España no puede devolver a Marruecos a todas las personas que cruzaron a Ceuta porque lo impide la ley

"Estamos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos". Doce días después del estallido de la crisis fronteriza y humanitaria en Ceuta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, endurecía el tono, este martes, en torno a la tramitación de los expedientes de expulsión de las miles de personas —entre 8.000 y 11.000, según el gobierno ceutí— que permanecen todavía en territorio español. "Toda persona que entre irregularmente en España", insistía el ministro, "está abocada a ser devuelta a su origen". Unas declaraciones en las que, reiteradamente, evitaba hacer distingos entre las diferentes historias a las que ponen cara cada una de las personas que, el pasado jueves 30 de julio, cruzaba la frontera con Marruecos a través del espigón del Tarajal. Consultado por Público, Exteriores no ha querido matizar las palabras del ministro.

Solicitantes de asilo no marroquíes, parte de los menores no acompañados, posibles víctimas de trata... No, el Gobierno español no puede expulsar sin más a "todas" las personas que siguen en suelo ceutí. Así lo recoge, en su Artículo 23, el Reglamento de extranjería español. Para entenderlo, hay que hacer una primera distinción entre nacionales marroquíes y de terceros países. Y es que, según la propia normativa europea, Marruecos forma parte (igual que Túnez o Egipto) de la lista de "países seguros" en materia de protección internacional. ¿La consecuencia? Sus ciudadanos no pueden acogerse al derecho de asilo en Europa. Así, los adultos marroquíes que han optado por quedarse en Ceuta —la inmensa mayoría regresaron, por su propio pie, en los primeros días de la crisis— son la casuística con más probabilidades de expulsión. "Los casos más sencillos", corrobora el catedrático de Filosofía del Derecho y experto en migraciones Javier de Lucas.

Con todo, no se les puede echar de un día para otro. "Hay que ir resolviendo expediente a expediente; procedimiento de expulsión a procedimiento de expulsión", recuerda De Lucas, aprovechando para subrayar la "ilegalidad" de las expulsiones colectivas y para invocar la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente. Una resolución que prohíbe aplicar el modelo de devoluciones exprés siempre que no se haya violentado algún "elemento de contención fronteriza". Y la mayoría de personas que entraron en suelo ceutí el pasado 30 de julio no lo hicieron. Cruzaron a nado, no saltando una valla. Solo queda una opción: el procedimiento de expulsión convencional. "Con su derecho a abogado, traductor y a una tutela judicial efectiva", completa el catedrático.

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Quienes sí pueden solicitar el asilo —y paralizar, así, su procedimiento de expulsión— son los nacionales de terceros países que no integren la citada lista de "países seguros" (y con los que España no tenga un acuerdo de retorno). Mali, Burkina Faso, Libia o Somalia son algunos ejemplos. "Al final, el asilo tiene derecho a solicitarlo cualquiera que alegue persecución en su país de origen con motivo, por ejemplo, de una guerra, de la discriminación que sufre por pertenecer a un minoría étnica o por razones políticas", explica De Lucas. Una vez que una persona obtiene la tarjeta roja —que le identifica como solicitante de asilo— prima su derecho a la no devolución. "No se les puede echar", traduce el catedrático. Público ha solicitado a Interior las cifras de solicitudes de asilo entre las personas migrantes que permanecen en Ceuta. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha recibido respuesta.

¿Qué pasa con los ciudadanos de terceros países que no pueden acogerse al sistema de protección internacional? "Se les abre un procedimiento de expulsión convencional", indica De Lucas. Con algunos matices. España no solo tiene acuerdos de retorno con los países de origen de los grandes flujos migratorios del continente africano. También con los países de tránsito. Entre ellos, Marruecos. Así, el Gobierno español no tiene que hacer el trabajo de devolver a cada ciudadano a su país natal, "puede limitarse a soltarlos al otro lado de la frontera marroquí". En cualquier caso, amplía el jurista, la Ley de Extranjería recoge algunas situaciones a las que el procedimiento tiene que prestar especial atención. Es el caso de las mujeres embarazadas, personas enfermas o posibles víctimas de trata. En estos supuestos, la devolución no podrá efectuarse si se considera que pone en riesgo la salud o la seguridad de la persona en cuestión.

¿Y los menores?

En las últimas dos semanas, las derechas se han lanzado a la (ya acostumbrada) criminalización de las víctimas más vulnerables de la crisis: los niños. Las comunidades que dirigen el tándem PP-Vox rechazan la acogida de alguno de los 1.527 menores no acompañados que permanecen en suelo ceutí. Todo ello a pesar de que las normas les conceden una protección especial. Entre los artículos 167 y 171, el Reglamento de extranjería describe los pasos del "procedimiento de repatriación" de los niños y adolescentes extranjeros que están solos en España. Lo hace en base a una serie de criterios. El primero, priorizar la reagrupación familiar. Para ello, el protocolo obliga a acudir al país de origen (sea Marruecos o no) para solicitarle un informe completo sobre las circunstancias familiares del menor. Un menor al que siempre hay que tomar declaración. Según el reglamento, a partir de los 12 años, el niño dispone de "juicio suficiente" para hablar en primera persona. Un reconocimiento que se torna obligatorio en el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad.

Si la variable familiar no aplica —y el menor está de acuerdo— se puede contemplar la acogida del niño en el sistema de protección de su país natal. Este mismo lunes, el ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, aseguraba, en una entrevista para el diario digital Hespress, que Marruecos "mantiene su determinación" de recuperar a todos "sus niños". Un traspaso, aseguraba Uahbi, que, si todavía no se ha producido, es por los "obstáculos judiciales y administrativos" que pone el Gobierno español. "Esos obstáculos que esgrimen, hipócritamente, las autoridades marroquíes no son otra cosa que las garantías de la ley y del procedimiento de repatriación español", valora De Lucas, aprovechando para cuestionar que los servicios asistenciales de Marruecos "cumplan el estándar europeo" en materia de protección del menor.

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Preguntadas por las declaraciones de Albares y por la posibilidad de que sean las autoridades marroquíes las que se terminen haciéndose cargo de los menores que acoge Ceuta, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia insisten en que la reunificación familiar es siempre la primera opción. Pero con algunas condiciones, matizan a Público: "Que sea la voluntad del menor, que exista, en efecto, un núcleo familiar al que volver y que haya conformidad por parte del territorio de llegada". En cualquier caso, añaden, la reunificación "no es posible en la mayoría de los casos". ¿El motivo? El interés superior del menor. Muchos niños ni quieren ni pueden volver a sus lugares de origen: "No tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en los contextos de los que huyen".

Los plazos no cuadran

Agilizar los expedientes. Esa es otra de las ideas en las que insistía, este martes, el titular de Exteriores. El tiempo, sin embargo, no juega a su favor. Según las estimaciones de las ONG que trabajan sobre el terreno, los casos más "sencillos" (los que afectan a nacionales marroquíes) podrían alargarse todavía una quincena. "Un semana si le dan absoluta prioridad", concede De Lucas. La clave para recortar los plazos, sigue razonando el jurista, sería reforzar los servicios de Extranjería, el número de asistentes sociales, de abogados... "Llevamos diez días oyendo hablar del refuerzo de la frontera y ni una palabra sobre el refuerzo de los servicios que mueven todos estos expedientes", critica el catedrático. De todas formas, opina De Lucas. las noticas de Ceuta seguirán goteando en los próximos meses. Y es que, para el jurista, es "difícil de creer" que los más de mil y pico procedimientos "personalizados" que afectan a menores no acompañados se resuelvan en menos de uno o hasta dos meses. "De las peticiones de asilo ya ni hablamos", desgrana el catedrático, recordando que hay casos que se alargan durante años.

La presión política de las dos administraciones implicadas —España y Marruecos— no es suficiente para burlar los pasos de un proceso "largo, independiente y no exento de complicaciones". Ni siquiera invocando el acuerdo que suscribieron en marzo de 2007 para favorecer la readmisión por parte de Marruecos de los menores no acompañados en suelo español. "El acuerdo no tiene fuerza jurídica sobre la Ley de Extranjería o la Ley de Protección del Menor", ataja De Lucas, recomendando al Gobierno español que evite repetir los errores de hace cinco años. Y es que, en 2021, tras la entrada en Ceuta de cerca de 10.000 personas —en represalia por la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario—, España se amparaba en el acuerdo bilateral firmado con Marruecos para expulsar a las personas (incluidos menores) que habían saltado la valla ceutí. En 2024, una sentencia del Supremo concluyó que dichas devoluciones fueron ilegales.

Las organizaciones humanitarias desplegadas en Ceuta insisten: la situación de las personas migrantes —incluidos los menores— que permanecen en la ciudad autónoma sigue siendo, doce días después, un misterio. "Hay una evidente falta de información. Desde la Delegación del Gobierno no se está explicando con claridad qué procedimiento legal se está siguiendo ni qué va a ocurrir con estas personas", critican, en conversación con Público, desde la asociación Alas Protectoras, advirtiendo de la realización de redadas y controles por las noches. "No sabemos si son identificaciones, traslados o devoluciones", explican con preocupación. E insisten: entre estas personas hay migrantes con derecho a protección internacional, menores y personas con situaciones que legalmente pueden impedir una devolución.