella debía soportarlo en soledad, y lo expuso públicamente.

Inmediatamente, el autor de los mensajes le envió un requerimiento y después la demandó mediante un procedimiento francés de "extrema urgencia". El 4 de septiembre, ocho días después de la publicación, el Tribunal de Lille le ordenó retirarla. La mujer sostiene que no pudo estar presente ni contar con representación para defenderse. Su denuncia pública resume esa rapidez: citada en 48 horas y condenada en las 24 siguientes.

No se trata de un enfrentamiento en una red social, sino de quién puede contar lo sucedido y quién tiene los medios para impedir que ese relato circule. Esto es algo que, en el caso de los testimonios de las mujeres, se dispara a los máximos niveles. Y este es el momento en el que alcanza su dimensión política.

El foco se desplaza del agresor a la agredida, o sea del insulto a su exposición pública. La mujer deja de ser quien recibió una descalificación y pasa a ser quien debe responder por haberla hecho pública. El autor de los mensajes reclama protección frente a las consecuencias de que otros conozcan —¡oh!— sus propias palabras. Ojo, y todo esto sucede con una rapidez que aturde.

Las organizaciones que apoyan a Heuzé-Sarmini hablan, con razón, de un procedimiento mordaza. Porque el mensaje es aleccionador: cada mujer que recibe una agresión puede empezar a calcular no solo si quiere mostrarla, sino si dispone de dinero, asesoramiento y fuerzas para afrontar lo que venga después. El silencio se convierte en una decisión individual y "prudente". O sea, retrocedemos porque ellos avanzan. De nuevo.

A no ser que seamos todas las que mostremos públicamente todas y cada una de las agresiones e insultos que recibimos, con la indentidad del agresor bien clara. En ese caso, si fuéramos todas, no sólo se convertiría en una buena costumbre sino que no se me ocurre cómo iban a dar abasto los juzgados de España para atender a los tristes ofendidos.