Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Imaginemos que por cualquiera de nuestras fronteras penetran unos cuantos batallones de tanques destruyendo a su paso fábricas y locales de empresas, hospitales, escuelas... y todo tipo de instalaciones e incluso produciendo daños personales a miles de individuos.

¿Qué pensaríamos si el Gobierno, en lugar de tratar de frenarlos disponiendo frente a ellos a los militares que juraron defender siempre la integridad de la Patria, se sometiera a sus dictados y permitiera que siguieran destruyendo nuestra riqueza?

Sin duda, creo yo, lo condenaríamos por felón y el pueblo tendría entonces todo el derecho a levantarse contra él y a imponer otro fiel y no traidor a la Nación y a los intereses de sus ciudadanos.

Salvando las distancias, eso es lo que viene pasando desde hace meses, no solo desde que Rajoy es Presidente del Gobierno.

No nos engañemos. Todo el mundo sabe que son intereses extranjeros y algunos nacionales espurios quienes están imponiendo medidas que destruyen nuestra riqueza. Solo una ingenuidad infinita puede hacer creer que esas medidas son el resultado del ejercicio libre de nuestro poder soberano como Nación. Por mucho que se disimule, como hace el Ministro de Guindos, cuando dice que se toman "por convicción", es muy evidente que responden a una extorsión continuada de especuladores que ha llegado a ser calificada, con toda la razón, como "terrorismo financiero" por el Presidente de la Junta de Andalucía. Ex presidentes europeos nada sospechosos como Delors, Schmidt, Santer... han reconocido que son los mercados financieros quienes nos gobiernan. Y el propio Rajoy declaraba hace unos días que ni a él ni a sus ministros les gustaban los Presupuestos que han presentado.

Es una evidencia: nuestra Nación está siendo sometida a un ataque inmisericorde desde el exterior que viene produciendo un daño gigantesco. El Inspector de Hacienda, Interventor y Auditor del Estado Agustín Turiel acaba de demostrar que la deuda ilegítima que soporta el Estado español (excluyendo la de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales) como consecuencia de tener que hacer frente a compromisos derivados de las políticas que se le imponen desde "los mercados" es nada más y nada menos que 120.842 millones de euros. Una cifra fabulosa a la que habría que añadir la del coste incalculable que producen la pérdida de millones de puestos de trabajo, la destrucción de miles de empresas y de los patrimonios de otros miles de empresarios y trabajadores como consecuencia también de las reformas sucesivas y de los recortes de gasto asociados a las políticas mal llamadas de austeridad y de apoyo a la banca que imponen los mercados.

Nadie, ningún país, ningún ejército, ningún general, ningún gobierno, ningún ser humano tiene nunca la garantía de ganar todas las batallas que se le ponen por delante pero todos ellos tienen la obligación de darlas cuando él mismo o la Nación a la que representa es atacada y dañada. Y es traidor quien en lugar de servirla se somete sin más a quien la ataca y destruye y quien en lugar de defender a su población la somete a severos e innecesarios sacrificios para satisfacer a quienes solo desean vencerla para aumentar sus riquezas a su costa.

Los gobiernos de España, el anterior y el actual, han tenido y tienen ante sí una doble opción, la de la dignidad o la de la rendición cobarde. Y están optando por esta última para simple beneplácito de los bancos y de los grandes capitales. Nuestro gobierno podría dar un golpe en la mesa de Europa y gritar "¡Basta ya!" con firmeza y afirmar con fuerza que ya está bien de imposiciones absurdas que están condenando a  toda a Europa a un dramático futuro de depresión y malestar. España no es una mota de polvo en la Unión Europea y podría hacer valer con éxito su presencia, entre otras cosas, porque sus intereses coinciden con los de otros muchos socios. Nuestro gobierno podría reclamar que el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central y garantice la financiación a los Estados y a la economía sin someter a los gobiernos, a los ciudadanos y a las empresas que crean empleo a la esclavitud insensata de los bancos que provocaron la crisis y que se muestran incapaces de cumplir con la función que les corresponde. Podrían exigir un programa paneuropeo de estímulo y, en fin, las soluciones alternativas que hasta los propios expertos liberales están empezando a pedir ante la insensatez de las autoridades europeas, presas del poder financiero, y que permitirían hacer frente con más fortuna al abismo ante el que nos encontramos.

En lugar de eso, como he dicho, siguen prefiriendo obedecer a los poderosos y sacrificar los intereses nacionales incluso de la manera tan vergonzosa y chapucera con que anunciaron el recorte adicional de 10.000 millones de euros en servicios esenciales de salud y educación, tan solo una semana después de haber presentado los Presupuestos y al dictado de los especuladores.

No vale con que el Gobierno de Rajoy se ponga gallito ante otro país para defender a una multinacional tan poco ejemplar como Repsol y que en realidad tiene muy poco de española para hacer creer que se tiene dignidad y fortaleza. No. El gobierno español debe ponerse firme, como le exige la Constitución, para defender al Estado y no a los intereses particulares, por poderosos que sean.

Renunciar a defender a España y limitarse a dar por buenos los recortes y las reformas que imponen los mercados para que se llenen los bolsillo los grandes propietarios de capital, los banqueros y los especuladores a costa de sacrificios cada día más grandes para la inmensa mayoría de los españoles, como viene ocurriendo, es traicionar a la Patria a la que dicen amar y estar dispuestos a defender hasta el último suspiro... pero parece que solo desplegando banderas y con la boca pequeña.