40 años de disolución de la UMD

Fidel Gómez Rosa

Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Derecho por la UCM. Licenciado en Historia por la UNED y Especialista Universitario en Historia Militar por el IUGM.

La Unión Militar Democrática (UMD), organización clandestina creada por oficiales del ejército en el final del franquismo para apoyar a las fuerzas de oposición democrática, ha visto cómo la historiografía española ha disminuido considerablemente su papel en la creación de las condiciones que hicieron posible la transición política. El gesto valiente de estos jóvenes militares de comprometer su vida personal y su carrera profesional al significarse como demócratas frente a los intransigentes en los cuarteles del ejército franquista no recibió, hasta muchos años después, reconocimiento oficial alguno. Las razones pueden ser diversas, pero, entre ellas, no es menor la mala conciencia generada con el tiempo por aquella generación de líderes políticos, incluido el futuro presidente Felipe González, que habían aceptado el chantaje planteado por los generales ultras cuando obligaron al Parlamento a excluir de la amnistía plena a los oficiales expulsados e impedir así su regreso al servicio activo.

Con la celebración de las primeras elecciones generales democráticas, el 15 de junio de 1977, el punto fundamental del ideario de la UMD -establecimiento de un sistema democrático similar al de los países de la Europa Occidental- estaba cumplido y la organización se disponía a actuar en consecuencia proponiendo su propia disolución. Así, hace justo cuarenta años, el 26 de junio de 1977, en el domicilio particular del capitán José de Delás, en la localidad de Esplugues de Llobregat, cercanías de Barcelona, se celebró la última asamblea nacional de la UMD decidiendo los asistentes por abrumadora mayoría la desaparición definitiva de la organización.

Esta decisión colectiva fue precedida de consultas con las fuerzas políticas de la oposición democrática y de un intenso debate entre los afiliados llegándose a la conclusión de que era inviable, además de contradictorio con la doctrina política mantenida por la UMD, mantener una organización clandestina de militares en servicio activo en un sistema ya formalmente democrático. El debate sobre la conveniencia de conservar activa la organización o disolverla en función de las perspectivas de democratización del país llevaba meses tratándose tanto en los grupos de la UMD como en los contactos políticos realizados por la dirección. La mayoría de los dirigentes políticos -socialistas, comunistas, democratacristianos- se inclinaban por la continuidad de la organización hasta la celebración de las elecciones al considerar a la UMD un contrapeso necesario en el Ejército frente a la línea intransigente.

Un sector minoritario, encabezado por el comandante Luis Otero, planteó dudas sobre la disolución proyectada al considerar que, incluso después de las elecciones, persistiría la necesidad de denunciar las actividades políticas de los militares ultras que no estaban recibiendo réplica oficial. El objetivo político fundamental de la UMD continuaba siendo facilitar el establecimiento de un sistema democrático en España, contribuyendo a impedir que los sectores reaccionarios, apoyándose en las Fuerzas Armadas, hicieran fracasar el proceso. No obstante, su postura en minoría, la puesta en práctica de ciertas reformas democráticas, las dificultades objetivas de acción clandestina ante el control de los servicios de información militar y las promesas de los parlamentarios de una pronta incorporación de los oficiales expulsados convenció a todos finalmente de que la disolución era la mejor forma de poner fin a la experiencia de la UMD. Dos miembros de la UMD, el comandante jurídico de la Armada Carlos Sanjuán y el comandante del Ejército de Tierra Julio Busquets, se integraron en las candidaturas del PSOE/PSC por lo que causaron baja en la UMD que reafirmaba así su carácter apartidista.

La séptima y última asamblea nacional de la UMD fue presidida conjuntamente por la dirección colectiva de la organización, desempeñada entonces por los capitanes Jesús Martín-Consuegra (Madrid) y José Julve (Barcelona). Después de las intervenciones de los delegados, la propuesta de disolución fue sometida a votación secreta de los asistentes siendo acordada con todos los votos a favor (28) excepto uno en contra y otro nulo. El voto en contra fue emitido por el capitán Javier Perote en representación de los afiliados en las Islas Canarias. El propio interesado aclaró el sentido de su voto señalando que, aunque personalmente estaba de acuerdo con la disolución, tenía el mandato de sus compañeros de Canarias de votar en contra por considerar éstos que la celebración de unas elecciones no significaba que la democracia estuviese consolidada en España. Por su parte, la papeleta declarada nula llevaba escrita en catalán la leyenda: “Llibertat, amnistia i Estatut d´Autonomia”, eslogan entonces muy popular por ser el adoptado por la oposición antifranquista en Cataluña.

Decidida la disolución, la UMD hizo público un comunicado oficial en el que se refería a su carácter provisional como parte de la oposición democrática al régimen franquista, recordaba los objetivos democráticos y las reformas profesionales que perseguía, constataba que con la celebración de las elecciones generales se había dado un paso decisivo en el proceso democrático, anunciaba su disolución y el fin de sus actividades en coherencia con la legalidad democrática que se había establecido en el país tal y como siempre habían manifestado, y, por último, se dirigía al resto de los compañeros militares y al gobierno democrático justificando la existencia de la organización en el apoyo al proceso democrático y pidiendo la concesión de una amnistía total para presos y exiliados políticos.

La prensa progresista saludó la disolución de la UMD destacando la generosidad y patriotismo de sus miembros. El editorialista de Diario16 entendía que la sociedad española había contraído una deuda con la UMD, al haber facilitado el entendimiento entre el Pueblo y sus Fuerzas Armadas, cuyo prestigio estaba deteriorado por su identificación con la dictadura franquista; mientras que un editorial de El País afirmaba que la autodisolución de la UMD era la mejor prenda de que la reincorporación a los ejércitos de los oficiales expulsados por su pertenencia a la organización en nada afectaría a la unidad y disciplina, que estaban siendo atacadas en aquellos momentos precisamente desde el flanco opuesto.

Con este acto formal de la celebración de una asamblea de disolución, los integrantes de la UMD ponían fin a su existencia como organización clandestina con la satisfacción de haber actuado en plena coherencia con los principios que animaron la fundación del grupo; con el orgullo de haber contribuido significativamente al repliegue de la dictadura franquista; con el sentimiento de haber prestado un servicio a la consolidación del proceso democrático que se iniciaba en España; con el convencimiento de haber anulado el argumento manejado por los sectores ultras de que únicamente pretendían protagonismo político; y, en fin, con la convicción de que la situación de sus compañeros expulsados del Ejército estaba pronta a resolverse por decisión de los nuevos representantes democráticos.

Por supuesto nadie sospechaba entonces que la oposición monolítica y frontal ejercida por el sector involucionista militar sería tan efectiva y conseguiría bloquear los sucesivos intentos de reparación con un constante flujo de intoxicación informativa sobre los cuadros de mando, mucho menos esperaban que tuvieran que pasar 10 años para que pudiera promulgarse una ley que reconociera el trato desigual cometido con los militares demócratas en relación con otros opositores civiles, ni que pasarían 32 años hasta que el Gobierno publicara una declaración institucional de reconocimiento a su labor [BOE de 5 de diciembre de 2009) y, lo más paradójico y alejado entonces de su pensamiento, que sus compañeros nunca volverían a vestir el uniforme en servicio activo en los ejércitos de la Democracia.