Hoy, 8 de septiembre, Día del Cooperante los trabajadores de las oficinas técnicas de la Cooperación Española están llamados a un paro para denunciar la precariedad de sus condiciones laborales. A las doce del mediodía habrá también una concentración frente a la sede central de la AECID.

Precaria. Así, sin paliativos, se suele describir la situación de la cooperación pública de España. Pero también se exponía en una entrada del blog 3500 millones que algo se movía en la cooperación española ante la elaboración del V Plan Director, viéndose como una oportunidad para los desafíos futuros.

Sin duda, ambos términos pueden servir perfectamente para escribir sobre la situación de los trabajadores de la red exterior de cooperación española -29 oficinas técnicas-, donde los trabajadores de AECID (183 empleos públicos en teoría; en la práctica muchos menos) constituimos la columna vertebral de la acción exterior de España en esta materia.

El proceso de desmantelamiento de esta política (75% de recortes en los últimos seis años), tal como era previsible, nos ha terminado por afectar gravemente. Por un lado, más de un tercio de los laborales fijos (responsables de programa con una media de más de 20 años de experiencia) han abandonado la institución. Por otro, la oferta de plazas de temporales según proyecto se ha reducido notablemente. La causa, muy conocida por la institución al haber enviado numerosos escritos, es la progresiva pero inexorable precarización que se viene sufriendo en nuestras condiciones laborales en los últimos años. En consecuencia, España ha perdido tanto capital humano como capacidad instalada en su calidad y eficacia de cooperación. Y, tal vez lo peor, es que no vemos señales de reacción.

La necesidad de una política de recursos humanos diferente que nos ponga a la misma altura del resto de cooperaciones europeas y mundiales es imperiosa. Tal y como lo ha expuesto el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, es urgente que España mejore sustancialmente en esta área, proponiendo medidas como la creación de un cuerpo profesional técnico especializado al cual se acceda por concurrencia competitiva y que pueda trabajar tanto en sede como en el exterior.

Con ello se puede aumentar el conocimiento institucional y darle valor añadido a nuestra cooperación, a la par que va desarrollando una carrera que cubra los diversos escalones de la administración pública. Mientras tanto, ésta es nuestra realidad:

• La alta tasa de inflación acumulada desde el 2009 en los países donde trabajamos (una media del 60-65%) versus una congelación salarial en ese mismo periodo (con la consiguiente pérdida sustancial de poder adquisitivo).

• La anulación del abono del billete de avión anual de vuelta a España, que ha llevado en muchos casos al “destierro”.

• La limitada cobertura sanitaria, ya que los seguros médicos con que contamos solo nos cubren en el exterior, precisamente donde los sistema son más precarios.

• El muy difícil uso de la sanidad propia por nuestra propia dinámica de expatriados.

• La ausencia de un reglamento transparente y previsible que regule la carrera profesional (incluyendo movilidad) para cubrir los diversos escalones de la administración pública.

• El nulo apoyo práctico para que nuestras parejas accedan a la nacionalidad española (en base a la homologación de los mismos criterios que se usan siendo residentes).

• El no reconocimiento como una profesión de alto riesgo (en muchos países donde se trabaja los niveles de peligrosidad son los más altos del mundo), son algunos de los factores que nos han llevado a una situación límite.

En nuestra opinión, la aplicación de las mismas medidas, que ya están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior, es un paso necesario. La preparación del nuevo Plan Director, el nuevo marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (incluyendo el número 8 que habla de trabajo decente y derechos laborales) y la futura reforma de la AECID debido a la derogación de la actual Ley de Agencias, son elementos que configuran una oportunidad única para dibujar un nuevo marco que valore a uno de los principales activos de toda institución: sus trabajadores y trabajadoras.

La relación con la AECID debe ser por medio de los espacios de diálogo establecidos en la ley y no por medio de paros o de demandas judiciales (el Estado suele tener la “coherencia” de perder la mayoría debido a sus diversas actuaciones, algunas de ellas calificadas por los propios tribunales como “abusiva y contraria a la buena fe contractual”), pero ciertamente no nos han dejado otras opciones. Pero, para tal propósito, es imprescindible la voluntad política. Una voluntad que no la hemos encontrado hasta la fecha pero que esperamos en un futuro próximo.

Por todas estas razones, y por primera vez en la historia de la AECID, hemos decidido hacer un paro de labores este 8 de septiembre, el día Internacional de la Cooperación. Las y los trabajadores de la AECID paramos. Esta no es nuestra #Marca España.

*Carlos Latorre Bel es sociólogo. Se desempeña actualmente como Responsable de Programas en la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Honduras. Escribe esta entrada a título personal. Además es miembro del Comité de Huelga.