Apenas vislumbrábamos la salida de la pandemia, en algunos países mucho más a lo lejos que en otros pero con cierta esperanza, cuando se produjo la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso; una flagrante violación de derechos humanos que se une, aunque esta vez nos pille a las puertas de nuestra Europa, al sufrimiento en otros conflictos olvidados como Yemen o Siria.

Y así es como el año 2022 ha comenzado. Y llegamos a pensar que el año anterior iba a ser un año de cura y recuperación de las heridas causadas por la pandemia… No fue así: ha sido el vivero de una desigualdad cada vez más profunda entre seres humanos, y fuente de inestabilidad global. Nos deja un legado corrosivo. No solo por la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas en el vergonzoso reparto de las vacunas en el mundo; ni siquiera por el desmedido empeño de las compañías tecnológicas en obtener beneficios publicitarios sin importarles la desinformación sobre la pandemia. O por el espionaje de activistas. Ha sido corrosivo también porque se ha constatado, una vez más, que la comunidad internacional sigue paralizada ante la multiplicación de conflictos en el mundo que nunca acaban de resolverse.

Y es que en plena pandemia se fraguaron nuevos conflictos y se enconaron otros no resueltos. En Afganistán la entrada de los talibanes anunciaba el pistoletazo de salida de una nueva fase de represión, discriminación y violencia, especialmente para las mujeres y las niñas. Pero también en Burkina Faso, Etiopía, Israel/ Palestina, Libia, Myanmar: se abrieron nuevos escenarios, se probaron armas nuevas, y se causaron más muertes y heridos, y el valor de la vida se encogió.

Mientras se recrudecían los conflictos, los Estados ignoraban sus obligaciones de hacerse cargo de quienes huían de ellos. Entre julio y noviembre denunciábamos como Polonia, ese país que ahora se vanagloria de recibir a personas que huyen de la guerra en Ucrania, devolvía a Bielorrusia, con violencia, a personas afganas y de otras nacionalidades, retenidas durante meses en la frontera en condiciones indignas. No fueron las únicas en sufrir ese desprecio: personas haitianas deportadas por Estados Unidos, solicitantes de asilo detenidos ilegalmente por las autoridades griegas en campos financiados por la Unión Europea, abusos policiales contra migrantes y refugiados en Croacia… El mundo tiene diferentes maneras (racistas) de tratar a quienes salen forzadamente de sus países de origen.

Mujeres y niñas, un año más intentando “retener” sus derechos

Mientras un país como Guatemala, donde en 2021 más de 2.000 niñas menores de 14 años dieron a luz, intenta restringir cada vez más el aborto poniendo en peligro las vidas de las mujeres, y Texas promulgaba una prohibición casi total del aborto, la lucha por este derecho ha seguido dando pasos adelante: el último en Colombia que, después de la legalización del aborto en Argentina y la despenalización en México, era otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina.

Una lucha incesante y necesaria, a tenor de las atrocidades que (también) hemos visto en 2021: violencia sexual contra mujeres y niñas en Tigray, Etiopía; mujeres dando a luz mientras caen las bombas en Ucrania, o evitando el peligro de ser víctimas de trata al huir del país, o leyes y prácticas que desmantelan derechos a las mujeres y niñas en Afganistán. Son solo algunos ejemplos de los ataques que sufrieron las mujeres en todo el mundo en 2021-2022.

¿Y España qué?

En España, en los años 2021 y 2022, hemos sido testigos del peligro que supone el deterioro de la atención primaria, que pone en riesgo el acceso a la salud de todos y todas, pero especialmente a enfermos crónicos y otras personas vulnerables. Lo denunciábamos en un informe en febrero: el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento. Hemos asistido al intento de maquillaje de la Ley Mordaza que amenaza la protesta pacífica y la libertad de expresión, mientras gente como Pablo Hasél entraba en prisión por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la corona y a las instituciones del Estado”. O como todos los partidos políticos hacían oídos sordos a nuestra petición de crear una comisión de la verdad en el Congreso para investigar lo sucedido en las residencias de mayores en las que más de 30.000 personas han muerto sin que un solo responsable de esta masiva violación de derechos humanos haya sido condenado.

Hemos dado algunos pasos, también, para avanzar en derechos humanos. Como el Proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que coloca el consentimiento en el centro de la vida de las mujeres, como en 13 de 31 países en Europa, O como el histórico Proyecto de Ley de Vivienda, en un año en el que se han producido 28.993 desahucios por impago del alquiler (37,1% más que en 2020) y 10.103 por impago de hipoteca (46,1% más).

Sin embargo, queda camino por recorrer. Y esperamos que sea un camino recto y no de doble sentido, como el que se ha tomado con las personas refugiadas. Por un lado se hace un esfuerzo para acoger a quienes llegan de Ucrania o Afganistán, pero, por otro, se permite que se golpee con extrema violencia a algunas de las personas que saltan la valla de Melilla, y que también pueden huir de la persecución. Además, por un lado, se resuelven en veinticuatro horas los procedimientos de asilo de ucranianos, pero también se deja hacinados y sin acceso a procedimientos de asilo justos a las miles de personas (muchas de ellas, menores) que en 2021 llegaron a las islas Canarias, eligiendo una ruta migratoria que se cobró más de 900 vidas en ese año. O el caso de los miles de menores no acompañados que cruzaron a Ceuta en mayo de 2021, utilizadas como peones en un juego político entre España y Marruecos, y algunos de ellos repatriados a Marruecos sin tener en cuenta el interés superior del niño o la niña. Es necesaria de una vez por todas una coherencia entre principios y realidad al poner en práctica una política de asilo y acogida. Ucrania es el camino. Es un buen precedente para todos aquellos que llegan a nuestras fronteras huyendo de la represión.

También es hora de justicia y reparación en España: en marzo de 2021 presentamos un nuevo informe en el que denunciábamos cómo durante más de sesenta años, desde finales de la Guerra Civil hasta la década de los noventa, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Son los conocidos como “bebés robados”. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda. El proyecto de ley sigue paralizado en el Congreso.

Si abrimos las ventanas podremos quizá escuchar los gritos de quienes han decidido no callar. Y es que, a pesar de que al menos 67 países introdujeron en 2021 nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión, en todo el mundo hay valientes defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, que a pesar del cansancio, del miedo y del peligro, han decidido hacer frente a los poderosos que traicionan nuestros deseos de justicia e igualdad. Porque, como dice nuestra secretaria general, Agnès Callamard: "Si nuestros dirigentes no nos conducen hacia los derechos, los derechos deben conducirnos hacia nuestros semejantes". Porque "sabemos que, en última instancia, nuestros futuros y destinos están entrelazados y son interdependientes, como lo son la especie humana y el planeta. Ahora toca llevarlo a la práctica".