La obsesión 'Kichi' y un aviso a la izquierda

Por más que miro y remiro la acusación de la Fiscalía contra el exalcalde de Cádiz, José María González, Kichi, uno de los regidores del cambio cuando la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia (a veces) del PSOE ilusionaba y llenaba plazas, los indicios ahí recogidos sobre un presunto asesor fantasma que el alcalde habría infiltrado para hacer el Mal se me hacen bola. Se lo voy a resumir a usted de la mejor manera posible y con la precaución siempre de que no soy jurista, sino periodista, que trata de llegar al fondo, entender y explicar las cosas consultando aquí y allá y con la observancia propia de mi oficio, esto es, entre otras singularidades, dejando constancia de que a Kichi lo han denunciado hasta 14 variopintas veces y todas ellas se han archivado. Un Ada Colau en Cádiz.

Vaya por delante, que ustedes se preguntarán qué gana la Fiscalía, los tribunales o el PP (acusación popular junto a Comisiones Obreras, luego les cuento) denunciando a un exalcalde que lleva tres años alejado de las instituciones y los partidos políticos, no así de la política, entiendo yo, porque política es hasta el aire que respiramos. La denuncia contra Kichi y su equipo no cae en saco roto, ni mucho menos y sobre todo, teniendo en cuenta, por un lado, el momento de judicialización de la política y viceversa que vivimos y, por otro, que los archivos de las denuncias nunca tienen la trascendencia mediática de la apertura de una causa o una imputación. ¿Qué persona de buena voluntad e ideología progresista va a querer dar un paso al frente para acceder a unas instituciones permeadas por la (ultra)derecha en el más amplio sentido de la palabra, incluida la elite judicial? 

El exalcalde de Cádiz es el ejemplo perfecto de que, si eres de izquierdas, es mejor no complicarse la vida, en primer lugar, por un sueldo que, probablemente, esté en línea con el suyo como profesor de Historia, salvo que te lo subas sin pudor un 77%, como hizo su sucesor del PP en cuanto accedió al cargo. Aunque aparte del tema económico, de conciliación, de dedicación plena, lo peor, si eres un alcalde de izquierdas, es asumir un acoso sistemático por parte de una derecha que siempre ha considerado Cádiz su feudo, como casi todo el Estado. Pero no solo el marcaje viene de la derecha -y en esto, la izquierda es la mejor-, que de las "contradicciones" cuando gobiernas para todos/as, no se escapa ni el político más puro, como el propio González admitió en una entrevista a El Salto y como todos los gobernantes que han sido saben, aunque nieguen. Gobernar es recibir por todas partes y si no, algo falla. 

Pero vayamos al meollo de la acusación del PP y CCOO, y conviene matizar que aquí hay una acusación de Adelante Andalucía hablando de vendettas sindicales por parte de excargos nombrados por la que fuera alcaldesa del PP Teófila Martínez en la que no vamos a entrar por falta de indicios de ambas partes. Tampoco hace falta Comisiones para constatar una obsesión político-judicial contra Kichi, que, como aquí he explicado y constatado con las causas archivadas, debe hacerse extensible a cualquiera de mentalidad progresista que aspire a ocupar un cargo institucional regentado (sic) tradicionalmente por la derecha y que ésta considera de su propiedad. Y no hacemos esta advertencia en vano, sino a meses de empezar un año electoral complejo y oscuro. 

Veamos: la Fiscalía acusa a Kichi y a una parte de su Gabinete en la Alcaldía de prevaricación y revelación de secretos por la contratación de un asesor a través del partido de González entonces (Cádiz Sí se Puede) entre 2018 y 2019 y al que el regidor gaditano habría llevado físicamente al Ayuntamiento para consultarle y que le asesorase en algunos procedimientos de contratación pública, precisamente, por su condición de técnico especialista. No existen denuncias de presiones por parte de los funcionarios del Ayuntamiento, los contratos públicos pasaron todos los trámites preceptivos y lo único que aporta la Fiscalía es su convicción de que el asesor habría ayudado en la redacción de los mismos, esto es: "Se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas". O sea, que un asesor contratado en calidad de técnico por un partido de una determinada línea política habría dado indicaciones también políticas al alcalde y a su equipo para redactar unos contratos que, no me cabe ninguna duda, modificaban legítimamente las políticas e intereses anteriores (PP), que para eso votaron los y las gaditanas a la izquierda. La Fiscalía viene a decir -parece que muy enfadada- que quién se cree que es un asesor para asesorar nada, además, como si las funciones de cualquier asesor estuvieran perfectamente delimitadas en leyes, protocolos o similares. Invito, de hecho, a esa Fiscalía a darse una vuelta por las instituciones e investigar cómo cada dirigente de las mismas diseña legítimamente sus medidas y las proyecta sobre las actuaciones y con qué asesoramientos cuenta, desde adversarios políticos (créanme) hasta el sector privado; no digamos, gente de su partido. 

Desconozco si Kichi ha cometido alguna irregularidad o ilegalidad, pero me temo que esta denuncia también dormirá el sueño del archivo si no se encuentra algún indicio de prevaricación (anulación, recurso o apercibimiento de Intervención o de la Secretaría) por haber incluido el asesoramiento/consejo legítimo de un técnico del partido en la redacción de los contratos bajo una óptica de izquierdas. Porque a ver si el delito va a ser esto de la perspectiva progresista y estamos hablando por hablar y por puro agotamiento.